Estados Unidos siempre ha estado dividido consigo mismo. Desde su fundación, la promesa de la democracia ha coexistido con la violencia del colonialismo de asentamientos, la esclavitud, el capitalismo racial y la supremacía blanca. Los mayores avances democráticos de la nación no han surgido del cumplimiento de sus ideales fundacionales, sino de generaciones de lucha contra la dominación racial, la explotación económica y la exclusión política. La historia de Estados Unidos no es, por lo tanto, una historia de progreso democrático inevitable. Es una lucha constante por determinar qué historias se recuerdan, a quién se le reconoce su humanidad y de quién cuenta la libertad, una lucha que se mide frente al abismo que separa las pretensiones de libertad y justicia de la nación de la realidad de la crueldad sistémica y el terror racializado. Hoy en día esa lucha ha entrado en una nueva y peligrosa fase. El ataque a la ciudadanía por nacimiento no es simplemente otra disputa sobre la inmigración o la interpretación constitucional. Es un intento de decidir, una vez más, quién cuenta, quién reúne los requisitos para ser ciudadano y quién posee el derecho a tener derechos. Lo que está en juego es nada menos que si Estados Unidos se convierte en una sociedad socialista democrática multirracial o completa su transformación en una república fascista blanca.
El ataque a la ciudadanía por nacimiento obliga a la nación a enfrentarse a una pregunta que toda democracia debe responder: ¿Quién pertenece a ella y qué vidas se valoran? Como sostiene Judith Butler, la política se organiza en torno a las distinciones entre las vidas consideradas dignas de luto y aquellas a las que se les niega ese luto, entre las que se reconocen como plenamente humanas y aquellas a las que se les niega ese estatus. Todo movimiento autoritario responde a esa pregunta transformando la ciudadanía de un derecho universal en un privilegio racial, nacionalista y de clase. Una vez que la ciudadanía pasa a ser condicional, todos los demás derechos también lo son. La campaña de Trump y Miller contra la ciudadanía por nacimiento no es, por lo tanto, simplemente un ataque a la política de inmigración. Es un intento de transformar a Estados Unidos de una democracia imperfecta en un Estado racial. Al hacerlo, reaviva una tradición política que nunca desapareció, arraigada en el nacionalismo racial de la Ley de Inmigración Johnson-Reed de 1924, el renacimiento del Ku Klux Klan y la fantasía recurrente de preservar a Estados Unidos como una república blanca.
El ataque a la ciudadanía por nacimiento es un intento de arrebatar uno de los mayores logros democráticos de la Reconstrucción. Como nos recuerda la especialista en derecho constitucional Sherrilyn Ifill, los redactores de la Decimocuarta Enmienda emprendieron un «proyecto consciente de la raza» diseñado para desmantelar las castas raciales y establecer la ciudadanía por nacimiento como fundamento jurídico de una democracia multirracial. Como demuestra Martha S. Jones en Birthright Citizens, la ciudadanía por nacimiento no fue concedida desde arriba. Se forjó a lo largo de generaciones de lucha de la comunidad negra contra la esclavitud, el sistema de castas raciales y la supremacía blanca. La administración Trump pretende revertir ese logro democrático redefiniendo la ciudadanía como un privilegio basado en la ascendencia, el linaje y la jerarquía racial, en lugar de una garantía constitucional de igualdad democrática. Como señala Eddie S. Glaude Jr.: «Estas personas son las herederas de ese legado. Creen que el país debería ser blanco».
Este ataque tampoco surgió de repente. La campaña «birther» de Trump contra Barack Obama fue el primer paso de un esfuerzo más amplio por reabrir precisamente la cuestión que la Reconstrucción pretendía zanjar: ¿Quién puede afirmar legítimamente ser estadounidense? La cuestión nunca fue dónde había nacido Obama. Se trataba de si un hombre negro podía encarnar legítimamente a la propia nación. El «birtherismo» transformó la ciudadanía en un arma de guerra racial, preparando el terreno ideológico para el actual ataque a la ciudadanía por nacimiento. La campaña actual extiende esa lógica venenosa desde un objetivo simbólico a millones de personas más, haciendo que la ciudadanía sea cada vez más contingente, revocable y políticamente prescindible.
