Hay un hayedo en Urbasa que lleva siglos construyendo su silencio. Un bosque atlántico de hayas centenarias, musgo sobre roca caliza, hábitats catalogados como de interés comunitario prioritario por la Directiva europea, zona ZEC de la Red Natura 2000, Parque Natural declarado por Ley Foral desde 1997. Un lugar que, en cualquier democracia que se tome en serio la protección ambiental, debería ser intocable salvo justificación pública extraordinaria, sometida a evaluación de impacto, publicada en el Boletín Oficial y accesible a cualquier ciudadano que quiera fiscalizarla.
Este verano de 2026, ese hayedo se ha convertido en el escenario de rodaje de “Cascade”, una película de acción real producida bajo el amparo de Disney y ejecutada por la productora malagueña Ánima Stillking Films S.L., que opera en Navarra bajo el nombre comercial de Sol Films 2026 S.L. La historia se basa en un cuento de los Hermanos Grimm. El paisaje elegido para ambientarla, el Hayedo de Gazbide, en Urbasa. Y el Gobierno de Nafarroa, que debería ser el primero en defender ese espacio frente a cualquier uso que lo comprometa, ha sido el primero en abrirle la puerta.
Para entender por qué ocurre esto, hay que entender primero lo que Urbasa y la Sakana representan en el imaginario turístico que el Gobierno de Nafarroa lleva años construyendo con entusiasmo y escasa autocrítica.
La Sierra de Urbasa y Andía es uno de los espacios naturales más visitados de Nafarroa. Su accesibilidad desde el eje Iruñea-Gasteiz, la espectacularidad del hayedo y la singularidad del karst han convertido la zona en destino consolidado de turismo rural, senderismo y turismo de naturaleza. La Sakana, el valle que se extiende al norte de la sierra, con sus pueblos de arquitectura vernácula, su red de senderos y su paisaje de montaña media atlántica, forma parte del mismo reclamo turístico que las instituciones promueven bajo el paraguas del «turismo sostenible» y el «turismo de experiencias en la naturaleza».
El problema es que ese discurso institucional sobre el turismo sostenible convive, sin aparente contradicción, con una política de apertura sistemática de los espacios naturales protegidos a usos que los propios planes rectores deberían limitar o prohibir. Cada vez que llega un proyecto con suficiente músculo económico o mediático, el argumento de la promoción turística actúa como llave maestra que abre puertas que la ley ambiental había cerrado. El turismo sostenible se invoca para justificar exactamente las intervenciones que lo hacen insostenible.
En la Sakana, esa tensión se vive desde hace años. Pueblos como Ziordi, Olazti, Altsasu, Urdiain Iturmendi, Bakaiku o Etxarri-Aranatz conviven con la presión de un modelo de desarrollo territorial que oscila entre el abandono del mundo rural y la irrupción puntual de proyectos de gran escala que llegan desde fuera, se negocian sin participación local real y dejan tras de sí consecuencias que las comunidades locales no fueron consultadas para asumir. La promesa del empleo y del impacto económico es siempre el argumento. Las preguntas sobre el coste ambiental y la irreversibilidad de las afecciones raramente encuentran respuesta antes de que el proyecto esté consumado.
En este contexto hay que situar lo que está ocurriendo en Urbasa este verano. Los documentos que obran en poder de quienes han tenido acceso a ellos —no gracias a la transparencia institucional, sino a pesar de su ausencia— revelan la escala de lo que se autorizó. El Servicio Forestal y Gestión Cinegética del Gobierno de Nafarroa firmó el 29 de mayo de 2026 una resolución que autoriza a Sol Films, entre otras cosas a: el ensanchamiento y mejora con zahorra y balasto de la pista forestal Gazbidea para permitir el paso de maquinaria pesada; el acceso de dos manipuladores telescópicos Manitou de hasta 18 metros de altura al interior del hayedo; una grúa de 40 toneladas en la explanada previa al hayedo; la instalación de estructuras metálicas ancladas a los árboles; el tendido de cables entre hayas centenarias para sistemas de cámara aérea; persecuciones de caballos al galope entre los árboles; vuelo de drones desde las cero horas hasta las veinticuatro horas durante varios días; efectos especiales con destellos y ruidos en un espacio donde la normativa prohíbe expresamente los ruidos innecesarios que perturben a la fauna silvestre; y el cierre temporal del sendero balizado de Zelaiaundi, de uso público, sin publicación oficial de ningún tipo.
