“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”. –Aristóteles
Al finalizar el mes pasado, un columnista y analista de prestigio mediático, sin dejar espacio para la duda, afirmó que el Ecuador debería apostar por la minería. Bastaría, dijo, con “sentar las bases que nos impidan como nación repetir los errores del boom petrolero”. Su certeza se apoyó en una comparación tan contundente como equivocada: “el potencial geológico del Ecuador es igual al del Perú y Chile”, países que cuentan con 60 y 22 operaciones mineras de gran escala, respectivamente, “frente a las dos que tiene el Ecuador —Mirador (2019) y Fruta del Norte (2020), ambas en Zamora Chinchipe, y ambas nacidas dentro del marco de la Constitución de Montecristi o, mejor dicho, a pesar de él”.[1]
Este tipo de posicionamiento es común: quienes tienen poco conocimiento sobre un asunto, pero han sido elevados como pontífices a los altares de los grandes medios de des-información, terminan opinando de todo. Nutren su seguridad sin dimensionar lo que ignoran, y menos aún las consecuencias de sus declaraciones. Al carecer del conocimiento suficiente sobre un tema complejo como el minero, su mensaje no genera temores ni dudas, y así, montados en esas tarimas mediáticas, combinan ignorancia con soberbia.
Dejemos de lado la animadversión de este analista a la Constitución del 2008, dos veces ratificada por el pueblo en las urnas. Tampoco le demos muchas vueltas al “boom petrolero”, que luego de más de medio siglo no ha conseguido ser la esperada palanca para lograr el bienestar de toda la población; bastaría con recordar que las provincias amazónicas, destruidas por dicha actividad extractivista y otras que llegaron casi al mismo tiempo, son las más pobres de todo el Ecuador, con elevados niveles de violencia.
Empecemos por la afirmación geológica, porque es la que menos resiste el análisis. Quien la sostiene no conoce de la materia, y se nota: los Andes geológicamente no son una franja mineral homogénea. La morfología de la cordillera de los Andes no es una formación única, nos advierte el geólogo Pablo Duque, profesor de la Escuela Politécnica Nacional. La placa andina del norte de la cordillera al colisionar con la placa Caribe genera un espacio singular de inmensa biodiversidad conocido como el Choco andino. Mientras hacia el sur la cordillera del Cóndor establece los bordes y las características de la cordillera andina centro y sur, su morfología y contenido mineral. Así el suelo de Perú, Bolivia y Chile tiene otra formación geológica respecto del equinoccio andino. Los yacimientos metálicos más abundantes en oro, plata, cobre, así como también las llamadas tierras raras (litio) del continente, se concentran en estos países como resultado de una historia geológica particular -pórfidos cupríferos de escala mundial formados en esa franja específica-, lo que no se repite por igual a lo largo de toda la cordillera.
Entonces, comparar el número de minas de gran escala de esos dos países con las del Ecuador y concluir que aquí “falta” minería es, sencillamente, desconocer la geología y la historia que se invoca.
Pero el error de fondo no es solo geológico, es también de contexto. Quienes aplauden la minería como palanca de desarrollo omiten, sistemáticamente, la pregunta más elemental: ¿es viable aprovechar “responsablemente” esta actividad en un país como el nuestro? Ecuador, a más de que la minería pone en riesgo su fabulosa y única biodiversidad, combina instituciones estatales débiles y una legislación minera que favorece abiertamente a las empresas: incentivos tributarios generosos, exigencias laborales mínimas y controles ambientales reducidos, a cambio de muy poco seguimiento real de lo que ocurre en los proyectos. En ese escenario, hablar de los “beneficios” de la minería sin mencionar quién controla el territorio y quién audita la infraestructura minera es, cuando menos, una omisión interesada. Esto se agrava con los altos índices de corrupción, mafias muy activas y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
A esa debilidad institucional se suma un problema práctico y poco discutido: las entidades estatales encargadas de controlar y fiscalizar la minería sufren una grave falta de personal técnico capacitado. No se trata solo de que las leyes sean laxas, sino de que ni siquiera existe la capacidad humana para hacerlas cumplir, sea para inspeccionar si las empresas cumplen con las actividades aprobadas, planes de manejo, correcto uso y tratamiento del agua, desecho apropiado de sustancias peligrosas, etc.
