La noticia ha llegado sin vergüenza ni estupor por parte de sus protagonistas: la Audiencia de Murcia ha suspendido la pena de prisión para cuatro de los siete empresarios condenados por prostitución de menores.
La Fiscalía, por su parte, solamente se ha opuesto a esta suspensión del cumplimiento efectivo de las penas de prisión en tres de los siete empresarios condenados. Tanto el presidente de la Audiencia como el fiscal de Murcia parecen coincidir en que este tipo de criminales sexuales no representan ningún peligro público. Igualmente, parece ser que en esta suspensión de penas de presidio, su condición de “empresarios” ha tenido un gran peso. Ya no la mano blanda de la justicia, sino la complicidad pura y manifiesta de sus representantes, ha quedado en evidencia en este vergonzoso acto de justicia que ha tenido lugar en Murcia.
No es de extrañar que un colectivo empresarial como éste, que ya dispone de privilegios en el sector laboral, también los tenga en este caso de estupro y prostitución de menores. La explotación de inmigración ilegal durante décadas, que una gran parte de empresarios murcianos viene practicando, los ha hecho millonarios y les ha hecho creer que estaban más allá del cumplimiento de la ley. Este edicto del presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, librándolos de la cárcel por el delito de prostituir a menores, lo ha ratificado. Si los tribunales, mirando para otro lado, les consintieron la explotación salvaje de inmigrantes sin papeles, ¿por qué no les iban a dar alas para iniciarse en el repugnante negocio de la pederastia y la prostitución infantil?
Una vez que esta prostitución de menores se había convertido en un crimen de carácter público -obligando a actuar a los cuerpos de seguridad con las esperadas detenciones- es de suponer que los 13 implicados ya contaban con la complicidad de la justicia en caso de que su turbio asunto llegara a los tribunales. En otras palabras, según el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, el mismo que firma la orden de que cuatro de estos empresarios no vayan a prisión, satisfacer los más bajos instintos, abusando y violando a menores, no merece ser castigado con pena de cárcel. Una sentencia así creará jurisprudencia, permitiendo que a partir de ahora, aquellos empresarios (murcianos o de cualquier otra parte del país) que decidan prostituir a menores, sepan que gozarán de impunidad ante la justicia.
Aún más insultante resulta el hecho de que las penas hayan sido reducidas, e incluso suspendidas, ante el “arrepentimiento” que algunos de estos empresarios murcianos han demostrado por su mal comportamiento. ¿Es posible que en su magnánima decisión de impedir que fueran a prisión, el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia haya tenido en cuenta el ofensivo juramento ante un crucifijo de que no volverán a prostituir menores?… ¿o sencillamente los abogados defensores han recordado a su Ilustrísima Excelencia la frase atribuida a Cristo: “Dejad que los niños se acerquen a mí”?
Hace ya más de una década que escribí un libro titulado “Justicia española, la ramera mayor del Reino”. En él exponía como el corrupto sistema judicial español está montado para que criminales que dispongan de recursos económicos -así como del suficiente poder político- evadan vergonzosamente la justicia y campen a sus anchas cometiendo todo tipo de tropelías. Situaciones de repugnante complicidad con el delito, como es está que se ha dado en Murcia, me demuestra que lo que contaba en el libro no solamente no se ha corregido, sino que sigue más vigente que nunca: los ricos y poderosos (en este caso el colectivo de empresarios murcianos implicados en la red de prostitución infantil), gozan de impunidad para prostituir a niños y niñas indefensos. La justicia, en este caso una institución judicial como es la Audiencia Provincial de Murcia, los ampara y protege.
Para colmo, la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha impedido que los nombres de los acusados sean hechos públicos. Por el momento sólo conocemos sus iniciales… Poderoso caballero es don dinero y poderosa impunidad la que la justicia española otorga a estos Ilustrísimos y Excelentísimos empresarios murcianos.
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