La ciudad de Ceuta está viviendo una fuerte crisis humanitaria y migratoria. Los pasados 30 y 31 de julio entraron, de forma irregular, más de 70.000 personas, procedentes de Marruecos, la mayoría jóvenes, sobre todo a través del mar, poniendo sus vidas en riesgo. Hasta ahora se han encontrado más de 140 cadáveres. El hecho y sus imágenes han conmocionado a los habitantes de la ciudad -pocos más de la cifra de llegados-, que ha visto desbordadas sus capacidades de acogida.
En los días siguientes, la mayoría ha regresado a Marruecos, disminuyendo la tensión global, pero han permanecido varios miles, muchos subsaharianos y, en particular, más de mil menores de edad, con una parte significativa de chicas. Todo ello exige un tratamiento humanitario y el escrupuloso respeto a los derechos humanos. El foco cívico principal debería ser la atención a esas personas.
Paralelamente, hay que comprender el fenómeno, con la diversidad de factores e intereses en juego, que apuntan a las distintas actitudes respecto de la acogida, el retorno y la seguridad colectiva, así como al aprovechamiento político de diferentes agentes y a la estrategia de conjunto, estatal y europea, sobre la inmigración, los derechos humanos o el impacto geopolítico.
Esa entrada masiva, en este momento concreto, se explica por dos tipos de causas. Una inmediata, la permisividad, cuando no colaboración activa, de las autoridades marroquís. Las razones expuestas para esa abierta tolerancia son diversas, y hacen referencia a la advertencia prepotente del Régimen marroquí respecto del Gobierno español y la UE, para hacer valer sus intereses estratégicos y exigir mayor reconocimiento y recursos.
Entre sus motivos podemos destacar: demostrar su capacidad de control poblacional para amenazar la integridad territorial de Ceuta y Melilla, ciudades cuya soberanía reclama; consolidar su apropiación del Sáhara y frenar cualquier gesto de acercamiento español a Argelia; reforzar su papel en el control del Estrecho y su alianza con EEUU e Israel; debilitar al gobierno español progresista, en particular su política internacional diferenciada del trumpismo.
Por último, el Gobierno marroquí se beneficia del chantaje a España y la UE, elevando su precio ante el encargo -financiado- de ejercer un papel de gendarme norteafricano para el control de la inmigración, con los mecanismos de contención y recepción de personas retornadas. Deriva de la estrategia europea restrictiva y la externalización de sus fronteras, que muestra su vulnerabilidad al estar dependiente de esos intereses ajenos volubles, que se ve forzada a asumir.
La contrapartida a esas ventajas para el Gobierno marroquí es su daño reputacional, la expresión de la masiva desconfianza popular y juvenil en el progreso de su trayectoria, así como, en sentido institucional, por su incumplimiento de sus deberes de control contraídos con la UE.
La profunda brecha socioeconómica, sin expectativas de ascenso social
Hay otra causa más profunda que explica la motivación de fondo de esa masiva activación de la población migrante: la grave brecha de desigualdad socioeconómica entre el nivel de vida medio en la sociedad magrebí (y todavía más en la subsahariana) y la sociedad española y europea, a la que se añade la inseguridad por las insuficientes garantías democráticas.
Esa frontera separa el mayor desequilibrio socioeconómico mundial entre el Norte y el Sur Global. La diferencia de renta per cápita es de más de seis veces. La renta por habitante no llega a 5.000 euros en Marruecos, con un fuerte paro juvenil, y es en torno a 30.000 euros en España. No hace falta detallar el gran desnivel de condiciones vitales y sociopolíticas con el conjunto de países africanos.
Se trata de una dura realidad socioeconómica, con la persistente dinámica neocolonial, los desequilibrios mundiales y los conflictos geopolíticos, sin garantías de un desarrollo social y económico equitativo. A ello hay que añadir la perspectiva de un gran ascenso demográfico y el bloqueo institucional de sus diversas élites gobernantes. Todo ello constituye un claro motor para huir de la pobreza, la inseguridad o la ausencia de expectativas y buscar una mejora vital a través de la migración.
Esa dinámica estructural se combina con una coyuntura en la que, por distintos canales, se divulga la facilidad de la inserción en un contexto social más favorable. Es cuando aparecen la manipulación de las expectativas sobre el fácil acceso y la frustración (parcial) consiguiente.
Los poderosos del Norte, en particular el trumpismo y las derechas reaccionarias europeas, hoy dominantes, no se plantean cambiar esa trayectoria de dependencia y control poblacional; todo lo contrario, se acentúa el autoritarismo y las medidas de seguridad. Pretenden reforzar su dominio sobre el Sur Global y sus enormes recursos, con el sometimiento de sus poblaciones y la connivencia de algunas de sus élites gobernantes.