Por eso la lucha por la ciudadanía por nacimiento es, en el fondo, una lucha por los fundamentos jurídicos de la propia democracia. La ciudadanía es la base constitucional de todos los derechos democráticos. En cuanto ese fundamento pasa de ser una garantía universal a un privilegio otorgado por la autoridad política, la propia democracia empieza a desaparecer. Los derechos dejan de pertenecer por igual a todos; se convierten en favores distribuidos por un Estado que define la pertenencia a través de la raza, el nacionalismo y el conformismo ideológico.
John Ganz capta la magnitud de esta transformación con una claridad inusual: Desde hace tiempo sostengo que el ataque a la ciudadanía es el aspecto más grave y aterrador del fenómeno Trump, y el que más lo hace merecedor del calificativo de fascista o totalitario… Si logran destruir la ciudadanía estadounidense tal y como está consagrada en la Constitución, habrán destruido el país. De repente nos encontraremos en otro lugar.
Lo que está en juego ideológicamente en esta lucha se hace especialmente patente ahora que Estados Unidos celebra el 250º aniversario de su fundación. Las celebraciones oficiales sustituyen en gran medida el análisis histórico por el espectáculo patriótico, presentando el pasado de la nación como una historia ininterrumpida de libertad, unidad y progreso democrático. Esa mitología borra el papel central que desempeñaron el despojo de los pueblos indígenas, la esclavitud, el capitalismo racial y generaciones de lucha democrática en la configuración de la historia estadounidense, ocultando la verdad crucial de que la democracia ha avanzado no porque la nación haya hecho realidad fielmente sus ideales fundacionales, sino porque la gente corriente obligó repetidamente a la nación a enfrentarse a la violencia, las exclusiones y las contradicciones inherentes a esos ideales. El ataque a la ciudadanía por nacimiento es, al mismo tiempo, constitucional en sus objetivos y pedagógico en sus métodos, ya que busca remodelar la forma en que los estadounidenses entienden la democracia, el sentido de pertenencia y la identidad política.
La advertencia de Ganz va más allá de los derechos legales y apunta a una lucha más amplia en torno a la identidad democrática, los valores públicos, la conciencia cívica y la distribución del poder político y económico. El ataque a la ciudadanía no puede separarse del auge del capitalismo mafioso y de la oligarquía que domina cada vez más la sociedad estadounidense. A medida que la riqueza y el poder se concentran en manos de una minúscula élite empresarial y financiera, las instituciones democráticas se vacían de todo contenido, se desmantelan los bienes públicos y los medios de comunicación quedan cada vez más en manos de intereses privados concentrados. Además, se normalizan las abrumadoras divisiones de clase, la arraigada injusticia racial y una política de «desechabilidad». El ataque a la ciudadanía es uno de los mecanismos mediante los cuales este orden social emergente redibuja los límites de la pertenencia política, legitima la exclusión y desvía la ira pública de las estructuras de explotación que generan un sufrimiento generalizado.
Se trata de un fascismo neoliberal intensificado por el poder oligárquico y el capitalismo racial. Como nos recuerda Harvey J. Kaye, lo que a menudo desaparece en los debates sobre el autoritarismo es la guerra de clases desde arriba que ha sentado las bases para su surgimiento. Durante décadas, las élites empresariales, sus aliados políticos y los responsables de las políticas neoliberales han llevado a cabo un asalto implacable contra los trabajadores, los bienes públicos, las instituciones democráticas y el Estado social, generando desigualdades abrumadoras en cuanto a riqueza y poder, al tiempo que intensificaban la injusticia racial y social. Esta guerra de clases no solo ha agravado la inseguridad económica, sino que ha generado el resentimiento, el abandono y la desesperanza cívica sobre los que prosperan los movimientos autoritarios. El ataque a la ciudadanía es inseparable de este proyecto de clase más amplio.
Lo que está ocurriendo hoy en día no es simplemente el regreso de la retórica fascista, sino la construcción deliberada de un orden político en el que la democracia se ve vaciada desde dentro por la convergencia del poder oligárquico, la supremacía blanca y el régimen autoritario. Las garantías constitucionales se ven erosionadas, la disidencia se criminaliza, la crueldad se celebra como virtud cívica y poblaciones enteras quedan relegadas a la marginalidad.
