La estrategia de oposición del PP al gobierno de coalición de Pedro Sánchez, le dirige al endurecimiento de los discursos políticos en torno a la frontera sur, a lo que se une el bloqueo institucional a los mecanismos de acogida , todo ello con el objetivo de aumentar la oposición al gobierno a través del aumento de la hostilidad social y los episodios de violencia contra las personas migrantes.
El uso de marcos discursivos basados en la idea de «asalto» a la soberanía nacional —promovido por figuras como el expresidente José María Aznar en su visita a Ceuta— desplaza el debate desde el ámbito de los derechos humanos y la protección internacional hacia un escenario de amenaza existencial. Al exigir la expulsión indiscriminada sin diferenciar situaciones de especial vulnerabilidad, asilo o minoría de edad, se deshumaniza a las personas que llegan a la frontera.
Este encuadre bélico o de choque identitario legitima socialmente la idea de que la presencia migrante constituye una agresión foránea que debe ser repelida por cualquier medio, desdibujando la frontera entre la discrepancia política y la incitación a la xenofobia.
La negativa de diversos gobiernos autonómicos a participar en el reparto solidario y vinculante de menores no acompañados traslada una presión desproporcionada a los territorios de frontera.
La resistencia a financiar y acoger a menores no solo contraviene normativas de infancia y sentencias del Tribunal Supremo, sino que confina la emergencia en el entorno local de Ceuta, alimentando una sensación artificial de abandono y saturación ciudadana.
La propagación continuada de bulos y discursos hostiles tiene un traslado directo e inmediato en las calles de la ciudad autónoma. En la playa del Trampolín se han registrado concentraciones de civiles que han arrojado al mar pertenencias, colchones y mantas de personas que dormían a la intemperie.
Asimismo, este clima de crispación ha derivado en amenazas explícitas contra el voluntariado y el personal humanitario, llegando a bloquearse los camiones de Cruz Roja encargados del reparto básico de comida. La estigmatización de la población musulmana y de los menores migrantes convierte la labor humanitaria en objetivo de la ira popular, evidenciando cómo la instrumentalización electoral de la migración fractura la cohesión social y deriva en violencia física e intimidación comunitaria.
Esta actuación no responde a una simple reacción identitaria, sino a una estrategia política y económica calculada: legitimar la devaluación estructural de la mano de obra migrante para garantizar los márgenes de beneficio del empresariado.
La retórica de securitización y amenaza a la soberanía promovida por dirigentes conservadores opera como un mecanismo de domesticación laboral. Al despojar de valor humano a las personas extranjeras, se construyen las condiciones materiales y simbólicas para que la explotación sea socialmente tolerada sin provocar un estallido social.
Esta arquitectura ideológica divide a la clase trabajadora enfrentando a nacionales y extranjeros, persuadiendo a las clases más precarizadas de que el foráneo es su oponente y no un compañero sometido al mismo sistema de extracción de rentas.
La paradoja discursiva de exigir expulsiones masivas convive con la necesidad material de sostener actividades económicas que dependen de mano de obra hiperprecarizada. Los grandes sectores extractivos y de servicios —como la agroindustria intensiva, la hostelería o los cuidados— precisan contingentes laborales que no puedan rechazar jornadas extenuantes ni salarios por debajo del umbral de subsistencia.
La amenaza permanente de expulsión no busca vaciar los campos ni los tajos, sino mantener a los migrantes en una situación de irregularidad crónica que les impida exigir contratos dignos o denunciar abusos patronales. Se neutraliza así el conflicto laboral: el discurso de que «los españoles no quieren trabajar» encubre la negativa a aceptar condiciones de indignidad que solo una población despojada de derechos está forzada a asumir.
El valor asignado a la fuerza de trabajo se gradúa mediante marcadores raciales y de género, acentuándose cuando se trata de mujeres migrantes, como evidencian los abusos sufridos históricamente por las temporeras agrícolas. La naturalización de la desigualdad salarial y vital exige que la percepción social del trabajador migrante sea asimétrica: si no se les reconoce el mismo valor intrínseco, la sociedad asume que no deben disfrutar de los mismos derechos.
Este esquema culmina en episodios de hostilidad en enclaves fronterizos como Ceuta, donde la ira popular es dirigida contra los migrantes y contra el auxilio humanitario. El racismo actúa como la estrategia de legitimación de la explotación, canalizando el malestar de los sectores nacionales hacia los más débiles y blindando los intereses de las élites económicas.
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