El PP con su política de alianzas, se une a Vox en la consideración de que la inmigración sea su gran coartada política, en tanto que agitan el miedo, hablan de “prioridad nacional” y amenazan con expulsiones, pero callan sobre una verdad incómoda, que sin migrantes, buena parte de la economía se frenaría. El discurso es fácil de vender; la realidad, mucho más tozuda.
Lo que venden como “defensa de los españoles” es, en la práctica, una ofensiva contra derechos básicos y contra el sentido común económico. Regularizar no es regalar nada: es sacar de la sombra a miles de personas que ya trabajan, ya consumen, ya sostienen sectores enteros y, al quedar fuera del sistema, también alimentan la explotación y la economía sumergida.
La hipocresía es evidente. Se les necesita para recoger, cuidar, construir, servir y producir, pero se les quiere sin voz, sin papeles y sin protección. Es el viejo truco de siempre: usar a los migrantes como fuerza de trabajo cuando conviene y convertirlos en chivo expiatorio cuando toca pedir votos.
Hablar de expulsiones como solución no es firmeza; es propaganda brutal. No arregla la vivienda, no sube los salarios, no mejora los servicios públicos y no corrige la precariedad. Solo alimenta una idea tóxica: que hay ciudadanos de primera y trabajadores prescindibles.
La regularización, por el contrario, es una medida de orden, de justicia y de eficacia económica. Permite aflorar empleo, aumentar cotizaciones, reducir abuso empresarial y reconocer una realidad que ya existe. Negarla por puro cálculo ideológico es condenar a más precariedad a quienes ya están dentro del engranaje productivo.
En el fondo, la derecha no está defendiendo el país: está defendiendo un modelo social más duro, más desigual y más autoritario. Un modelo que exige mano de obra barata, pero niega derechos; que reclama obediencia, pero desprecia la dignidad; que invoca la nación, pero solo para repartir miedo.
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