A esta ecuación se suman las llamadas “puertas giratorias”, por las que ministros, viceministros y directores ministeriales pasan a ser representantes de empresas mineras, y viceversa, mientras dirigentes comunitarios cooptados se convierten en “promotores” de esas mismas empresas, que asumen papeles que corresponderían al Estado -construir escuelas, centros de salud, vías y puentes- como estrategia para ganarse la voluntad de las comunidades, a las que, de ser necesario, se las divide despiadadamente. A ello se añade la ausencia de un verdadero Estado de derecho: cortes de justicia poco independientes y tratados de protección de inversiones que sobreprotegen al capital extranjero terminan por dejar a las comunidades y a la Naturaleza en la indefensión frente a leyes ya de por sí sesgadas a favor de las empresas. Un régimen legal permisivo, administrado por instituciones vaciadas de capacidad técnica, no produce minería responsable: produce impunidad con permiso oficial.
A esto se añade la geografía del país. Ecuador es altamente sísmico con una extraordinaria biodiversidad. La mayoría de las concesiones mineras se ubican precisamente en las zonas de mayor fragilidad ecológica: las altitudes medias de los Andes, los bosques nublados y los bosques montanos y pre-montanos aledaños, los páramos, las selvas; es decir ecosistemas reconocidos por la propia Constitución como frágiles. Se trata de los territorios de mayor biodiversidad del país y los que alimentan de agua a cientos de comunidades y ciudades. Construir infraestructura minera de gran escala -incluidas piscinas de relaves de cientos de metros de altura- sobre suelo sísmicamente activo y en cabeceras de cuenca no es un detalle técnico menor: es un riesgo estructural que los promotores de la minería prefieren no mencionar.
Los impactos ambientales, además, no son un efecto colateral evitable: son inherentes a la actividad. La mayoría de los yacimientos de oro y cobre del Ecuador contienen concentraciones muy pobres del metal -con frecuencia menos de un gramo de oro por tonelada de mena y menos de cinco kilogramos de cobre por tonelada de mena-, lo que obliga a remover volúmenes descomunales de roca y tierra para obtener cantidades ínfimas de mineral. A modo de botón de muestra, el proyecto Mirador, en la Cordillera del Cóndor, remueve 140 mil toneladas de material al día -equivalente al volumen de una cancha de fútbol (105 x 68 metros) con una capa compacta de roca y tierra de más de 11 metros de altura-, lo que, al cabo de poco más de veinte años, dejará un cráter de 1,5 kilómetros de diámetro por 1 kilómetro de profundidad y una escombrera -depósito de materiales sólidos- equivalente a unos 11 Panecillos de Quito. Sus relaveras almacenarán cerca de 1.160 millones de metros cúbicos de un coctel tóxico -volumen equivalente a unos 7 lagos San Pablo-; una de las dos relaveras, con una pared de 300 metros de altura, según especialistas, tiene una probabilidad considerable de colapsar, tanto por su magnitud como por la tecnología empleada. El gigantismo se este proyecto se constata en el consumo de agua: 50 millones de litros de agua al día, y en el consumo de electricidad: igual a la demanda de 1,8 millones de habitantes, en un país cuyo sistema eléctrico está colapsado.
Desde la fase de exploración -perforaciones, apertura de caminos, deforestación, uso intensivo de agua y diésel- hasta el cierre de operaciones, los pasivos ambientales se acumulan: contaminación de acuíferos, drenaje ácido de minas que puede prolongarse por siglos, y la destrucción de bosques, hábitat de especies en peligro de extinción y fuente de agua para comunidades enteras. Las empresas, por regla general, no reservan capital suficiente para remediar estos daños. Es más, muchas veces, refugiadas en subsidiarias registradas en paraísos fiscales, cuando se acerca el momento del cierre las mineras se retiran, trasladando las costosas tareas de remediación a comunidades, gobiernos locales y gobierno nacional, sin asumir su responsabilidad. En suma, se sacrifican territorios en beneficio de pocas empresas y personas.
Los beneficios económicos y sociales prometidos, en cambio, se desvanecen con facilidad. A escala global la minería emplea a menos del 1% de la fuerza laboral -en Perú y Chile, países que el analista pone como ejemplo, no llega ni al 2%. Allí los conflictos socioambientales están a la orden del día. Mencionemos todos los beneficios fiscales y crediticios que obtienen las mineras en estos países para entender que, como sucede muchas veces, mucho más es el ruido que las nueces.
Un detalle adicional, entre el 80% y 90% de esos empleos en las minas son ocupados por hombres, lo que recarga sobre las mujeres las tareas domésticas y del campo, además de exponerlas a los problemas sociales que suelen acompañar los campamentos extractivistas: prostitución, alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar.