La justificación que el propio Gobierno de Navarra consigna en la resolución para autorizar todo esto en un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000 es la siguiente: que el rodaje “se promociona los espacios naturales de Navarra como estrategia de Gobierno de Navarra”. Disney va a sacar Urbasa en una película, y eso basta. El argumento es tan endeble que cuesta creer que esté escrito en un documento oficial firmado por un funcionario público. Pero está.
Lo que no está, en cambio, es lo que debería estar. No hay en el expediente conocido ningún informe técnico de evaluación de impacto ambiental previo a la autorización. No hay pliego de condiciones detallado con medidas correctoras verificables. No hay publicación en el Boletín Oficial de Navarra de una autorización que restringe el uso público de un espacio natural protegido. No hay entrada en el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra. Nada de eso existe en los canales oficiales donde debería estar desde el primer día, según exigen el Convenio de Aarhus, la Directiva Europea 2003/4/CE, la Ley estatal 27/2006 de acceso a la información ambiental y la propia Ley Foral 5/2018 de Transparencia de Navarra.
La ciudadanía no sabe nada de esto, tampoco la gente de las localidades más cercanas. Solo rumores de lo que ven quienes caminan por la zona y encuentran accesos cortados, maquinaria en el bosque, y personal de seguridad privada controlando el perímetro. Quienes intentan acercarse a comprobar lo que está ocurriendo en un espacio de titularidad pública encuentran obstáculos que ninguna ley ambiental autoriza. Y quienes preguntan a las instituciones no reciben respuesta o es esquiva. El oscurantismo, en este caso, no es una impresión subjetiva: está documentado.
Fue una vecina de Iturmendi, María Gema Urdanitz Etaio, quien decidió ejercer formalmente lo que la ley le reconoce. El 8 de agosto de 2026 presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra una solicitud de acceso a la información pública ambiental, pidiendo exactamente tres documentos: la resolución de autorización excepcional, el informe técnico ambiental y el pliego de condiciones impuesto a la productora. Tres documentos concretos, perfectamente individualizados, que en cualquier administración transparente deberían estar indexados y accesibles desde el día de su firma.
La respuesta del Gobierno de Navarra llegó el 14 de agosto. No eran los documentos solicitados. Era una notificación comunicando que, debido al “volumen de la información solicitada”, el plazo de respuesta se ampliaba a dos meses. Dos meses para localizar tres documentos que, si existen —y deben existir porque la autorización se concedió—, están archivados en el mismo servicio que los firmó.
Gema Urdanitz no se conformó. El 17 de agosto presentó un escrito de oposición a esa prórroga que es un ejemplo de ciudadanía ejercida con rigor y responsabilidad ciudadana. En él argumenta, con cita normativa precisa, que la prórroga carece de motivación suficiente porque tres documentos concretos no constituyen un volumen complejo de información; que la dilación priva de efectividad al derecho de participación ciudadana porque el rodaje está ocurriendo ahora mismo y cuando llegue la respuesta las posibles afecciones sobre los hábitats ya estarán consumadas e irreversibles; y que la ausencia de publicación activa vulnera simultáneamente la Ley Foral de Transparencia, la legislación estatal de acceso a la información ambiental, el Convenio de Aarhus y la Directiva Europea 2003/4/CE. Y concluye con una frase que merece ser citada: “La Administración no puede ampararse en una prórroga por “volumen” para ocultar expedientes que, por Ley, debieron estar indexados y accesibles digitalmente desde el día de su firma”.