Toda política fascista comienza por decidir a quién se reconoce como parte de la comunidad política. Termina decidiendo qué derechos, vidas y futuros ya no importan. Su punto final es la normalización de los secuestros extrajudiciales, el terror de Estado, la policía militarizada, los campos de detención y un orden social en el que la violencia se convierte en el principio rector de la política. Esta no es simplemente la historia de una democracia en declive. Es la historia de una sociedad que devora sus propios cimientos democráticos a medida que las ambiciones imperiales, el nacionalismo blanco, la gobernanza militarizada y la decadencia institucional convergen al servicio del poder autoritario.
La ciudadanía y la pedagogía del fascismo
Las luchas políticas nunca se ganan solo mediante la coacción. Se ganan en las instituciones y los espacios culturales donde las personas aprenden a comprenderse a sí mismas, a los demás y a la sociedad en la que viven. Las escuelas, el periodismo, las plataformas digitales, las instituciones religiosas, el mundo del entretenimiento y la política estatal actúan como poderosas fuerzas pedagógicas. Enseñan a la gente a quién temer, qué vidas importan, qué historias merecen ser recordadas y quién forma parte de la comunidad democrática. Como señaló Stuart Hall:«El cambio cultural es constitutivo del cambio político». Todo orden político educa a sus ciudadanos. La cuestión decisiva es qué tipo de ciudadanos produce.
El trumpismo responde a esa pregunta cultivando un nuevo sujeto autoritario. A través de espectáculos mediáticos, plataformas digitales y el poder del Estado, normaliza la supremacía blanca, el nacionalismo cristiano, el militarismo y el lenguaje de la exclusión. Figuras como Stephen Miller, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Tom Homan, Russell Vought y otros actúan como los principales pedagogos antipúblicos de esta cultura fascista emergente. Su retórica legitima políticas cuyas consecuencias se plasman en vidas destrozadas, familias desintegradas, espectáculos públicos de humillación y terror, la destrucción del debido proceso, la erosión de las libertades democráticas, el asesinato de niños y, cada vez más, la sangre. Enseñan que la compasión es debilidad, la violencia es virtud, la lealtad incondicional es patriotismo, la hipermasculinidad es la medida de la hombría y la dominación, encubierta bajo el lenguaje de Dios, la nación y el destino, es la virtud que define la vida pública. Para Trump y sus acólitos, el valor ya no significa convicción moral ni responsabilidad cívica. Se le ha despojado de su contenido ético y se ha integrado en el lenguaje del nacionalismo militarizado, donde la crueldad se disfraza de fuerza, la intimidación se convierte en una insignia de honor y la vida pública se reduce a un teatro de agresión. Esta cultura se nutre de espectáculos de violencia, celebra la humillación como entretenimiento, glorifica la brutalidad como virtud pública y normaliza la amnesia histórica, el odio racial, el militarismo y el abandono organizado sobre los que florece la política fascista.
El ataque a la ciudadanía por nacimiento es un proyecto pedagógico destinado a remodelar la conciencia pública. Su propósito es persuadir a los estadounidenses de que la exclusión racial es de sentido común, que la jerarquía es natural y que el nacionalismo blanco es compatible con la democracia. El objetivo no es simplemente cambiar la ley de inmigración, sino redefinir la propia ciudadanía, sustituyendo la pertenencia en igualdad de condiciones por una concepción racializada de la identidad nacional arraigada en la sangre, la ascendencia y la pureza cultural. Como argumentó Antonio Gramsci, la transformación política es inseparable de la transformación cultural, porque el poder asegura sus victorias más profundas moldeando la forma en que las personas piensan, recuerdan, se identifican e imaginan el mundo.
El autoritarismo depende tanto de la ignorancia como de la represión organizadas. Florece cuando la memoria histórica es sustituida por un mito generado por poderosas máquinas de desimaginación, cuando el miedo se impone a la razón y cuando la responsabilidad cívica da paso a la lealtad tribal. En tales circunstancias, la ciudadanía deja de ser una práctica democrática compartida y se convierte en un distintivo de identidad racial e ideológica, una transformación encarnada en la política de Stephen Miller y de los artífices del proyecto nacionalista blanco de Trump. La democracia ya no se sustenta en principios constitucionales, sino en mitos excluyentes sobre quiénes constituyen la «verdadera» nación.
