Traducción del catalán para Rebelión de Carlos Riba García
El gobierno español es partidario de prolongar la vida de las centrales que hay en todo el país, a pesar de que están aproximándose al final de su periodo de vida útil para el cual -teóricamente- han sido diseñadas. En cambio, el movimiento antinuclear exige el «cierre progresivo» de esta fuente de energía, una petición que recoge buena parte del arco parlamentario catalán.
Los próximos dos años serán decisivos para dejar en claro el futuro de las centrales nucleares de España. La mayoría de las instalaciones están a punto de agotar su permiso de explotación; por lo tanto se acercan al final de su periodo de vida útil para el que en teoría han sido diseñadas. Ahora bien, no está nada claro si esto implica el cierre. El lobby nuclear, integrado básicamente por las generadoras de electricidad propietarias de las centrales, ha aumentado la presión al gobierno central, que es quién ha de tomar la decisión final de autorizar o no la prolongación de la actividad, para que -si está de acuerdo- extienda la vida de las nucleares.
Por su parte, los colectivos antinucleares exigen el cierre «progresivo» de las centrales, en coincidencia con la finalización de los permisos de explotación; buena parte de la oposición parlamentaria es partidaria de lo mismo. ¿Cuáles son los argumentos? Fundamentalmente, la necesidad de acelerar la transición hacia las energías renovables y la seguridad, ya que el riesgo de accidentes aumenta a medida que las centrales envejecen.
Paralelamente, en Cataluña, casi todo el arco parlamentario -con la única excepción del Partido Popular- se muestra partidario de afrontar la transición energética y abandonar las nucleares aunque, ciertamente, el gobierno autonómico de la Generalitat no tiene competencias para decidir qué ha de hacerse con las centrales instaladas en Cataluña. En cualquier caso, el proyecto de presupuesto vigente incluye un nuevo impuesto que grava a las nucleares -el tributo sobre riesgo medioambiental de la producción, manipulación, transporte, custodia y emisiones radiactivas-, una medida criticada por el movimiento antinuclear porque no va acompañada de «la exigencia simultánea de un calendario de cierre y una presión política al gobierno de España».
El CSM abre la puerta a permisos de más de una década
El 20 por ciento de la electricidad generada en España durante 2015 era de origen nuclear, una proporción que se eleva casi a la mitad del total en el caso de Cataluña. Actualmente, las centrales en funcionamiento son la de Almaraz, en la provincia de Cáceres, que cuenta con dos reactores; Trillo (Guadalajara); Cofrents (Valencia); y Vandellós y Ascó (Tarragona). En julio de 2013 se produjo el teórico cierre definitivo de la central de Garoña (Burgos), si bien es cierto que en este momento el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene sobre la mesa una petición -presentada por sus propietarios- de alargar 17 años más su vida útil.
Tanto a Almaraz como a Vandellós, su actual permiso de explotación se les vence en 2020; para Ascó y Cofrents, este vencimiento será en 2021, y para Trillo en 2024. Cuando lleguen estas fechas todos los reactores implicados tendrán entre 30 y 40 años de actividad, que teóricamente es el periodo para el cual fueron diseñados. Ahora bien, Forum Nuclear, un grupo de presión creado por las mismas centrales y las grandes multinacionales eléctricas, considera que con las inversiones realizadas en los últimos años para el mantenimiento de las instalaciones son capaces de llegar a los 60 años de vida, posición esta compartida por el gobierno del Partido Popular. Para que esto sea posible debe contarse con el aval del CSM, que obliga a las centrales a presentar -con una anticipación de tres años- un Plan Integral de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE). Esto supone que Vandellós deberá presentarlo en el próximo julio, y Cofrents y Ascó en el transcurso del año que viene.
En el ámbito mundial, después de la parálisis que significó el accidente de la central japonesa de Fukushima, en 2011, el sector nuclear se ha reanimado y se construyen nuevas centrales, sobre todo en Asia -y especialmente en China-; al mismo tiempo varios países europeos han optado por prolongar la vida útil de la centrales existentes. Según datos proporcionados por el World Nuclear Industry Status Report, el parque nuclear mundial, que cuenta con 450 centrales, tiene ahora mismo una edad media de 29 años, y hay una cincuentena de ellas que ya han superado los 40 años. En comparación el parque nuclear español está envejecido, dado que solo Trillo, y por los pelos, se sitúa por debajo de los 29 años de funcionamiento.
Una muestra clara de las opciones reales de que la actividad nuclear en España supere las cuatro décadas es la decisión tomada por el CSN el pasado noviembre. El organismo encargado del control de las centrales aprobó que los permisos de explotación que el gobierno central entrega a las nucleares podrán ser por más de 10 años, que era el límite fijado hasta entonces; esto se interpreta como una aval de facto a los pedidos de Forum Nuclear, el principal grupo de presión del sector. En resumen, esto ha llevado a que el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicite en el Congreso las comparecencias del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y del presidente del CSN, Fernando Martí, para que se pronuncien sobre el posible alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como Ciudadanos piden un debate a fondo sobre lo que supondría esta medida, aunque en principio no son partidarios de adoptarla.
