La Confederación General del Trabajo (CGT) hace públicas las cifras millonarias que la empresa ha desembolsado en los últimos años para abordar los costes jurídicos y las sanciones aplicadas por la Inspección de Trabajo.
Desde el sindicato afirman que “ante la enorme opacidad de Correos, el Portal de Transparencia se ha convertido en una de las herramientas más útiles para conseguir información objetiva sobre temas de gran relevancia”.
En un comunicado reciente, revelan que la empresa habría abonado en cuatro años más de 4,2 millones de euros en concepto de asistencia y representación jurídica a la Abogacía General del Estado y más de medio millón a asistencia jurídica externa, sumando una partida total de cerca de 4,8 millones de euros.
“Hablamos de más de un millón anual destinado a defenderse de quienes se atreven a judicializar los conflictos surgidos ante el despotismo y la falta de diálogo que caracteriza a una empresa cada vez más autoritaria”, critican desde la organización anarcosindicalista.
En lo que respecta al pago de multas derivadas de sanciones e incumplimientos en materia de seguridad y salud, CGT denuncia que “entre los años 2022 y 2025, Correos ha optado por destinar cerca de 837.000 euros, en lugar de cumplir con su mandato legal de proteger la salud de toda la plantilla”.
Desde el sindicato llevan años oponiéndose a una política de recorte de plantilla y precarización del empleo que definen como “estructural”, la cual afecta directamente a la calidad del servicio público.
“Nos dicen que no hay dinero para contratar, para mejorar las condiciones laborales y salariales, para reconvertir las jornadas parciales en completas o dotarnos de materiales y vehículos en buen estado para desempeñar las labores diarias. Por el contrario, los datos evidencian que se gastan millonadas no solo en sueldazos y bonus directivos, sino en la “batalla judicial” contra la plantilla, el mantenimiento del maltrato a nuestros derechos y la falta de seguridad en los centros de trabajo”, sentencia CGT.
Finalmente, reclaman la dimisión de Pedro Saura como Presidente de Correos y el abandono de la aplicación de políticas neoliberales en la sociedad estatal y el resto del sector público, por considerar que van contra el carácter social y las necesidades de la mayoría trabajadora de todo el Estado.