Hace un par de semanas nos enterábamos a través de diversos medios de que la Cámara Oficial Minera de Galicia, con el apoyo del conselleiro de Industria, daba a conocer públicamente la marca «Minaría sostible de Galicia». Su objetivo era, según los organizadores, «responder a la campaña de mitos y desinformación» que lleva años produciéndose […]
Hace un par de semanas nos enterábamos a través de diversos medios de que la Cámara Oficial Minera de Galicia, con el apoyo del conselleiro de Industria, daba a conocer públicamente la marca «Minaría sostible de Galicia». Su objetivo era, según los organizadores, «responder a la campaña de mitos y desinformación» que lleva años produciéndose sobre el sector minero en este territorio. Y como medida estrella para revertir esta situación presentaban unos materiales escolares, dirigidos a infantil, primaria y secundaria a través de los cuales poner en valor el protagonismo de los minerales en el desarrollo de la humanidad, la función social de la minería y el compromiso de las empresas mineras con la calidad medioambiental y la rehabilitación y restauración de los espacios mineros una vez finalizada su explotación.
Si nos detenemos en los argumentos-fuerza con los que los representantes del lobby minero pretenden revertir esa desinformación de la que se quejan, podemos asistir a un juego de prestidigitación, en el que la realidad se muestra de manera totalmente alterada, como el mundo al revés. El interés general forma parte de este argumentario, con el que el sector de la minería pretende mejorar su imagen.
La actual Ley de Minas del 73, preconstitucional por tanto -y según muchas organizaciones y voces autorizadas inconstitucional también pues no tiene en cuenta las consideraciones medioambientales-, establece en efecto que toda la riqueza del país se supedita al interés general. Pero lo que fija más bien son las condiciones para la expropiación forzosa y la eliminación de toda traba que se oponga a la extracción de recursos, lo que va a ir determinando una interpretación del interés general que suele ser ajena al interés de muchos, frente al de unos pocos.
Este marco interpretativo facilita la confusión y la mezcla del interés general con los intereses de las grandes empresas mineras, lo que se agudiza en el contexto actual de desregulación. Esto se traduce en la proliferación de proyectos de megaminería que destruyen, atentan y amenazan al patrimonio y al bien común. En definitiva, el interés general puesto al servicio del fetiche casi universalmente aceptado del crecimiento económico ilimitado.
Para acabar de configurar ese mundo al revés de manera creíble hace falta crear un OTRO. Un OTRO que, este sí, defiende solo sus intereses particulares y para ello propaga bulos y genera desconfianza hacia el sector minero. De manera que, como en un juego de espejos, las plataformas vecinales medioambientales y los colectivos ecologistas que defienden el mantenimiento de formas de vida sostenibles y la preservación de los recursos y del medio natural para las generaciones futuras son vistos como unos iluminados, enemigos del interés general.
Reivindicar la función social de la minería es también otro de los centros de interés de esta campaña, que pretenden introducir en las escuelas.
Si entendemos que la función social de la minería se expresa en la utilización social de sus recursos, es imprescindible y estratégica. Pero precisamente por eso, porque es un recurso necesario y limitado (mucho más en la actualidad), es por lo que su extracción y finalidad no debe servir para alimentar una demanda externa de producción ilimitada que satisfaga una dinámica consumista voraz que está sobrepasando los límites físicos del planeta. Los minerales son recursos finitos, no es posible su extracción en condiciones de sostenibilidad pues una vez se extraen se agotan. Por eso, y más ahora que tenemos la urgencia de transitar hacia otro modelo energético, se hace ineludible garantizar la disponibilidad y el uso de estos recursos para las necesidades estratégicas que estos cambios nos pueden deparar. Tanto en el momento actual, como en el futuro que habitarán otras generaciones.
Se argumenta también en esos materiales didácticos que la minería es una actividad que aporta valor a las comarcas en las que se instala, ayudando a fijar la población al territorio. Esta afirmación no tiene en cuenta los números. Si analizamos los datos demográficos que hacen referencia a los 20 años (71-91) en que, por poner un ejemplo, estuvo abierta la Mina de Touro- O Pino, la pérdida de población en estos ayuntamientos fue mucho más acusada (-22,8% para el concello de O Pino y -24,5% para el concello de Touro) que en los 20 siguientes, (1991 – 2011) en los que ya la mina estaba cerrada (-10,2% para O Pino e un -18,8% para Touro). Esta tendencia es similar en otros ayuntamientos que también tuvieron minas a cielo abierto, como en Belmonte de Miranda, «concejo» asturiano situado en el cinturón de oro del Narcea.
