El próximo 29 de octubre, dos activistas están llamadas a una primera declaración en la Audiencia Nacional por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Las acusadas harán una breve declaración a medios a la salida, junto a Amnistía Internacional y a la Comunidad Palestina de Madrid. Jaldía Abubakra, una de las encausadas, declara de manera tajante “los que deberían sentarse en un banquillo son los Netanyahu y los Biden, que están ejecutando un genocidio en tiempo real ante la mirada pasiva de la llamada comunidad internacional”.
En la mañana del 29 de octubre de 2024, dos activistas propalestinas están llamadas a una primera declaración en la Audiencia Nacional por una querella interpuesta por el partido político VOX por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La querella, que ha acabado en el Juzgado Nº 6 de la Audiencia Nacional y que aún está en fase de instrucción, fue interpuesta como respuesta a un acto organizado el 3 de junio de 2024 por Podemos en el Congreso de los Diputados bajo el nombre “Defensa de Palestina y criminalización en Europa” y que contó con la presencia de las dos activistas y del cirujano palestino Ghassan Abu Sitta.
La Red de Solidaridad con las Presas y Presos Políticos Palestinos Samidoun ha convocado a medios en la Plaza Villa de París, a las puertas de la Audiencia Nacional, para ofrecer unas declaraciones a medios, junto a representantes de Amnistía Internacional, de la Asociación Hispano Palestina Jerusalén (Comunidad Palestina de Madrid), y acompañados de diputados de la izquierda en el Congreso.
Este caso se suma a una larga lista de acusaciones en las que la aplicación de los tipos de enaltecimiento del terrorismo tienen efectos nocivos sobre la libertad de expresión, como pudo ser en el caso de los titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid en 2016, el caso de la twittera Cassandra Vera en 2013 por unos chistes sobre el asesinato de Carrero Blanco en la red social Twitter o el chiste al cómico Facu Díaz por un sketch en 2014.
Las activistas encausadas han rechazado la acusación de enaltecimiento del terrorismo, y sitúan esta nueva querella de la formación ultraderechista como un ataque a la libertad de expresión de activistas defensores de Derechos Humanos y una maniobra de distracción para apartar la atención de las masacres que se cometen diariamente contra el pueblo palestino. Jaldía Abubakra, una de las activistas encausadas de origen gazatí, declara de manera tajante “los que deberían sentarse en un banquillo son los Netanyahu y los Biden, que están ejecutando un genocidio en tiempo real ante la mirada pasiva de la llamada comunidad internacional”. La activista palestina continúa: “la querella y la campaña de señalamiento mediático por parte de la ultraderecha de la que hemos sido objeto son una muestra total de la connivencia entre el régimen israelí y los movimientos reaccionarios en Europa”, y finaliza argumentando “es inaudito que la defensa del pueblo palestino te lleve a los tribunales mientras ciertos políticos y periodistas de este país banalizan y jalean el genocidio”.
Samidoun, en un comunicado publicado el pasado 27 de octubre en redes sociales, denuncia esto como un episodio más de una “escalada del clima represivo” que sucede tanto internacionalmente como en el Estado español. Como exponen en su comunicado, “Samidoun está siendo un blanco directo de la alianza sionista- reaccionaria”, y detallan como el pasado día 15 de octubre Canadá y Estados Unidos ilegalizaron la organización, sumándose así al ejemplo de Alemania o el intento de ilegalización del Collectif Palestine Vaincra en 2022 por parte del Ministerio de Interior francés. En todos los casos las prohibiciones han partido de decisiones políticas que no se han molestado en sostener sus acusaciones en procesos legales con garantías. Destacan que existe una estrategia internacional para acallar las voces de los activistas palestinos mediante la intimidación, la censura y la burorrepresión desde instituciones del Estado.
Con esta querella, VOX evidencia sus relaciones estrechas con el lobby sionista en el Estado español, que se expresa en una conjunción de asociaciones y personalidades de la política, el periodismo y el mundo empresarial. Son muchas las iniciativas en las que las derechas han hecho suyos los intereses de Israel de manera incondicional y ahora, tras un año de intensificación del conflicto en Palestina, este pacto se mantiene más vivo que nunca dando un salto cualitativo y encontrando en la persecución y señalamiento de activistas un nuevo frente de acción.