En Europa triunfan bastos. Según el SIPRI (Instituto Internacional para la Investigación de la Paz, de Estocolmo), en 2023 el gasto militar creció en Europa un 16% con respecto a 2022, llegando a los 552.000 millones de euros. A falta de saber los datos de 2024, nada parece que esta tendencia se haya moderado, sino todo lo contrario, debido en buena medida a la guerra de Ucrania. A pesar de ello, la Comisión Europea, marchando al paso fijado por la OTAN en su cumbre del pasado julio, ha optado por seguir aumentando esa cifra de forma importante.
En el Estado español, el presupuesto en Defensa subió un 60,8% entre 2012 y 2022. Por si esto fuera poco, en 2023 dio un salto espectacular, incrementándose un 26%, a lo que hubo que sumar la subida salarial de un 38% para la Policía y la Guardia Civil. Dentro de poco sabremos cuáles son los gastos habidos durante 2024 y el Proyecto de Presupuestos para 2025, pero miedo nos dan.
Todo esto tiene que ver con el compromiso de Pedro Sánchez de acatar lo dictado por la OTAN e incrementar anualmente el presupuesto militar español hasta llegar al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2029. Digamos de todos modos que las partidas militares son las que presentan, con mucho, el mayor nivel de opacidad y trapacería dentro de los presupuestos generales. Esto es así porque la cantidad asignada al Ministerio de Defensa se refiere solo al importe que éste gestiona directamente. Sin embargo, existen otros muchos gastos más camuflados en partidas de otros ministerios.
Así, por ejemplo, el Ministerio de Economía cuenta con partidas relativas a los créditos extraordinarios y abono de deuda por compra de armas, de claro carácter militar. Otro capítulo importante son las pensiones y prestaciones sanitarias del mundo castrense, no incluidas en Defensa, o los referidos a los estímulos, créditos y pagos referidos a la industria militar, atribuidos al Ministerio de Hacienda y el de Industria, Ciencia y Tecnología. Finalmente, Defensa tampoco recoge el gasto de las operaciones militares realizadas en el exterior, las cuotas a organismos militares internacionales, las agregadurías en las distintas embajadas…
Por eso, si bien a nivel oficial se dice que el gasto militar es hoy en día un 1,28% del PIB español, la realidad es que éste es muy superior a dicho porcentaje. De esta manera, aún cuando en 2023 el presupuesto oficial de Defensa español era de 12.827 millones de euros, el SEPRI lo elevó hasta un gasto real de 27.617 millones, es decir, un 2,15% del PIB, algo que supera con holgura el objetivo del 2% fijado por la OTAN para 2029.
La finalidad de marrullar con las cifras de gasto es clara. Se busca justificar así los incrementos que se están dando, alegando que la participación española en los presupuestos de la OTAN es la más baja de entre todos sus países miembros, a la par que se esconde la realidad de un desorbitado gasto que no goza de mayores simpatías populares. Gasto éste que viene a alimentar un ejército de 121.000 efectivos, entre mandos y soldados, con una ratio hipertrofiada de un mando por cada 1,27 soldados, a la que hay que sumar 76.642 guardias civiles más. Un ejército heredero del franquismo que supura periódicamente manifiestos y cartas firmadas por cientos de coroneles, generales, capitanes de fragata y demás entorchados, ensalzando las virtudes y milagros del ínclito D. Francisco Franco.
Los gastos militares tienen que ver, a su vez, con el negocio de la guerra y la muerte del que se alimenta la industria militar patria. El Estado español, cuya economía ocupa el decimocuarto lugar en el mundo, es sin embargo el octavo a la hora de exportar armas (Arabia Saudí y países del Golfo, Marruecos, Ucrania, Filipinas, Israel, Mali…), contando con una producción y comercio altamente cubierta y subvencionada por los presupuestos públicos.
A pesar del genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza y Cisjordania, las relaciones militares entre este país y España no han cambiado en lo esencial. Aún cuando el gobierno español ha afirmado que las exportaciones a Israel se han suspendido (“suspendido”, no “anulado”), las aprobadas con anterioridad al 7 de octubre de 2023 se han mantenido. A destacar también que una buena parte del material de defensa fabricado en España tiene patente o es realizado por filiales israelíes, amén de los importantes acuerdos de trasferencia de tecnología y seguridad entre ambos países. En otro orden de cosas, la CGT de la empresa naval Navantia (Ferrol) ha denunciado que la fragata Cristóbal Colón acaba de partir de esta ciudad para integrarse en una de las agrupaciones de la OTAN que respaldan las operaciones de Israel en torno a Gaza.
Por todo lo anterior, 600 ONGs (Oxfam, Médicos del Mundo, Unicef, Cruz Roja, Alianza por la Solidaridad…) han valorado el incremento de gasto militar en la UE como una auténtica aberración. Afirman por el contrario la necesidad de romper con esta apuesta belicista y avanzar por otra diferente basada en la defensa de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la solución pacífica y negociada de los conflictos.
Termino. El gobierno ha anunciado la presentación en las próximas semanas del Borrador de Presupuestos para 2025. Se dice que estos se parecerán poco a los de años anteriores. Las repercusiones de la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza, unidos a la entrada en vigor de nuevo de las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria europeas, anuncian un futuro un tanto incierto y sombrío. Se puede apostar en cualquier caso que los gastos militares seguirán creciendo de forma notable, algo a lo que Pedro Sánchez se ha comprometido. Pues bien, ¿qué harán ante este panorama las formaciones que sustentan a este gobierno, autodenominado como “el más progresista de la historia de España”? ¿Terminarán por aceptar estos presupuestos como un mal menor o, sin descartar otras críticas a los mismos, serán estas partidas militaristas una raya roja inaceptable? Pronto lo sabremos.