Nuevo puntapié de Isabel Díaz Ayuso contra una ya malherida universidad pública en la Comunidad de Madrid. Invadiendo competencias del Gobierno central en materia de educación y sin contar con la opinión de la comunidad docente y estudiantil, la regidora ha redactado un proyecto de ley que, a ojos de muchas estudiantes, puede dinamitar la libertad de expresión en los campus. Se trata de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que se suma (y a su vez contrapone en muchos aspectos) a la actual Ley estatal del Sistema Universitario, conocida como LOSU.
Ya a comienzos de mes el Sindicato de Estudiantes denunció a través de un comunicado
que esta ley, que se presentará a finales de año, busca “perseguir,
castigar y silenciar las protestas estudiantiles, así como las acciones
que el PP madrileño considere vandalismo, ocupación y escraches”. No
se trata de simples temores infundados de las estudiantes,
recientemente el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades,
Emilio Viciana, declaraba su voluntad de “garantizar la libertad de
expresión dentro de unos límites”, vaticinando cual sería la esencia de
esta ley.
Uno de los puntos calientes de la
propuesta, que se compone de más de 250 artículos, es su ‘reglamento
disciplinario’, que permite sancionar a la universidad en cuyas
instalaciones se realicen actos vandálicos o “incívicos” que puedan
perturbar la convivencia en el campus, como escraches o caceroladas. La
ley deja un amplio margen de interpretación sobre lo que se considera
“acto violento” y podría servir de arma para oficializar la censura
contra las actividades político-reivindicativas o simplemente
agitativas. Esta deliberada laguna -no se aclara qué actos son
considerados infracciones-, puede acabar, sostienen varios estudiantes,
en “interpretaciones arbitrarias para limitar la legítima protesta
estudiantil”. Este punto ya fue criticado por la ministra de Ciencia,
Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha considerado la ley
“mucho peor” de lo que esperaban desde el Gobierno socialista.
“La ley invade la autonomía universitaria principalmente en materia de control de los estudiantes al castigar las manifestaciones políticas como acampada o huelga y esto es algo que no solo afecta a las estudiantes sino a los derechos ciudadanos en su conjunto porque infantiliza la universidad para que no sea el foco agitación de conciencia que ahora es”, señala vehemente en conversación con El Salto Eva Ladro, profesora de Ciencias Políticas en la UCM y una de las docentes que integraron la imprescindible Red Interuniversitaria de Profesores por Palestina.
Hay también quienes interpretan que el objeto último de la ley es amedrentar al estudiantado sembrando el miedo hacia cualquier atisbo de lucha. Así lo cree Paula Dendariena, estudiante de Derecho y Ciencias Politicas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro de la Asociación Habeas Corpus, presente en la Facultad de Derecho de este centro. “Esta ley pretende asustar al estudiantado para conseguir que directamente se abstenga de realizar este tipo de acciones por miedo a la sanción, acabando con el fuerte movimiento estudiantil qué existe a día de hoy en Madrid”, confiesa indignada a este medio, y recuerda que en enero pasado la presidenta ya hizo un llamamiento a “luchar contra la politización y la instrumentalización” de las universidades. Otro signo anticipatorio de las pretensiones de la CAM en el ámbito educativo.
Un ‘castigo’ contra las estudiantes acampadas por Palestina
La batalla de Ayuso contra la actividad combativa en los centros académicos comenzó a tomar un cariz casi personal después del conocido escrache que sufrió en enero de 2023 en Ciudad Universitaria, mientras acudía a su condecoración como “alumna ilustre” en la UCM. Ello sucedió poco antes de que una alumna de la misma universidad, premiada como mejor expediente académico de su promoción, criticara desde la tribuna la nefasta gestión de las universidades públicas por parte del Partido Popular entre las ovaciones de sus compañeros. Ayuso llevaba amenazando desde entonces con arremeter contra lo que considera “actos violentos” aupados, a su juicio, por el mismo Partido Socialista. Meses más tarde, las protestas universitarias por Palestina en la UCM tensionaron todavía más a los populares. Miles de jóvenes de la Comunidad de Madrid se organizaron a inicios de mayo y acamparon durante varias semanas en los aledaños de la Complutense para exigir a sus rectorados, con el apoyo de organizaciones propalestina, el fin de los vínculos comerciales entre las universidades y el Estado genocida de Israel. Aunque los protestantes denunciaron la presencia de las fuerzas policiales en la zona, estas no llegaron a impedir la consecución de su lucha.