El ataque a la ciudadanía no puede separarse de la guerra más amplia contra las instituciones que hacen posible la democracia. Bajo el trumpismo, se vilipendia a los periodistas tachándolos de enemigos del pueblo y se les somete cada vez más a intimidación y violencia; se amenaza a las universidades con represalias políticas; se somete a las escuelas a censura ideológica; se retiran libros de las bibliotecas; se desestima la experiencia científica tachándola de propaganda; y se reescribe la memoria histórica para borrar las historias de la esclavitud, el colonialismo, el racismo y la resistencia democrática. No se trata de ataques aislados. En conjunto, constituyen una guerra coordinada contra las instituciones que fomentan el juicio crítico, la conciencia histórica y las capacidades cívicas de las que depende el autogobierno democrático.
Estos ataques van dirigidos contra la educación en su sentido más amplio. A las escuelas públicas se les despoja de su misión democrática y se las reduce a la formación de la mano de obra o al adoctrinamiento ideológico. Las universidades se presentan como focos de traición a la patria. El periodismo independiente se reconstruye como un enemigo político en lugar de un bien público. La propia cultura se convierte en un campo de batalla en el que se premia la crueldad, se celebra la ignorancia y se equipara el pensamiento crítico con la deslealtad. El objetivo no es simplemente silenciar la disidencia, sino destruir las capacidades morales, intelectuales y cívicas que hacen posible la disidencia democrática y la propia democracia.
Por eso el fascismo debe entenderse tanto como un régimen político como pedagógico. Pretende gobernar no solo a través de las leyes, los poderes policiales y la autoridad ejecutiva, sino también mediante la configuración de la propia conciencia. Libra una guerra por la memoria, el lenguaje, la identidad y la imaginación cívica, porque entiende que el dominio duradero depende de moldear la forma de pensar de las personas antes de controlar su forma de actuar. La ciudadanía por nacimiento es, por lo tanto, una expresión de una lucha más amplia por la educación, la cultura, la memoria y la imaginación cívica. En última instancia, el conflicto gira en torno a qué tipo de personas requiere la democracia y qué tipo de sujetos busca producir el fascismo.
La creación del ciudadano autoritario
Una vez debilitadas las instituciones democráticas, la política autoritaria puede centrarse en su tarea principal: la creación del ciudadano autoritario. El ataque a la ciudadanía por nacimiento es solo uno de los frentes de este proyecto más amplio. Al desmantelar las instituciones que sustentan la memoria democrática, el juicio crítico y la responsabilidad cívica, el trumpismo pretende crear sujetos que ya no cuestionen el poder, ni distingan la verdad de la propaganda, ni conciban la democracia como un bien público compartido. El objetivo no es simplemente gobernar de forma diferente, sino remodelar los hábitos, las identidades y los deseos de los que depende la propia vida política.
El trumpismo ha adoptado esta estrategia con notable coherencia. Bajo la segunda administración de Trump, el gobierno federal se ha utilizado como arma contra los periodistas que denuncian la corrupción y los abusos de poder. Tal y como informó The Guardian, agentes federales registraron el domicilio de la periodista del Washington Post Hannah Natanson y le confiscaron sus dispositivos electrónicos en un acto extraordinario de intimidación dirigido contra el periodismo de investigación. Al mismo tiempo, la administración ha desmantelado protecciones de larga data para la prensa, al tiempo que ha emprendido acciones judiciales y otros mecanismos legales contra las principales organizaciones de noticias y los periodistas de investigación cuyo trabajo cuestiona el poder ejecutivo. El mensaje es inequívoco: el periodismo que exige responsabilidades al poder ya no se considera un servicio público, sino un delito político.
