Con el inicio de la actual administración del gobierno estadounidense, se ha producido un uso desmedido, ilegal y xenófobo de la fuerza hacia las poblaciones extranjeras (principalmente irregularizadas) que habitan en EUA; buena parte de las cuales provienen del sur global y son racializadas. Los agentes de ICE se mueven transgrediendo los marcos jurídicos (funcionando como una suerte de grupos paraestatales/paramilitares). De forma sistemática y estructural, dichos agentes violan los derechos humanos de los migrantes y el debido proceso; su accionar está marcado por el racismo y el perfilamiento racial (como aconteció en los regímenes fascistas). Las escenas han sido y son impactantes e inhumanas: separación de familias, detención y encarcelamiento de niños (como el caso Liam Conejo de 5 años de edad), varios migrantes han sido asesinados por ICE, y más 3 decenas de personas han perdido la vida mientras estaban en centros de detención, además de deportaciones forzadas e ilegales (como los venezolanos deportados a inicios de 2025, o el caso de Kilmar Abrego García). A esto se suman los asesinatos a manos ICE de Renée Good y Alex Pretti en Mineápolis.
La crueldad y la violencia se han vuelto estrategias centrales de las políticas migratorias y las acciones estatales. Sin proveer evidencia sólida (y más bien basándose en mentiras o casos aislados y no representativos), el gobierno estadounidense (y sus asesores xenófobos y racistas) han justificado dichas acciones en la afirmación de que los migrantes son una drástica carga económica para el gasto público y los servicios estatales, y en que supuestamente no pagan impuestos y son una fuerte merma de las oportunidades laborales para los estadounidenses. Esto no sólo no corresponde con los hechos, ni tiene fundamento empírico, sino que, desde hace años, estas afirmaciones falaces han sido rebatidas y desmentidas por diferentes investigaciones académicas, y por los mismos datos oficiales del propio gobierno de EUA.
Desde la perspectiva de la economía política y del análisis crítico de la migración y el desarrollo en el contexto capitalista, el libro de Raúl Delgado y Humberto Márquez, Espejismos del río de oro. Dialéctica de la migración y el desarrollo en México, ha mostrado que, mediante un análisis estructural y documentado sobre las relaciones entre trabajo, mercado laboral y salario, los migrantes irregularizados son fundamentales para la economía y sociedad de EUA por varías razones. (1) Por un lado, los migrantes irregularizados son una fuerza laboral imprescindible para nichos específicos del mercado laboral (como la agricultura, la construcción, los servicios, empaquetadoras, labores de cuidado, entre otros). En dichos nichos laborales desde hace décadas no hay suficientes trabajadores estadounidenses (ni con la capacitación adecuada); no hay tampoco quienes estén dispuestos a realizar esas labores, y menos por salarios reducidos y en abiertas condiciones de precariedad. De esta forma, justamente, son los migrantes los resarcen esa ausencia y satisfacen la necesidad de mano de obra; ellos son una fuerza laboral fundamental para esos sectores estratégicos y esenciales.
(2) Además, los trabajadores migrantes, al recibir salarios menores, carecer de prestaciones completas y no tener un esquema suficiente de seguridad social y de condiciones laborales conforme a la ley, hacen que los costos de manufactura de mercancías y de dotación de servicios sean sustancialmente menores (un generalizado abaratamiento del proceso de producción); y, en consecuencia con un contexto de trabajo migrante barato, explotado y mal pagado, las ganancias de los empleadores se incrementan sustancialmente, y las dinámicas de acumulación de capital se aceleran. Los migrantes generan mucho mayor riqueza.
(3) Finalmente, la mayoría de los migrantes irregularizados llegaron a EUA ya con la mayoría de edad y en plena etapa laboral productiva, y dicho país del norte global no tuvo que invertir para alimentarlos, cuidarlos, capacitarlos y prepararlos. Esto representa un ahorro masivo de recursos económicos en los procesos de producción y desarrollo de la fuerza laboral. De hecho, fueron los países de origen quienes costearon el proceso de crecimiento y desarrollo de la mano de obra.
El caso de los datos sobre el pago de impuestos por parte de los migrantes es igualmente claro; y no hay lugar a dudas sobre el fuerte peso de las positivas contribuciones fiscales de estas poblaciones. Recientemente David Bier, Michael Howard y Julián Salazar publicaron el estudio Immigrants’ Recent Effects on Government Budgets: 1994–2023. Este trabajo, con una cobertura extensa (de aproximadamente tres décadas) y basado en información oficial, analiza los efectos fiscales de los migrantes en los presupuestos federales, estatales y locales. Y, contrario a lo dicho por la administración estadounidense actual, sus hallazgos son contundentes. Entre 1994 y 2023, el conjunto de los migrantes (regularizados e irregularizados) ha contribuido mucho más en impuestos, que lo que han recibido en beneficios estatales; y su aporte económico en aportaciones fiscales es de tal magnitud, que los migrantes redujeron en 14.5 trillones de dólares el déficit del gobierno (disminuyéndolo en una tercera parte en las últimas tres décadas).
Además, de acuerdo con el estudio de Bier y sus colaboradores, los migrantes aportan más que el estadounidense promedio; es cierto que los salarios de los migrantes son más bajos, pero, debido a que de manera diaria y semanal laboran mucho más horas que un trabajador promedio, estos migrantes terminan contribuyendo fiscalmente con una mayor cantidad.
Y, en una línea semejante, están los temas del retiro y la educación en el caso de los migrantes. La investigación Immigrants’ Recent Effects on Government Budgets: 1994–2023 muestra que, como los migrantes en promedio han llegado a EUA a los 25 años, no generan gastos drásticos en educación; además, al llegar ya los migrantes como trabajadores formados y desarrollados en plena edad laboral, el gobierno estadounidense se ahorra los gastos (escolares y de seguridad social) de los primeros años de vida de estos trabajadores precarizados.
En lo concerniente al retiro y las pensiones, y debido a la condición irregularizada de muchos migrantes y también al hecho de que son pocos los que tienen trabajos dentro del gobierno de EUA (derivado también de su condición migratoria), el gasto en pensiones gubernamentales es mucho menor. Y, en lo referente a programas y ayudas sociales para poblaciones en condiciones de precariedad económica y pobreza, también la situación de irregularización de los migrantes provoca que ellos no puedan hacer uso ni acceder a dichos apoyos gubernamentales.
En resumen, las narrativas oficiales de los migrantes como mermas económicas para EUA y su gobierno no sólo no son verdaderas, sino abiertamente tendenciosas y contrarias a los hechos. De facto, los migrantes, y aún en frecuentes condiciones de precariedad, hacen aportaciones fiscales sustanciales y dinamizan la economía (con su trabajo y el consumo de mercancías y servicios); los migrantes son trabajadores responsables que cumplen con sus obligaciones.
Guillermo Castillo Ramírez – UNAM
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