Galicia necesita su minería, clama el lobby, realizando un ejercicio discursivo de apropiación simbólica que equipara las necesidades de las grandes empresas con las de toda la población. Frente a ello, crece una ciudadanía activa y organizada que entre el espanto y la responsabilidad rechaza estas políticas extractivistas. No es la ignorancia. Tampoco los prejuicios. Es la constatación hoy mismo de las graves consecuencias que para la tierra y el agua tienen las prácticas que en su día (y en condiciones mucho menos agresivas que las actuales) produjeron las minas abandonadas hace décadas y que hoy la administración no sólo no repara o insta a reparar, sino que minimiza y niega a la vez que promete que los nuevos proyectos mejorarán los ecosistemas donde se desarrollan.
Por todo esto resulta especialmente escandaloso que la Xunta de Galicia se coloque al lado de estas grandes empresas frente al sentir mayoritario de la ciudadanía. Que financie además estos materiales a través de una subvención para el fomento del sector minero, concedida por la propia Consellería de Economía renunciando, por lo tanto, a ejercer siquiera un papel de arbitraje y de salvaguarda del interés general, al equiparar éste como ya decíamos con una idea de progreso basada en el crecimiento ilimitado. Idea que se ha hecho hegemónica, invisibilizando sus consecuencias ecológicas y sociales a costa de expoliar otros territorios, de ocultar el trabajo de reproducción social de las mujeres, de negar el agotamiento de la energía y los materiales y de crear en definitiva la ficción de que es posible una vida emancipada de la naturaleza y de las necesidades y dependencias de nuestros cuerpos físicos.
Por esto es urgente que ahora que la información científica y nuestra propia experiencia empírica desvela que es imposible seguir negando la alteración de los ciclos naturales y el agotamiento de los recursos, construyamos otro modelo que defienda y concrete la posibilidad de un futuro habitable.
Ese futuro, el de nuestros hijos e hijas, de los hijos e hijas de todo el planeta, tiene que abrirse hueco a través de muchos frentes, entre los que la educación tiene un papel central. Construir un mundo no basado en el crecimiento ilimitado de la economía y que ponga la vida en el centro implica necesariamente un modo de vida más austero, que articule la producción y el consumo de manera cercana, no global, que atienda a las necesidades de las personas, y que asuma la necesidad de cuidados y la interdependencia con la naturaleza. Implica también huir del modelo individualista que muestra sujetos autónomos escindidos del resto de la vida.
Todo esto es lo que un gobierno responsable y comprometido con el bienestar de la ciudadanía debería estar planteándose llevar a las escuelas, contribuyendo a romper los vínculos que identifican el consumo con la calidad de vida, que de mantenerse no sólo nos está abocando a la insostenibilidad de ésta, sino también a formar sujetos infelices condenados a vivir una vida de privaciones y frustración.
La ley orgánica de educación vigente recoge entre sus fines preparar al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y la participación, con actitud crítica y responsable. Frente a esto la Xunta de Galicia participa de una práctica de adoctrinamiento de los niños y niñas al servicio de los intereses de un modelo agotado, que ha llevado hasta el límite la capacidad de regeneración del planeta, actuando de manera realmente irresponsable ante los retos que este momento requiere.
Por todo esto, es reconfortante que, además de las organizaciones ecologistas más sensibilizadas con el tema, sea la Federación de Anpas Galega, la organización que representa a las madres y padres del alumnado gallego, quien, asumiendo la responsabilidad última de que sus hijos e hijas se formen como ciudadanos y ciudadanas críticos, se oponga a que la Xunta haga uso de estos materiales en los que se propaga una imagen idílica de la actividad de las empresas mineras, que en última instancia pretende amortiguar y desescalar la respuesta social que estas actividades están encontrando. Esperemos que esta vez la libre elección de los padres también sea escuchada.
No quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a todas las personas, las organizaciones, las administraciones… que cada día se posicionan y luchan contra la reapertura de la Mina de Touro – O Pino y por la restauración del daño ya causado.
Julia Barbosa es integrante de la Plataforma Mina Touro – O Pino NON.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.