El trumpismo ha ampliado su ataque sobre la cultura democrática hasta convertirlo en una campaña sistemática contra la educación. A las escuelas públicas se les prohíbe cada vez más enseñar la historia de la esclavitud, el colonialismo, la violencia racial y la lucha por la democracia. Las universidades se enfrentan a coacciones políticas, represalias económicas y vigilancia ideológica si se niegan a plegarse a las exigencias autoritarias. Se vigila al profesorado, se reescriben los planes de estudios, se retiran libros de las aulas y las bibliotecas y se tacha el pensamiento crítico de adoctrinamiento. Incluso universidades de prestigio como Columbia, Northwestern, Harvard y la Universidad de California han capitulado con demasiada frecuencia ante la intimidación política. Al ceder ante las amenazas de la administración Trump, comprometen su autonomía, erosionan la libertad académica y abandonan su papel como instituciones públicas democráticas. Tales capitulaciones normalizan la coacción autoritaria al tiempo que debilitan aún más a unas instituciones que, a pesar de sus límites y exclusiones, han cultivado históricamente el pensamiento crítico, la responsabilidad cívica y la acción democrática.
Estos ataques se justifican habitualmente como esfuerzos por eliminar los prejuicios, restaurar el patriotismo o proteger a los niños de ideas que cuestionan los mitos autoritarios, incluidos los relatos veraces sobre las luchas por la libertad de la comunidad negra, el racismo sistémico, el colonialismo de asentamiento y la guerra genocida de Israel contra Gaza. Pero tales afirmaciones ocultan un objetivo político más profundo. Los regímenes autoritarios temen el conocimiento histórico porque la historia revela que todo sistema de dominación ha sido cuestionado, combatido y transformado. Como nos recuerda Robin D. G. Kelley, la historia no es el desarrollo de mitos nacionales, sino el registro de luchas inconclusas por la libertad, la igualdad y la pertenencia. La memoria histórica nos recuerda que la democracia siempre se ha conquistado mediante la lucha colectiva, y no se ha concedido desde arriba. Los derechos no son ni regalos ni privilegios, sino logros políticos que deben defenderse y ampliarse continuamente.
La propia cultura se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de esta lucha. Las plataformas digitales a través de las cuales millones de personas se acercan ahora a la política se han convertido en inmensas máquinas pedagógicas. Hacen mucho más que transmitir información. Organizan la atención, moldean la vida emocional, recompensan la indignación, difunden teorías conspirativas, amplifican el resentimiento racial y normalizan la violencia política. Tal y como demuestra el Informe sobre Noticias Digitales 2025 del Instituto Reuters, las redes sociales y las plataformas de vídeo han superado ya a la televisión y a los medios de comunicación tradicionales como principales fuentes a través de las cuales muchas personas reciben las noticias. En estos espacios, la lucha por la democracia se desarrolla cada vez más a través de algoritmos que privilegian el espectáculo frente a las pruebas, la manipulación emocional frente al debate razonado y la desinformación frente al juicio informado.
En conjunto, estos acontecimientos revelan un proyecto político coherente destinado a remodelar el propio sentido común político. Enseña a la gente a admirar la crueldad como una muestra de fuerza, a celebrar la ignorancia como autenticidad, a descartar la memoria histórica como subversión y a aceptar que los derechos constitucionales dependen de la raza, la lealtad y la conformidad política. Antes de que el autoritarismo gobierne mediante la represión, educa a la gente para que desee precisamente aquellas formas de dominación que, en última instancia, la gobernarán.
El modelo constitucional del Estado fascista
La historia nos ofrece una lección esclarecedora. Los movimientos fascistas rara vez comienzan aboliendo constituciones, suspendiendo elecciones o recurriendo de inmediato a la represión militarizada. A menudo empiezan por redefinir quién pertenece a la comunidad cívica y quién no. Antes de eliminar derechos, determinan primero qué derechos cuentan. La ciudadanía se convierte en el umbral político decisivo que separa a quienes tienen derecho a la protección jurídica de aquellos que pueden ser excluidos, vigilados, detenidos, deportados o abandonados sin consecuencias morales.
