Bajo el gobierno de Luis Abinader, se profundiza una política sistemática de persecución contra la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana. Redadas, militarización de hospitales y destrucción de barrios enteros, marcan una ofensiva estatal con raíces históricas en el racismo de las élites dominicanas.
Esta semana comenzó la aplicación de las nuevas medidas migratorias deshumanizantes adoptadas por el gobierno dominicano, que van desde la represión y el desmantelamiento de barrios racializados enteros —como el caso de Matamosquito, en la provincia La Altagracia— hasta la militarización de las maternidades y la negación de atención médica a mujeres negras embarazadas. Las medidas son resultado de una cadena de eventos que perpetúan el racismo de Estado, que tienen implicaciones históricas y que, lejos de abordar de manera seria un plan de regularización, agravan la situación bajo una falsa narrativa de solidaridad.
El gobierno que encabeza el empresario Luis Abinader, en República Dominicana, ejecuta un programa político donde el racismo es política de Estado. Desde su llegada al poder en 2020, ha situado el peligro de una supuesta «invasión silenciosa» en un lugar central en su programa político y discurso, como estrategia para distraer del malestar popular, que causa la privatización y deterioro de los servicios públicos, la corrupción e improvisación de su gobierno, la sobreexplotación de los bienes comunes, la brutalidad policial, la alta inflación, el hambre y el empobrecimiento sistemático de las comunidades racializadas y barrializadas. Ha recurrido a una retórica del patriotismo históricamente tergiversada por las élites políticas y económicas del país y reproducida masivamente por los medios de comunicación. Estamos presenciando una de las olas más racistas y deshumanizadoras contra la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana en el país en las últimas décadas, motivadas por grupos ultranacionalistas que parecen marcar pautas al gobierno de cómo se debe aplicar la violencia bajo un esquema de ping pong, en que los primeros agitan y el segundo reacciona.
En septiembre del año pasado, el grupo paramilitar ultranacionalista y de corte fascista, la Antigua Orden Dominicana, encabezó una movilización sostenida por discursos de odio y racismo antihaitiano en la capital de República Dominicana, sembrando un precedente peligroso en el país a 87 años de la Masacre del Perejil, que dejó un saldo de más de 20 mil personas negras asesinadas en la frontera por el dictador Rafael Leonidas Trujillo en 1937. El gobierno respondió anunciando las deportaciones masivas de más de 10 mil personas cada semana, el cierre de las fronteras y poniendo en marcha toda la maquinaria institucional racista antinegra para negar la dignidad de la población negra haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, a quienes se les reduce a la subhumanidad en razón de su color de piel y cultura.
La Antigua Orden Dominicana convocó una nueva marcha «patriótica» el pasado 30 de marzo en la comunidad de Friusa, ubicada en el paraje de Bávaro, del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia. Friusa es una comunidad trabajadora y empobrecida, que desde hace varias décadas alberga familias negras haitianas y dominicanas, incluso familias a las que se les ha negado la ciudadanía con la sentencia 168-13. La reacción del gobierno fue intervenir militarmente la zona y reprimir violentamente a la gente. Entre el 6 y el 10 de abril, tres personas trabajadoras han sido asesinadas por el Estado dominicano en circunstancias no esclarecidas en la comunidad de Friusa.
El 6 de abril de 2025, en una alocución nacional como respuesta a la marcha, Abinader anunció 15 medidas racistas, arbitrarias e inconstitucionales para endurecer la cacería de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en el país, entre las que figuran: incrementar la militarización en la frontera, acelerar la construcción del muro fronterizo y obligar al personal de los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) a establecer barreras para acceder a los servicios de salud a las personas negras, tales como exigir una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria; además del establecimiento de tarifas para acceder a los servicios. Además, el presidente anunció el nombramiento de Milton Ray Guevara como coordinador de una comisión que ordenará la presencia de trabajadores indocumentados en sectores que impulsan la economía. Guevara fue presidente del Tribunal Constitucional en el momento en que se emitió la sentencia 168-13, que despojó de la nacionalidad retroactivamente a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en el país. En este orden, también designó al periodista Miguel Franjul —director del Listín Diario, uno de los periódicos más reconocidos del país— como coordinador del Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria, evidenciando así el compromiso de los medios de comunicación tradicionales con la hegemonía.
El día de ayer, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció un operativo de “control migratorio” en Matamosquito y Friusa, junto al Ministerio de Defensa, como parte de la política migratoria delineada por el presidente Abinader para “enfrentar la situación migratoria”, que consiste en el desalojo forzado, destrucción de viviendas, cacería y persecución de personas negras. Desde el lunes 21 de abril, comenzó la aplicación del nuevo protocolo en 33 hospitales públicos. Las principales maternidades fueron militarizadas y decenas de mujeres negras embarazadas han sido detenidas y trasladadas, violando de manera atroz los tratados de derechos humanos que han sido firmados por el Estado dominicano.
Estas medidas inhumanas han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, antirracistas, de derechos humanos y de izquierdas, que las han catalogado como no solamente inhumanas, sino peligrosamente cercanas a ideologías de odio que ya han causado mucho dolor en la historia de la isla. Medidas de un gobierno que vende una narrativa de solidaridad con Haití, a la vez que actúa de manera criminal con el tema migratorio. Que ha llegado a la ignominia de negar la atención médica a mujeres negras embarazadas, y que convenientemente ha optado por esquivar lo neurálgico: las responsabilidades de un sector empresarial intocable que se beneficia y lucra de la falta de regularización, y que prefiere cargar las deficiencias estructurales en el país vecino.
Como ha dicho la pensadora decolonial dominicana Ochy Curiel, para entender el auge del racismo en República Dominicana hay que tener memoria larga, analizar los hechos que ocurren en el presente pero que tienen origen en el pasado, y que no solo afectan a personas negras haitianas, también a dominicanas de ascendencia haitiana; como la sentencia 168-13, a la que cataloga en su libro Un Golpe de Estado como un genocidio civil: una nueva forma de racismo institucional, que es una continuidad del racismo de Estado antihaitiano de larga data que han sostenido las élites dominicanas en la consolidación de un proyecto nacional eurocéntrico, blanco e hispanófilo.
Esther Girón: Activista afrofeminista y fundadora del colectivo antirracista Aquelarre Bonao.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/820866-el-racismo-como-politica-de-estado