El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Montcada (Valencia) ha condenado al autor de un delito contra la integridad moral con una pena de 10 meses de prisión; asimismo la sentencia, del pasado 15 de febrero, consideró la circunstancia agravante de género y obligó al pago de una indemnización de 500 euros en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos relatados por la jueza –y denunciados por la ONG València Acull- remiten al 30 de agosto de 2022, cuando el procesado “comenzó a increpar” a una ciudadana natural de Ecuador en la playa de La Patacona de Valencia.
En concreto, se dirigió a esta vecina con descalificaciones e insultos xenófobos como “payasa”; “qué haces aquí”; “las personas como tú sois una mierda, una porquería” y -delante de la policía- “esta gente”, espetó a la persona agredida.
En un auto del 6 de marzo, la jueza aceptó la solicitud de rectificación planteada por la acusación popular, de modo que la agravante de género fue sustituida por “la circunstancia agravante de comisión del delito por el origen nacional de la víctima” (el Artículo 22.4 del Código Penal especifica como agravante las motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otras formas de discriminación).
“La aplicación de este artículo permite otorgar a cualquier hecho delictivo el carácter de delito de odio”, destacó València Acull en un comunicado del 3 de marzo (en 2023 el Ministerio del Interior español registró 1.606 “incidentes” por delitos de odio, lo que implica un aumento del 33% respecto a 2022; 604 de los “incidentes” en 2023 corresponden a la categoría de racismo/xenofobia).
Asimismo el pasado 12 de marzo, la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia (gobierno del PP y Vox) rechazó que las personas en situación oficialmente considerada irregular puedan acceder a la mayoría de los bonos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que gestiona los autobuses urbanos.
“Este criterio va en contra del principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente vulnerable”, denuncia València Acull; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la citada queja, y la EMT manifestó su conformidad con “suprimir el requisito de la residencia legal” para acceder al bono.
Otra denuncia reciente de las ONG (10 de marzo) apunta a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia; las asociaciones firmaron un pronunciamiento a favor de la continuidad del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII), y rechazaron su “asimilación” por el nuevo Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales.
“La supresión del CLII invisibilizaría a la población inmigrante (cerca de un 20% de la población de Valencia) y a las más de 60 entidades que integran el Consejo”, subrayaron en el documento.
Tal vez las denuncias puedan insertarse en la concentración que tuvo lugar el 23 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con motivo del Día Internacional contra el Racismo (21 de marzo) y el de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (30 de marzo); a la convocatoria se sumaron más de 30 ONG, sindicatos y organizaciones de derechos humanos; y participaron centenares de personas y organizaciones de migrantes y derechos humanos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que las mujeres representan tres cuartas partes de las 75,6 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico en el mundo (cada día se dedican más de 16.000 millones de horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en el planeta; de hecho, en algunos países podría suponer un porcentaje del PIB superior al 40%).
“No suelen tener acceso a los derechos laborales y a la protección social, y carecen de acceso a los derechos y servicios de cuidados para ellas y sus familias; por ejemplo, protección de la maternidad, prestaciones por hijos a cargo, guarderías y servicios de cuidados de larga duración”, añade la OIT.
En la movilización del 23 de marzo en Valencia se denunció el racismo institucional, estructural e inmobiliario; en concreto, los múltiples impedimentos que afrontan las personas migrantes/refugiadas para el empadronamiento; las citas para regularizar la situación administrativa o acceder a la sanidad pública.
También denunciaron el incremento de los discursos de odio (entre el 80% y el 90% de los casos de discriminación/delitos de odio no se denuncian); las trabas para el acceso a la vivienda, o la “explotación laboral” de la que son objeto un número significativo de mujeres migrantes, trabajadoras en el sector del hogar y los cuidados; esto sucede pese a que el estado español haya ratificado (y ha entrado en vigor) el Convenio 189 de la OIT, cuyo objetivo es garantizar los derechos de las empleadas del hogar.
Entre las reivindicaciones incluidas en el Manifiesto, figura la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) #Regularización Ya, para las más de 500.000 personas en situación oficialmente considerada irregular en el estado español; este movimiento estatal autoorganizado migrante y antirracista ha recogido más de 700.000 firmas y logrado el apoyo de 900 colectivos; el pasado 12 de marzo defendieron la ILP en el Congreso de los Diputados.
El Manifiesto antirracista recuerda los precedentes de la conmemoración del 21-M; en concreto, la matanza en la ciudad sudafricana de Sharpeville -ocurrida el 21 de marzo de 1960-, que perpetró la policía de Sudáfrica al disparar contra una manifestación (pacífica) frente al Apartheid (cerca de 70 personas fallecidas).
Dos días antes de la movilización en Valencia, la Red Acoge (federación de 20 ONG) difundió en las redes sociales el balance del programa Alerta racismo en 2023: acompañamiento a 126 personas que han sufrido discriminación racial/étnica en el estado español, principalmente en el entorno laboral (23%), la vivienda (15%) y la salud (12,7%).
También en las redes sociales, Mujeres, Voces y Resistencias #RegularizaciónYa (colectiva feminista y antirracista de mujeres migrantes y racializadas) publicó una serie de carteles con el enunciado Yo no soy racista pero… “Por 600 euros tengo una trabajadora interna sin vacaciones y sin festivos que cuida de mis padres”, concluía uno de los afiches.
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