Por eso el ataque a la ciudadanía por nacimiento ocupa un lugar tan central en la estrategia política de Trump. Establece el principio rector sobre el que se puede construir un nuevo orden autoritario. Si la ciudadanía ya no está garantizada por la Constitución, sino que pasa a depender de la ascendencia, la raza, el linaje o la interpretación del poder ejecutivo, entonces todas las garantías democráticas quedan expuestas al poder político. Los derechos ya no pertenecen a los ciudadanos por estar garantizados constitucionalmente; solo les pertenecen mientras el Estado decida que así sea. En un régimen así, los derechos dejan de ser protecciones constitucionales universales y se convierten en privilegios políticos otorgados por supremacistas blancos, nacionalistas cristianos y fanáticos ideológicos que ejercen el poder estatal al servicio de la exclusión y la dominación.
Hannah Arendt sostenía que la ciudadanía se basa en la pertenencia a una comunidad política —la condición indispensable para poseer derechos en absoluto—. Describió esto, en una frase célebre, como «el derecho a tener derechos» y «el derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada». Al reflexionar sobre la catástrofe del fascismo europeo, advirtió que, una vez que se despoja a los individuos de su pertenencia política, pierden no solo las protecciones legales, sino también la posición pública y las garantías institucionales que dan sentido a esas protecciones. Para Arendt, la apatridia era más que la pérdida de la nacionalidad. Suponía la expulsión de la propia comunidad política, reduciendo a los seres humanos a vidas que podían ser gestionadas, desplazadas, detenidas o descartadas con impunidad.
El trumpismo reformula este proyecto racista en el lenguaje de la restauración jurídica y la seguridad fronteriza. Su objetivo va más allá del control fronterizo y se extiende a la reconstrucción de la propia ciudadanía, transformando la Constitución de garante de la igualdad democrática en una maquinaria de dominación racial. Lo que está en juego es la sustitución de la ciudadanía democrática por una concepción excluyente de quién puede considerarse estadounidense, basada en la supremacía blanca, el nacionalismo cristiano y un mito idealizado del pasado de la nación. La ciudadanía ya no encarna la igualdad democrática; se convierte en un arma para clasificar a la población entre quienes tienen derecho a gozar de derechos y quienes pueden ser vigilados, detenidos, deportados y abandonados. En términos de Giorgio Agamben, esta es la lógica política que reduce a los seres humanos a la «vida desnuda», personas despojadas de una condición política significativa y expuestas al poder estatal arbitrario. Los registros históricos son inequívocos: dicha lógica culmina en el campo de concentración, donde la ley ya no frena el poder, sino que se convierte en la maquinaria administrativa de la exclusión, el abandono y el terror de Estado.
Este proyecto no puede separarse de una política más amplia de desechabilidad. Una vez que los gobiernos logran convencer a los ciudadanos de que algunas personas no pertenecen realmente a la sociedad, resulta más fácil normalizar políticas que, de otro modo, parecerían moralmente inconcebibles. Se separa a las familias. Se tacha a los refugiados de enemigos. Los inmigrantes se convierten en invasores. Los manifestantes se convierten en traidores. Los periodistas se convierten en enemigos del pueblo. Los opositores políticos se convierten en amenazas internas. Cada ampliación de la exclusión ensancha el círculo de quienes pueden verse privados de protección, al tiempo que reduce el significado mismo de la comunidad democrática.
La historia demuestra una y otra vez que los regímenes autoritarios consolidan su poder transformando las garantías jurídicas en privilegios políticos. La igualdad ante la ley da paso a una aplicación selectiva de la ley. Los derechos universales ceden ante excepciones arbitrarias. Los tribunales independientes se convierten en instrumentos del poder ejecutivo. La propia ciudadanía pasa a depender de la lealtad ideológica y la conformidad nacional. La ley ya no limita el poder; lo legitima al revestir la represión con el lenguaje de la legalidad. Este es uno de los logros perdurables del fascismo: no busca simplemente destruir la ley, sino convertirla en un aparato de dominación, al tiempo que preserva la apariencia del orden constitucional.
Lo que está en juego en materia constitucional no podría ser más importante. Cada ataque a la ciudadanía por nacimiento erosiona el principio de que todas las personas nacidas al amparo de la Constitución gozan de igualdad ante la ley. Una vez abandonado ese principio, la Constitución ya no limita el poder del Estado; se convierte en un arma a través de la cual el régimen autoritario distribuye de forma selectiva los derechos, el reconocimiento y la comunidad. Esa es la lógica constitucional del Estado fascista.