Tiene razón. En cada una de sus argumentos. Y el hecho de que una vecina de un pueblo de la Sakana tenga que llegar a ese nivel de precisión jurídica para ejercer un derecho que la ley le reconoce sin condiciones dice algo muy preciso sobre el estado de la transparencia institucional en Nafarroa cuando los intereses en juego son suficientemente grandes.
Porque aquí no estamos hablando de una autorización para una actividad menor en un espacio periférico. Estamos hablando de una intervención de envergadura industrial —maquinaria pesada, grúas, cables anclados a árboles centenarios, animales al galope— sobre el Hayedo Gazbide en Urbasa, uno de los emblemas más reconocibles del patrimonio natural navarro, en plena temporada de máxima afluencia de visitantes, en un espacio integrado en la Red Natura 2000, con hábitats de conservación prioritaria que incluyen pastizales mesofíticos acidófilos, brezales higrófilos atlánticos y hayedos atlánticos acidófilos cuya perturbación puede tener efectos que ninguna cláusula de «restauración al estado original» garantiza revertir.
Y el argumento que lo justifica todo es el turismo. La visibilidad internacional. La imagen de Nafarroa proyectada en una pantalla de Disney. Es exactamente el mismo argumento que llevan años usando para abrir espacios protegidos de la Sakana y de todo el territorio navarro a usos que sus planes de gestión no contemplan o directamente prohíben: que el impacto mediático o económico a corto plazo compensa el coste ambiental a largo plazo. Es el turismo como coartada, no como proyecto. Y funciona porque las instituciones que deberían decir que no son las mismas que diseñan las campañas de atracción turística y que se fotografían con los productores cuando el proyecto tiene suficiente lustre.
Lo que los vecinos de la Sakana llevan años señalando, a veces con dificultad para encontrar quien los escuche, es que la presión turística sobre sus valles y sus sierras no se gestiona con criterios de sostenibilidad real sino con criterios de oportunidad y de imagen. Que cuando llega un proyecto con nombre internacional en la portada, los procedimientos se agilizan, las autorizaciones se conceden y la transparencia se convierte en un obstáculo a gestionar en lugar de en una obligación a cumplir. Que el precio de esa política lo paga el territorio. Y que quienes viven en ese territorio, quienes lo conocen desde siempre, quienes dependen de su integridad ecológica para seguir habitándolo con dignidad, raramente son consultados antes de que alguien decida que su bosque es un buen decorado para una película de cuento.
Pero hay dos elementos muy importantes a consignar. Uno: todos estos pueblos se rigen por costumbres y ancestrales, como son los lotes de leña, el trabajo en auzolan, formas de vida comunitaria y sostenible que con estas actuaciones se ven absolutamente quebradas dado que sus habitantes no tienen ni arte ni parte en este tipo de actuaciones ordenadas y ejecutadas por la Administración foral y que ponen en cuestión estas tradiciones. Dos: ¿donde están los partidos no gubernamentales para investigar lo que está ocurriendo y realizar las actuaciones oportunas para impedir que actos de esta naturaleza se sigan cometiendo?
El Hayedo de Gazbide tiene este verano grúas de 40 toneladas, caballos al galope, cables entre sus hayas y drones sobrevolándolo de madrugada. Todo ello autorizado por el Gobierno de Navarra en nombre de Disney y de una película que, cuando se estrene, mostrará al mundo la belleza de un bosque navarro. La misma belleza que, mientras se rodaba, no merecía el amparo que la ley exige. Ni la transparencia que la ciudadanía tiene derecho a reclamar. Ni la consulta a quienes viven al pie de ese bosque y que, otra vez, se han enterado demasiado tarde y por los cauces equivocados.
Gema Urdanitz preguntó. El Gobierno de Navarra le respondió con dos meses de espera. Cuando llegue la respuesta, el hayedo ya habrá guardado en silencio lo que le hicieron. Como lleva siglos haciendo. Pero esta vez hay alguien que tomó nota.
Txema García, periodista y escritor
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