El instrumento dominante de los Estados desarrollados es la estrategia institucional de contención de esa tendencia migratoria, que se ha endurecido recientemente, sin planes de desarrollo significativos para el Sur Global, con reequilibrio de la desigualdad mundial. Lo muestra el ICE estadounidense o la última normativa europea sobre devolución inmigrante (y asilo) a terceros países, sin respeto a los derechos humanos.
Las ultraderechas, con su autoritarismo y su supremacismo, resultan funcionales para esa defensa del estatus privilegiado de las élites del Norte. Las derechas tradicionales van sucumbiendo a esta involución y pactan con la reacción ultra. Se modifica cierta tradición cívica, integradora y reguladora; se llega a la segregación y el supremacismo respecto de la población instalada de origen inmigrante, incluso asentada y de varias generaciones.
El objetivo de la segregación y el supremacismo
El control de fronteras y la restricción de la inmigración, con un refuerzo de los sistemas de seguridad, se combina con otro objetivo fundamental: la consolidación de la segregación interna; la política cultural e identitaria asimilacionista, sin respeto a la diversidad; la ruptura de la convivencia intercultural, y el desarrollo del nacionalismo excluyente y el fanatismo religioso.
Supone una reestructuración social y política a gran escala. Por una parte, con la ampliación de la división popular y el pretendido refuerzo del supremacismo de la población autóctona, como compensación (fallida) a las capas populares nativas para conseguir su apoyo social y de legitimación de esa involución social, ética y democrática. Por otra parte, con la reafirmación de las élites dominantes, con su modelo político autoritario y su sistema económico neocolonial.
Estas décadas se ha producido una gran inmigración en los países europeos, incluido Reino Unido. Además de la procedente del Este europeo (con el impacto de la actual de Ucrania) y de Latinoamérica (mayoritaria en España), la parte de origen musulmán, norteafricana o asiática, es relevante (en España, en torno al millón); junto con la de origen subsahariano, son los bloques demográficos y étnico-culturales que sirven de pretexto principal para impulsar el discurso y las medidas racistas.
El pacto Meloni/Frederiksen expresión de la regresión racista
El pacto entre la ultra italiana Meloni y la socialdemócrata danesa Frederiksen viene de lejos. Impulsan una política de asilo más restrictiva y favorable a la externalización de la gestión migratoria, con centros extranjeros de repatriación y deportación.
Su punto de partida es el (supuesto) impacto negativo de la inmigración ilegal, con el “aumento de las tasas de criminalidad”, la “mayor presión sobre los servicios públicos” y la erosión de “la confianza en las instituciones públicas”. Incluso, frente a la tradición laica de los Estados europeos, se declaran defensoras de “los valores europeos” … relacionados con el “patrimonio cultural cristiano de Europa”.
Ofrecen un sesgo identitario-religioso, excluyente y segregador, ante la diversidad de opciones ideológicas y religiosas, cuando la referencia europea ha sido una ciudadanía inclusiva secularizada. Esa evolución europea se había construido, prácticamente, desde las guerras religiosas del siglo XVI y, especialmente, con la nueva ciudadanía política y social, basada en los ideales ilustrados, la revolución francesa y los Estados democráticos: igualdad, libertad, solidaridad. Frente al laicismo, como marco común para construir la convivencia intercultural y la cohesión social, la reacción ultraconservadora, segregadora y racista, desde la tradición imperialista y colonial, impone un retroceso civilizatorio.
La trayectoria de las ultraderechas está inserta en esta dinámica reaccionaria, antidemocrática y de discriminación étnico-cultural (y de opción sexual y de género), que tiene un carácter de subordinación clasista y neocolonial. Y ahora asistimos al gradual desplazamiento de las derechas tradicionales hacia esa recomposición estratégica y discursiva.
El comunicado de 22 gobiernos europeos, la mayoría de derechas, contra la gestión del gobierno progresista de Sánchez es significativo de esa confrontación de una estrategia autoritaria frente a un mínimo respeto por los derechos humanos, que incluye la actual regularización inmigrante en España y la actitud propalestina.
Lo más novedoso es la incorporación de un Gobierno socialdemócrata, como el danés, a esta deriva derechista y racista. Expresa el agotamiento de una determinada opción de progreso, ya no solo con la clásica tercera vía centrista, sino hoy abiertamente supremacista e insolidaria. Su justificación se basa en su utilidad para asegurar el poder gubernamental, si bien, a costa de la división de sus bases sociales populares y frente a la tradición igualitaria y defensora de los derechos humanos de las izquierdas. Como en otras circunstancias, ese cortoplacismo electoralista de la socialdemocracia suscitará el fiasco de su opción política.
Se trata de un reagrupamiento político-ideológico reaccionario, a raíz de esta crisis en Ceuta. Pone de manifiesto la necesidad de una política sobre la inmigración basada en los derechos humanos y la convivencia intercultural. Es fundamental para una opción progresista.
Antonio Antón es sociólogo y politólogo
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