Democracia socialista o Estado fascista
El ataque a la ciudadanía por nacimiento pone de manifiesto una verdad que muchos defensores de la democracia se han mostrado reacios a afrontar. El trumpismo es bastante más que otro movimiento conservador o una formación política mezquina o autoritaria. Es un proyecto fascista que pretende reconstruir los cimientos jurídicos, culturales y morales de la sociedad estadounidense redefiniendo quién se considera plenamente humano, quién se considera estadounidense y quién goza de todas las protecciones de la ciudadanía democrática. La ofensiva de la extrema derecha contra la ciudadanía no es algo periférico a ese proyecto. Es su núcleo constitucional.
Todo movimiento fascista busca sustituir los derechos universales por privilegios selectivos. Despoja a la democracia de sus fundamentos igualitarios, al tiempo que preserva la apariencia externa de legalidad. Las constituciones siguen vigentes, se siguen celebrando elecciones, los tribunales siguen emitiendo sentencias y las asambleas legislativas siguen reuniéndose. Sin embargo, la esencia de la democracia desaparece a medida que el poder ejecutivo se expande, se criminaliza la disidencia, se borra la memoria histórica y la propia ciudadanía pasa a depender de la raza, el nacionalismo y la conformidad política. La democracia sobrevive como teatro político, mientras que el poder autoritario gobierna cada vez más la vida cotidiana mediante una mezcla de represión y una cultura espectacularizada de la violencia de Estado.
Esta transformación no se produce únicamente mediante la represión. También depende de un proyecto educativo profundo. El autoritarismo debe enseñar a la gente a aceptar la exclusión como virtud, la crueldad como fortaleza, la desigualdad como algo natural y la obediencia como patriotismo. Libra una guerra contra la historia porque esta nos recuerda que ningún sistema de dominación ha sido jamás permanente. Libra una guerra contra la educación porque el pensamiento crítico amenaza a todo régimen que se sustente en la ignorancia. Y libra una guerra contra la ciudadanía porque la ciudadanía democrática encarna el principio radical de que los derechos pertenecen a las personas en virtud de su humanidad y de la igualdad constitucional, y no por los caprichos de los gobernantes políticos.
La lucha por la ciudadanía por nacimiento va, por lo tanto, mucho más allá de la política de inmigración o de la interpretación constitucional. Plantea la cuestión política definitoria de nuestro tiempo: ¿Seguirá la democracia basándose en el principio constitucional de la ciudadanía universal, o se convertirá la ciudadanía en un privilegio racial administrado por un Estado autoritario? La respuesta a esa pregunta determinará no solo quién pertenece a la nación, sino también si Estados Unidos se está convirtiendo, o ya se ha convertido, en una sociedad neofascista.
Lo que está surgiendo bajo el «trumpismo» es un gobierno autoritario que consolida un orden social fascista arraigado en lo que en otros textos he denominado «capitalismo mafioso». Se trata de un sistema en el que concentraciones sin precedentes de riqueza y poder coexisten con la «disponibilidad» racializada, la dominación patriarcal, la devastación ecológica y la criminalización de la disidencia democrática. Se trata de una maquinaria de miseria organizada construida sobre divisiones de clase cada vez más profundas, exclusiones raciales y de género, inseguridad permanente y la concentración del poder económico y político en manos de una élite financiera y empresarial. El terrorismo de Estado, el poder ejecutivo sin control, la militarización de la vida cotidiana, las guerras interminables en el extranjero y las formas cada vez más extendidas de represión interna no son excesos accidentales de este sistema. Forman parte de sus principios rectores.
El ataque a la ciudadanía por nacimiento es una de las expresiones más claras de esta lógica. Redefine los límites de la pertenencia para determinar quién puede ser excluido, desposeído, encarcelado, deportado, silenciado o abandonado. El fascismo siempre ha entendido que, antes de poder gobernar mediante el terror, debe educar primero a la gente para que acepte el terror como sentido común, la crueldad como virtud cívica y la dominación como el orden natural de las cosas. Libra una guerra no solo contra las instituciones democráticas, sino también contra la imaginación ética, la memoria histórica y las solidaridades sociales que hacen posible la resistencia.