Algunas acciones pacíficas y simbólicas organizadas durante las históricas acampadas, como encierros, ocupaciones o concentraciones masivas en los rectorados, terminaron de dilapidar la ya frágil tolerancia del Gobierno regional hacia la actividad de las asociaciones. “La propia Ayuso ha señalado esta ley como una que puede impedir lo que ha llamado como el ‘avance de la izquierda internacional’ en relación directa a las oleadas de solidaridad con Palestina, por lo que la ley se concibe como un proyecto de despolitización y parálisis del movimiento estudiantil”, explica a El Salto Irene Velasco, estudiante de la UCM. Con ella coinciden Ladro y su compañero Víctor Rocafort, quienes estiman que esta ley nace de una suerte de castigo o represalia, “no solo por la acampada, sino por el abucheo a Ayuso, el escrache que le hicieron y también porque están viendo que las universidades son centros ahora mismo muy críticos con todas las cuestiones y la juventud se mueven muchísimo ahora, sobre todo determinadas asociaciones, y eso les molesta”, ha recalcado Ladro. Rocafort, por su parte, ha recordado a J.D Vance, excandidato republicano a la presidencia de EEUU y senador de Ohio. Vance declaró recientemente que “los profesores eran el enemigo público”: “Eso de que ‘la política debe quedar fuera de las universidades va intrínseco a esa mentalidad”, ha denunciado el profesor de la UCM. Además, como sostiene una alumna, muchos estudiantes no pueden asumir los costes -a menudo elevados- tanto personales como monetarios de ser sancionado por la universidad.
Una ley que amenaza con elitizar la educación universitaria
Que
el estudiantado, y en particular las asociaciones estudiantiles e
incluso los propios docentes, expresan su rechazo ante las medidas
impulsadas por Ayuso en las universidades no es algo especialmente
novedoso. Inclusive el Gobierno central ha advertido de que recurrirá
la ley si esta se aprueba tal y como está formulada en el actual
borrador ya que, de ser salir adelante, pisaría muchas de las medidas
incluidas en la actual LOSU. Lo que, sin embargo, no sucede tan a
menudo es que los propios rectores- algunos alineados ideológicamente
con el PP- sean quienes miran con recelo las políticas del Ejecutivo
regional.
Mientras que la
comunidad estudiantil ha atacado principalmente las medidas
“represoras” de la ley, los rectores de las universidades Complutense,
Autónoma, Carlos III,
Alcalá, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos temen que ésta vaya a
depauperar la calidad educativa de las universidades debido a los
recortes que anuncia. Actualmente, cinco de las seis universidades
públicas de la región se encuentran en números rojos debido a los
crecientes recortes en investigaciones, becas y otras actividades
académicas. De hecho, Madrid es una de las comunidades en las que más
ha aumentado el precio de la matrícula y la que menos invierte por
alumno en sus campus. A pesar de esta realidad, la ley ahonda en la
creciente infrafinanciación de los centros públicos,
haciendo que estos cubran cerca del 30% de sus presupuestos mediante
recursos propios como son los ingresos por oferta de títulos propios o
los acuerdos con empresas en lugar de asumir el 100% de su
financiación.
El desvalijo de la educación
pública se traduce para muchos docentes y estudiantes en privatización
encubierta porque obliga a las universidades a buscar fondos para
financiarse mediante su mercantilización. Ladro compara esta situación
con la elitización educativa que afecta desde hace años a EEUU: “Con
este tipo de políticas reducen el dinero que se da a las universidades
públicas, éstas empiezan a subir el precio de las matrícula porque no
tienen recursos y al hacerlo dejan fuera a mucha gente, o bien hace que
los estudiantes se vean obligados a pedir créditos para cursar los
estudios, llegando a endeudarse para toda la vida”, alega la docente y
activista.
Para Rocafort, la estrategia “americanizadora” y neoliberal de Ayuso, consistente en “asfixiar durante años a las universidades públicas” persigue demostrar que “la privada es la opción mejor para la ciudadanía”. Se trata de una táctica que Ayuso ya ha puesto en práctica en el ámbito sanitario de la CAM mediante la depauperación de los servicios de Atención Primaria. Así, convierte a los centros privados en los únicos dotados de recursos suficientes para atender dignamente a la ciudadanía.
“Queremos poder acceder a una educación pública de calidad sin que se desvíe y se den beneficios a las universidades privadas y sobre todo a una universidad sin empresas en la que se priorice nuestro conocimiento y no los beneficios del sector empresarial de este país”, defiende Paula, quien a su vez incide en la importancia de proteger la libertad de pensamiento y expresión de las universitarias como única forma de garantizar la conciencia crítica que ha ido históricamente ligada a las universidades: “Creemos que la universidad tiene que ser un espacio de pensamiento crítico, tiene que ser un espacio en el que politizarse, y en el que las estudiantes tienen todo el derecho a defender sus pensamientos”, ha aseverado y destaca que “las estudiantes universitarias son, y han sido siempre, uno de los motores ideológicos más fuertes”.