Con un análisis de costo-beneficio extendido, en el tiempo y tomando en consideración todos los factores, desaparecen como humo las ventajas con las que la propaganda minera se cobija. Los cálculos sobre los ingresos fiscales que generaría la actividad son, en su mayoría, proyecciones de las propias empresas, no verificadas de forma independiente, ya que el contenido real de los yacimientos se desconoce con precisión en al menos el 90% de los casos. Como estrategia para atraer inversionistas y presionar a los países para aprobar proyectos mineros, las empresas generalmente publican cálculos y proyecciones sobredimensionados, los que, además, normalmente, no incorporan los costos ecológicos y sociales. Y cuando el país se vuelve dependiente de esos ingresos, siempre escasos, termina relegando sectores como la agricultura o el turismo, para luego tratar de enfrentar el colapso cuando el mineral -no renovable, al fin y al cabo- se agota… tal como sucede con el petróleo.
No solo que la minería tiene costos ambientales y sociales muy elevados, como en cualquier lugar del mundo. En un país con las características institucionales y con una única biodiversidad, todos esos costos se multiplican y los beneficios se diluyen. Adicionalmente, tal como ocurre con el petróleo, las violencias y la corrupción no son un efecto secundario de la actividad minera: son una condición necesaria, que muchas veces la precede y siempre la acompaña y la potencia. Son violencias que golpean no solo a las comunidades y a la Naturaleza en los territorios directamente afectados, sino también a la democracia, a la justicia y a la economía en su conjunto, y que se agravan a medida que esta forma de acumulación se entrelaza con distintas modalidades del crimen organizado.
Un punto más. El analista en mención sostiene, además, en un artículo del año pasado, que “la minería ilegal es hoy en día un fenómeno mundial que aniquila el medioambiente, especialmente ríos, a los que contamina sin misericordia; viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes trabajan en ella; destruye comunidades enteras; y es motor imparable de enriquecimiento ilícito” [2]. Una brutal realidad sin duda alguna, pero que es mucho más aguda en la minería formal -presentada por la propaganda como responsable y hasta sustentable-, puesto que ella, por su magnitud, contamina comunidades y Naturaleza de forma mucho más vasta y perversa.
Lo cierto es que permeabilidad institucional es aprovechada tanto por la minería formal como por la informal. Por un lado, aprobar estudios de impacto ambiental truchos o deficientes, no atender denuncias de contaminación, omitir inspecciones, ocultar problemas estructurales que podrían derivar en colapsos de relaveras: todo eso es moneda corriente en muchas partes, más aún en un país donde el control estatal es, en el mejor de los casos, intermitente. Por otro lado, a pesar de que la localización de la minería realmente ilegal es públicamente conocida al menos desde hace casi seis años, cuando se publicó el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, los sucesivos gobiernos no han hecho un esfuerzo serio para combatirla. Así, el discurso oficial que atribuye la violencia, el caos social y la contaminación exclusivamente a la “minería ilegal”, exculpando a la “legal”, no resiste el contraste con la evidencia: en la práctica ambas conviven, es posible que se financien mutuamente y que compartan, muchas veces, los mismos territorios y hasta los mismos compradores del oro extraído.
Ningún proyecto minero en Ecuador, además, ha cumplido cabalmente con el mandato constitucional que exige que el Estado participe de los beneficios en un monto no inferior al de la empresa que explota el recurso (Art. 408). Tampoco se han observado las disposiciones constitucionales sobre la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades (Art. 57), la consulta ambiental para el resto de la sociedad (Art. 398) o la consulta pre-legislativa (Art. 57.17). La disyuntiva entre minería “legal” e “ilegal” es, en ese sentido, una falsa dicotomía, pues la llamada minería legal tampoco cumple con la Constitución del 2008. En definitiva, con estas actividades extractivas se pisotean los Derechos Humanos colectivos e individuales, así como los Derechos de la Naturaleza.
Finalmente, apuntalar el supuesto potencial minero del Ecuador citando instituciones y organismos internacionales en términos generales -como suelen hacerlo el Banco Mundial, el BID y actores afines, interesados en asegurar el suministro de recursos a los países enriquecidos- no hace sino confirmar la audacia que mueve este tipo de afirmaciones. Esperemos que analistas como Hernán Pérez Loose se informen antes de opinar, y que medios como El Universo y Teleamazonas busquen siempre voces autorizadas que comuniquen con conocimiento de causa -o, al menos, que contrarresten- las fábulas pro-mineras que hoy difunden.
12 de agosto del 2026
[1] Diario El Universo, 21.07.2026 www.eluniverso.com/opinion/columnistas/espejo-de-errores-nota/
Teleamazonas, 31.07.2026 https://www.youtube.com/watch?v=f7zLU7fCY6g
[2] Diario El Universo, 21.10.2025 https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/mineria-ilegal-nota-2/
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