El mayor triunfo ideológico del neoliberalismo ha sido convencer a la gente de que capitalismo y democracia son sinónimos. Esa ficción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para hacer frente al fascismo contemporáneo. Un orden social que ensalza a los multimillonarios mientras condena a millones de personas a la pobreza, la deuda, la violencia racial, la catástrofe ecológica, la guerra permanente y la muerte lenta del Estado del bienestar no puede sostener la democracia, porque destruye las condiciones mismas de las que depende la vida democrática.
El capitalismo mafioso no se limita a generar concentraciones astronómicas de riqueza y poder. Produce los deseos autoritarios, los miedos organizados, los resentimientos raciales y las culturas de lo desechable sobre los que prospera la política fascista. Vivimos en un orden social cada vez más delirante, moldeado por la fuerza pedagógica de la codicia, la deshumanización, la precariedad, la corrupción y lo que el autor ganador del Premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen denomina «el agujero negro de la crueldad». La crueldad ya no es una aberración ni un fracaso moral. Se ha convertido en un principio rector del capitalismo mafioso —un sistema político y económico que convierte a los seres humanos en objetos desechables, premia la dominación por encima de la solidaridad y transforma la violencia en espectáculo y política pública—. El ataque a la ciudadanía es una expresión de esta lógica, que perpetúa las fantasías imperiales y una larga historia de terror racial que siguen arraigadas en las estructuras del capitalismo estadounidense.
Como señala Nguyen: […] se trata de un legado que se extiende «desde la matanza de los indígenas hasta la explotación, el asesinato, la tortura y la violación de los pueblos africanos negros esclavizados [… ] la demonización de los inmigrantes, los repugnantes rituales de perseguirlos por las calles con agentes gubernamentales enmascarados, los espeluznantes castigos de la detención inhumana que provocan vítores y júbilo entre una parte significativa del pueblo estadounidense, animados por el aspirante a Nerón estadounidense y sus serviles secuaces, que se complacen en sus burlas e insultos.
La lucha por la ciudadanía no puede separarse de este legado ni del orden económico y cultural que se beneficia de él. Para hacer frente al fascismo, por lo tanto, se necesita algo más que defender las instituciones democráticas existentes. Exige desmantelar el capitalismo mafioso que alimenta la coacción estatal, legitima la desechabilidad y reduce la democracia a un espectáculo vacío. La lucha que tenemos por delante consiste en rechazar un sistema que equipara la libertad con los mercados, la ciudadanía con la exclusión y el beneficio con la máxima expresión del valor humano. Significa construir un futuro socialista democrático arraigado en la igualdad, la responsabilidad compartida, los bienes públicos, la justicia ecológica y la convicción radical de que cada vida importa.
Frente a la maquinaria del capitalismo mafioso, el terror fascista, la guerra permanente y la violencia de Estado, hay que recuperar la democracia como una forma de vida basada en la justicia, la solidaridad y el poder compartido. La elección que se nos plantea no podría ser más clara: o bien nos organizamos colectivamente para construir una sociedad basada en la igualdad, la libertad y la responsabilidad democrática, o bien nos rendimos ante un orden social definido por la guerra permanente, el abandono organizado, el terror de Estado y el dominio oligárquico. En tales condiciones, la democracia solo sobrevive como espectáculo, mientras que el fascismo se convierte en la lógica organizadora de la vida cotidiana. La historia sigue sin estar escrita. Que avance hacia la justicia o se hunda aún más en la barbarie depende de nuestra voluntad de imaginar otra realidad, organizarnos colectivamente, derrocar el capitalismo mafioso y construir una sociedad socialista democrática en la que la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad humana se conviertan en la medida de la política misma.
Henry A. Giroux ocupa actualmente la cátedra de Estudios de Interés Público de la Universidad McMaster en el Departamento de Estudios Ingleses y Culturales y es Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Sus libros más recientes son: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review of books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury 2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury 2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es también miembro de la junta directiva de Truthout.
Texto en inglés: CounterPunch.org, traducido por Sinfo Fernández.