El gobierno actuó injustamente al tratar el caso del activista y académico palestino Sami Al-Arian, acusado de liderar un grupo terrorista. A cinco años de su detención, está hace casi un mes en huelga de hambre. Al-Arian tomó la medida ante los intentos de un fiscal del nororiental estado de Virginia de obligarlo a comparecer […]
Su negativa a testificar en la audiencia determinaría su permanencia en prisión más allá del fin de su condena a 57 meses de cárcel, que se cumplirá el 11 de abril.
Desde el 3 de este mes, Al-Arian no ha probado bocado ni tomado los medicamentos que le han prescripto. Ha perdido casi 14 kilogramos de peso.
Sus familiares y abogados lograron convencerlo de que tomara líquido la semana pasada, cuando parecía padecer una deshidratación avanzada.
El miércoles, Al-Arian fue transferido a un hospital dependiente del sistema del Buró de Prisiones, donde, según su defensa, es sometido a un «draconiano protocolo para casos de huelga de hambre».
El jefe de sus abogados, Jonathon Turley, dijo que no tiene obligación de testificar. Pero la negativa de Al-Arian a hablar puede llevar a los fiscales a acusarlo de «desacato», lo cual le impediría abandonar la prisión en abril, cuando complete su condena.
Según expertos en derechos humanos, la maniobra del fiscal equivale a una política de detención indefinida de facto.
Luego de que Al-Arian pasara dos años y medio detenido, el gobierno no pudo elevar una sola acusación en su contra, a pesar de que constituía uno de los casos sobre terrorismo más destacados.
El reo fue calificado entonces por quien ocupaba el cargo de secretario de Justicia (fiscal general), John Ashcroft, de líder de una organización palestina violenta.
Al-Arian decidió librar a su familia de otro largo juicio al declararse culpable de un cargo menor, el de asistencia a personas vinculadas con el grupo palestino Jihad Islámica, incluido en la lista de organizaciones terroristas del gobierno estadounidense en 1997.
Pero Al-Arian exigió, como condición para alcanzar un acuerdo extrajudicial, su no comparecencia en audiencias por otros casos, para así evitar otros sufrimientos a su familia.
«Advirtió que no quería cooperar con ninguna gestión para destruir a otros individuos del modo en que su familia fue destruida por el gobierno», dijo a IPS Turley, también profesor de Derecho de la Universidad George Washington.
Al-Arian, quien vive en Estados Unidos hace más de 30 años pero no es ciudadanía de este país, pidió que el gobierno disponga su deportación inmediata luego de su liberación, para evitar largos procedimientos migratorios que prolonguen indebidamente su condena.
La fiscalía federal de un distrito del sudoriental estado de Florida aceptó las demandas de Al-Arian, pero con una sentencia más larga.
Luego, una maniobra legal ensombreció lo que Al-Arian consideró un camino allanado hacia el fin de su persecución y hacia la deportación.
Los acuerdos extrajudiciales, en Florida y otros estados, suelen contener fórmulas repetidas que obligan a los acusados a cooperar en investigaciones del gobierno. En rara ocasión se eliminan esas cláusulas y se incluyen convenios explícitos de no cooperación.
El abogado Jack Fernández, también del equipo defensor de Al-Arian, dijo a IPS que nunca vio en el distrito donde se acordó la declaración de culpabilidad un acuerdo en ese sentido en que el acusado se vea librado de cooperar con la fiscalía en otros casos.
El convenio quedaba plasmado en la eliminación de las cláusulas usuales, lo cual dejaba implícita la no cooperación, explicó.
Luego del acuerdo, los abogados de Al-Arian pidieron una audiencia para asegurarse de dejar claros los términos del acuerdo, pero un juez de Florida rechazó la solicitud.
El acusado lo reiteró ante un tribunal de apelaciones, en el entendido de que el rechazo antecedente «viola la práctica usual, no sólo en Florida sino en otros estados» y le niega a Al-Arian el derecho al debido proceso.
El tribunal volvió a rechazar la audiencia, que ahora se procesa ante un tribunal de alzada. Si esta solicitud fracasa, el siguiente paso será la Corte Suprema de Justicia.
«Es muy inusual ver un caso en que los fiscales estén dispuestos a hacer declaraciones bajo juramento y den evidencia sobre promesas que realizaron, pero el tribunal no permitirá que esos compromisos queden plasmados en una audiencia confirmatoria», dijo Turley.
La fiscalía del distrito que llegó al acuerdo con Al-Arian se negó a evacuar las consultas de IPS.
No mucho después del acuerdo, el fiscal federal adjunto de Virginia convocó a Al-Arian para que declarara en un juicio contra dos organizaciones caritativas islámicas de ese estado, sospechosas de vínculos con el terrorismo.
Ahora, el Departamento de Justicia considera que, como el acuerdo no hace mención explícita a compromiso alguno al respecto, la convocatoria está justificada.
«El acuerdo es claro, no ambiguo y no garantiza a Al-Arian inmunidad para futuras convocatorias judiciales», dijo el portavoz del Departamento de Justicia Dean Boyd al diario The Washington Post.