Con el fin de paralizar el desahucio de Luisa y su hijo, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Valencia ha convocado una movilización, el 24 de marzo, a las 9,30 horas, en la calle Enrique López número 10 de la capital valenciana; Kapital Inversiones es la entidad que promueve la expulsión, informó el colectivo en las redes sociales; al día siguiente, la convocatoria es en la calle República Dominicana número 2, a las 11,30 horas, para frenar el desahucio de Teresa y su hijo; la sociedad que impulsa el desalojo es Inversia Inmuebles.
Ante la situación de emergencia habitacional, la PAH convocó el pasado 12 de marzo una rueda de prensa en Valencia, en el complejo administrativo 9 d’Octubre de la Generalitat; la plataforma antidesahucios explicitó en qué se traduce esta situación límite: “La comunicación formal con fecha y hora del desahucio, o estar incurso en un proceso judicial con el mismo fin”.
Los portavoces destacaron que la situación se agrava por la derogación de las medidas del llamado escudo social, el pasado 26 de febrero, con los votos del PP, Vox y Junts; entre ellas se incluía la prórroga de la moratoria de los desahucios a familias vulnerables; la PAH calcula que 70.000 familias en el estado español se enfrentan a la expulsión sin alternativa habitacional.
En la rueda de prensa del Valencia, la PAH ha exigido un Plan de Choque, que ya presentó a las diferentes Administraciones públicas, con iniciativas como la intermediación; de hecho, la Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda establece un procedimiento de intermediación o conciliación obligatoria, previa al inicio de la vía judicial para el desahucio, en el caso de que la parte demandante sea un gran tenedor; la familia afectada se halle en situación de vulnerabilidad económica y se trate de la vivienda habitual; el procedimiento será habilitado por la Administración competente.
Otro punto reivindicado es la cesión de uso de la vivienda de grandes tenedores; la PAH recuerda que el Decreto Ley del Gobierno Valenciano para hacer frente a las situaciones de emergencia residencial, aprobado en febrero de 2023, dispone que, por acuerdo del Consell, podrá declararse la utilidad pública e interés social para la cesión temporal obligatoria del usufructo de viviendas de grandes tenedores; entre las personas que pueden acogerse, están las familias desahuciadas.
Asimismo el colectivo pide la aplicación del programa LlogAD de la PAH, “que impediría muchos desahucios por parte de grandes y pequeños propietarios”; se trata de que la Generalitat “suscriba como titular contratos de alquiler social y asequible con la banca, fondos buitre o grandes inmobiliarias”, y que tanto personas como familias “se puedan subrogar al mismo”.
La plataforma antidesahucios destacó que el 12 de marzo decenas de familias presentaron escritos -con las tres reivindicaciones citadas- a la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento de Valencia y los juzgados, entre otras instituciones. “No podemos tolerar ni un desahucio más”, concluyeron.
La plataforma ha defendido casos como el de Malika, desahuciada el pasado 2 de febrero de su vivienda en la calle Alquería de Benimassot, en Valencia, donde vivía con su hijo; el colectivo difundió imágenes de la resistencia, los empujones policiales y los enseres de la víctima en la calle; la expulsión se produjo a instancias del Banco Sabadell.
“Hartos del gobierno local, autonómico y central que mienten y ocultan su carácter de clase en esta guerra; hartos de jueces que reinterpretan la ley a su favor”, afirmaron en la acción de protesta.
El 25 de febrero Juntes per l’Habitatge, espacio del que forman parte movimientos vecinales, sociales y sindicales por el derecho a la vivienda, organizó una concentración en Valencia, frente a la sede de la Conselleria de Vivienda; el motivo de la movilización fue la puesta en marcha del Plan de Choque en materia de vivienda y la ampliación del crédito a las ayudas del alquiler, para que puedan percibirlas todas las familias que cumplen con los requisitos.
Juntes per L’Habitatge se refería, en primer lugar, a las ayudas al alquiler de viviendas, de 2025, convocadas por la Generalitat Valenciana, con aportaciones del Ministerio de Vivienda y la Generalitat; así, “se han desestimado 2.969 solicitudes debido ‘al agotamiento de la financiación con que está dotada la línea presupuestaria prevista en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2025, para atender este programa de ayudas’”, informó Juntes en una nota informativa.
En cuanto a las ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Valencia (2,9 millones de euros en 2025), el movimiento social criticó que hubiera 550 familias cuyas solicitudes han sido “excluidas por agotamiento del crédito presupuestario”; a finales de enero, el colectivo pidió en el Pleno del Ayuntamiento, a iniciativa de la PAH, la ampliación del crédito; la moción fue presentada por el Grupo Compromís.
Según el colectivo por el derecho a la vivienda, “debe atenderse de manera preferente las necesidades de las familias, porque supone más dinamita para que se inicien miles de desahucios; estas familias necesitan la ayuda para hacer frente a las rentas y evitar procedimientos judiciales”.
Una importante movilización por el derecho a la vivienda en Valencia tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, con el lema Pel dret a l’habitatge, ara!; entre los ejes de la convocatoria, figuraba la renovación y ampliación de la moratoria antidesahucios; otra manifestación destacada en la capital valenciana tuvo lugar el 5 de abril, con la consigna Acabem amb el negoci de l’habitatge i del territori; convocada por la campaña València no està en venda, en la manifestación participaron varios miles de personas.
La estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que, en el tercer trimestre de 2025, se practicaron 630 desahucios en el País Valenciano, de los que 289 se dieron en la provincia de Valencia, 252 en la de Alicante y 89 en la de Castellón; el 72% de las expulsiones tuvo como origen el impago del alquiler; así, el País Valenciano es tercera autonomía en número de lanzamientos, tras Cataluña y Andalucía.
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