Amnistía Internacional: «Los derechos de los que llegan a Canarias siguen siendo vulnerados»

Desde que España y Marruecos cerraron la frontera sur de la Península, Ceuta y Melilla y las costas del Sahara que administra Rabat, el fenómeno de la inmigración en Canarias ha experimentado cambios radicales. En primer lugar, los lugares de embarque se han trasladado a Mauritania y Senegal. Además, Tenerife se ha convertido en el principal destino del Archipiélago recibiendo una incesante oleada de cayucos y sustituyendo en este papel a Fuerteventura y Lanzarote. Amnistía Internacional se trasladó al Archipiélago entre el 14 y 16 de junio para realizar una investigación en torno a estas nuevas condiciones y el 7 de julio emitió un informeal respecto, el último que elabora una organización independiente sobre la inmigración en las Islas. En el documento, AI «constata» los «esfuerzos considerables» de las autoridades canarias y españolas en los últimos meses ante el incremento de llegadas y estima que «los centros de internamiento» en Tenerife reúnen «en general buenas condiciones», pero también afirma que «los derechos de los extranjeros que llegan a las Islas siguen siendo vulnerados».

«Los centros de internamiento donde se traslada a los extranjeros en la Isla de Tenerife reúnen en general buenas condiciones, especialmente Hoya Fría», asegura el informe elaborado por Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos de los inmigrantes que llegan a Canarias y que fue presentado el mes pasado. Sin embargo, en el apartado referido a «conclusiones y recomendaciones» la organización humanitaria entiende que aunque «dada la llegada de miles de personas en pocos meses» ha hecho necesario «habilitar instalaciones provisionales», constata que «las condiciones de acogida del campamento de Las Raíces son insuficientes y no deben contemplarse como una instalación permanente ni utilizarse como centro de internamiento pasado el verano».

Igualmente, AI señala en su informe, al que ha tenido acceso LA VERDAD DE CANARIAS en su integridad, que el centro de La Montañeta, en Garachico, «donde están siendo alojados unos 30 menores actualmente, es un campamento de verano y a partir de septiembre no reunirá las condiciones aceptables debido al frío y la humedad».

En cuanto a las medidas adoptadas para la interceptación o rescate en alta mar así como a la asistencia a pie de playa, Amnistía recuerda las miles de muertes reveladas oficialmente por la Guardia Civil desde diciembre de 2005 en el trágico trayecto que une el continente y las Islas. En este sentido, el informe se ocupa de la aprobación por el Parlamento Canario de una resolución el pasado 22 de mayo pidiendo el despliegue del ejército -que posteriormente se solicitó a efectivos de control de fronteras de la UE, Frontex- en aguas internacionales próximas a Senegal, Marruecos, Sahara y Mauritania para «blindar» las Islas así como la extensión de la presencia del SIVE. El informe recuerda que «tal y como advertía la adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Erika Feller, durante su visita a las Islas a finales de mayo, el uso de las flotas nacionales y europeas para controlar la inmigración irregular debe tener como objetivo asegurarse de que las personas rescatadas son llevadas a `lugares seguros´ y no obligarlos por sistema a volver a sus respectivos puntos de partida». Por lo tanto, la organización «quiere recordar a las autoridades españolas, marroquíes y mauritanas que la interceptación en aguas territoriales no elimina la obligación de los Estados de cumplir con la legislación internacional vigente en materia de derechos humanos y refugiados.

En este último apartado, el del derecho de los llegados a solicitar asilo político o el estatuto de refugiado, AI confirmó que ha experimentado un sensible retroceso en los últimos meses, especialmente tras el desvío del flujo de embarcaciones a Tenerife y su incremento cuantitativo. «Los datos oficiales sobre solicitudes de asilo», indica el documento, «en particular en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, reflejan la ausencia de mecanismos para identificar a posibles refugiados y solicitantes de asilo (…) Aunque a la isla de Tenerife ha llegado desde enero de 2006» -hasta la elaboración del informe en junio- «el doble de personas que a Gran Canaria, mientras que en ésta última isla ha habido 63 solicitudes de asilo en este periodo, en la isla de Tenerifre sólo ha habido 9». Por lo tanto, AI «insta a las autoridades españolas a habilitar losmecanismos adecuados en Tenerife para identificar a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos y permitirles el acceso a un proceso de asilo justo y satisfactorio, de conformidad con la legislación española e internacional de refugiados».

Centros de inmigrantes

A Amnistía Internacional «le preocupa la ausencia de asistencia social» en los centros de internamiento para inmigrantes de Tenerife «a pesar de que la legislación de Extranjería así lo establece». En consecuencia, «recomienda a las autoridades de los centros que aseguren que los internos reciben una adecuada asistencia social por parte de personal cualificado y formado en materia de asilo e inmigración así como en mediación socio-cultural» y considera «que deben tener acceso a los centros organizaciones de defensa de los inmigrantes y refugiados». Asimismo insta a que, tanto el centro de Hoya Fría como el provisional de Las Raíces «se ajusten plenamente al Conjunto de Principios de Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y a las Reglas Europeas Penitenciarias del Consejo de Europa».

En relación con la asistencia médica que reciben los inmigrantes, el documento considera «muy positiva la adopción de un protocolo de asistencia médica que se encarga de poner en práctica Cruz Roja cuando llega un cayuco a la playa». En cuando a los centros de internamiento, confirma que «los inmigrantes también están teniendo acceso a asistencia médica» ya que Las Raíces y Hoya Fría reciben la visita de personal médico», una médica y una enfermera en el momento de la visita de AI, «y, en el caso de Las Raíces, se cuenta además con un servicio adicional que presta Cruz Roja». El dato echa por tierra numerosos rumores e informaciones sesgadas aparecidas en los últimos meses asegurando que se dejaba de atender pacientes en el Servicio Canario de Salud para asistir a los subsaharianos llegados irregularmente o que grupos de ellos de hasta 100 habían colapsado algunos centros de asistencia primaria.

En relación también con el derecho a la salud de los inmigrantes, AI expresa su «preocupación» por la situación de aquellos a los que se han realizado analíticas, la Policía Nacional toma muestras de sangre a los llegados desde el 25 de abril «para tranquilizar a la población y que disminuya la alarma social». Sin embargo, AI «no ha podido obtener información concreta sobre cómo se les están comunicando a los extranjeros los resultados de dichos análisis, qué seguimiento se hace en los centros de internamiento de los casos de personas cuyos análisis hayan detectado enfermedades, ni si están recibiendo el tratamiento requerido». «Ninguno de los entrevistados» en Las Raíces y Hoya Fría «conocía el resultado de sus pruebas», asegura AI, por lo que le «preocupa que se esté trasladando a la Península o devolviendo a su país a personas que puedan padecer una enfermedad sin comunicarselo».

Por otro lado, de los resultados de los análisis realizados, se desprende que no se ha detectado ni un solo caso de enfermedades tropicales o de fácil contagio como se había predicho, sino que todas las enfermedades detectadas eran «de transmisión parental o sexual».

Traslados a la Península

«Debido a la falta de acuerdos con países africanos para la devolución de nacionales propios o de terceros países», explica AI, «la mayoría de las personas que llegan en embarcaciones a las Islas son enviadas a la Península». Sin embargo, «al tener una orden de devolución con una prohibición de entrada en el espacio Schengen de hasta 3 años, estas personas no pueden en general regularizar su situación en España, por lo que se les aboca a la irregularidad permanente y en cierta medida a la marginalidad». Los inmigrantes, tras recibir asistencia social en el lugar de destino durante 10 días como máximo, son abandonados «a su suerte». En esta situación, la organización muestra su «especial preocupación» por «la vulnerabilidad de estas personas frente a posibles violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así como a posibles abusos y discriminación en el mercado laboral, en el acceso a la vivienda o lugares de ocio». Por lo tanto pide a la administración medidas que «eliminen» dicha «vulnerabilidad frente a los abusos, especialmente en el caso de mujeres y menores extranjeros».

Finalmente, en el apartado de menores extranjeros no acompañados, el informe constata que ya en junio «había en Tenerife el doble de menores de la capacidad de acogida existente» y llama la atención sobre «los brotes de racismo que están surgiendo» pidiendo que se investiguen hechos como los de Garachico y Tunte.

Una estancia en la comisaría de Las Américas larga y sin asistencia legal

La comisaría de Playa de Las Américas fue uno de los centros importantes dentro del proceso que pasa cualquier inmigrante llegado a la Isla a los que «las autoridades policiales no autorizaron la entrada a Amnistía Internacional» para la elaboración de este informe. Sin embargo, por los testimonios recogidos entre diversos inmigrantes y de las informaciones aparecidas por medios no oficiales de reconocida solvencia, la organización concluye que «ninguna de las personas que entrevistó sabía qué le iba a pasar o a dónde sería trasladada después del internamiento. En la mayor parte de los casos, las personas no tuvieron asistencia letrada en la comisaría y sólo cuando se encontraban ante la autoridad judicial, tres o cuatro días después de su llegada, tuvo lugar la explicación de sus derechos por parte de jueces, abogados e intérpretes. La única información precisa de que disponían algunos de los entrevistados es que como máximo estarían en el centro de internamiento 40 días», dice el informe.

En este sentido, si bien AI «valora» que en ocasiones, «bien en la comisaría o en el centro de internamiento», se entregan documentos por escrito a los inmigrantes sobre su situación, insiste en que éstos «no tienen en la práctica acceso efectivo a algunos de sus derechos esenciales». La organización humanitaria también destaca que la citada comisaría «debido a la afluencia de los meses de marzo y mayo ha tenido que habilitar todas las dependencias del edificio para alojar a las personas que llegan».

Muchos son repatriados a países que ni conocen

Antes de que pasen 40 días desde su llegada, los extranjeros indocumentados deben ser puestos en libertad o repatriados a sus países de origen o a los países de tránsito desde los que embarcaron, según la legislación española de Extranjería.

En este sentido, AI afirma en su informe sobre Canarias que «es motivo de preocupación la forma en la que se pueden estar realizando los procedimientos de determinación de la nacionalidad los extranjeros». «En ocasiones», asegura AI, «las personas mencionan nacionalidades distintas a las suyas para intentar así evitar la expulsión». Según diversos testimonios a los que ha tenido acceso la organización, «las entrevistas para determinar la nacionalidad se realizan por personas que no tienen conocimiento exhaustivo y adecuado sobre los países de origen». Por lo tanto, «insta a las autoridades españolas» a que el proceso reúna las «debidas garantías» para «que nadie sea expulsado a fronteras y territorios en los que pueda sufrir violaciones de derechos humanos».

También recuerda que en el caso de Mauritania no se cumple la garantía del non-refoulement, «que obliga a España a no devolver a nadie que pueda estar en peligro» en ese país o a Mauritania a no entregar a los devueltos a terceros en los que «puedan sufrir persecución, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes».

En cuanto a los traslados en avión, AI menciona las denuncias de repatriados a Senegal y la suspensión de los traslados y pide «la adopción de un protocolo que siga los estándares internacionales de DD.HH.» que «prohíba métodos de inmovilización que impidan respirar», que «la administración de sedantes se ajuste estrictamente criterios médicos» y que «asegure que esposas y métodos de inmovilización» sean medidas «excepcionales».