Reorganización del movimiento antinuclear
En este nuevo escenario, el movimiento antinuclear se ha reorganizado. En noviembre de 2015 nació el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que reúne a la mayor parte de entidades y grupos ya existentes antes en España y Portugal. Ely Nolla, miembro del MIA y al mismo tiempo portavoz de la plataforma catalana Tanquem les Nuclears (cerremos las nucleares), además de formar parte de Ecologistas en Acción adelantó a Público que el MIA decidirá en los próximos meses si intentará presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso para que se adopte un calendario de cierre de las centrales en coincidencia con el final de los actuales permisos de explotación.
En el documento Cierre de las nucleares españolas, publicado el año pasado, el MIA aboga por el abandono de esta fuente de energía; las razones son diversas: la «falta de seguridad», la «generación de residuos radiactivos peligrosos durante centenares de miles de años», la «contaminación radiactiva» tanto por la minería del uranio como por la fabricación de las barras de combustible nuclear o las «emisiones radiactivas en el día a día del funcionamiento de las centrales». El movimiento subraya que «la energía nuclear es más cara», fundamentalmente por la enorme inversión que supone poner en marcha una central. Ahora bien, cuando la instalación ha envejecido y está amortizada rinde «fabulosos beneficios a sus propietarios», como es el caso del parque nuclear de España, controlado básicamente por Endesa e Iberdrola -propietarios de Vandellós y Ascó-, en el que también participan Gas Natural Fenosa y EDP (Energías de Portugal). Aquí nace el interés por continuar explotando las centrales.
Eloi Nolla considera que el cierre de las nucleares no significaría un colapso energético, que «tenemos sobrada capacidad de generación mediante las fuentes renovables de electricidad como para reemplazar a la que dejaran de producir las nucleares». No obstante, es cierto que a raíz de las políticas del gobierno español en los últimos años, el desarrollo de las energías limpias se ha detenido, una situación que se acentúa en Cataluña. En cualquier caso, el activista aboga por no dejar las energías limpias en manos de las «grandes multinacionales», sino optar por la participación del «cooperativismo y los ayuntamientos» en este ámbito.
El movimiento antinuclear también hace lo posible por acabar con el mito de que el cierre de una central nuclear deprimirá económicamente la comarca a su alrededor, ya que solo con el desmantelamiento de la instalación se asegura trabajo para más de una década. En este sentido, Greenpeace publicó en octubre [de 2016] el informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social en el que se estima, precisamente, que las actividades vinculadas con el desmantelamiento, la gestión de los residuos radiactivos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes alternativas «supondrá la creación neta de unos 300.000 puestos de trabajo», además de implicar un aumento de PIB de unos «20.000 millones de euros». La organización sostiene también que no deben renovarse los actuales permisos de explotación.
La Generalitat, sin competencias
La Generalitat de Cataluña solo podría decidir qué hacer con las centrales nucleares en el caso que se produjese la independencia, ya que en este momento no tiene competencias para actuar en este ámbito, que es exclusivo del gobierno central. En cualquier caso, la mayoría de los partidos con presencia en el Parlamento [catalán] participaron en las elecciones del pasado 27 de septiembre apostando -con diferentes intensidades- por el cierre de los centrales nucleares y la transición hacia un nuevo modelo energético. La única excepción fue el Partido Popular. Los grupos más categóricos en el reclamo del cierre fueron la CUP y Cataluña Sí Se Puede (CSQEP), mientras en el programa de Juntos Por El Sí se podía leer exactamente que quiere «plantear los escenarios convenientes para decidir la política nuclear catalana en el marco de la transición a una producción con mayor peso de las energías renovables y la priorización de una economía con poco dióxido de carbono, teniendo en cuenta que las centrales en territorio catalán cumplirán 40 años de funcionamiento en la mitad de la década que viene».
Como mínimo, hasta la caducidad de los permisos actuales, las nucleares de Cataluña seguirán funcionando; para tratar de salvar las externalidades negativas creadas, el proyecto de presupuesto del gobierno de la Generalitat incluye la creación de un nuevo impuesto que pretende recaudar unos 28 millones de euros en 2017 y alrededor de 60 a partir del año próximo. Para Eloi Nolla, este gravamen no sería una mala noticia porque reconoce el impacto negativo que tienen las centrales nucleares, pero sería necesario que estuviese acompañado de una «firme declaración que dijera que las cerrará cuando tenga las competencias para hacerlo». Es que el impacto económico del nuevo tributo casi no afecta a Endesa e Iberdrola, que comparten la propiedad de de los tres reactores atómicos situados en territorio catalán, ya que -según el MIA- el nuevo impuesto «apenas supondría el valor económico de unos 10 días de operación de las centrales, algo absolutamente insuficiente para que sea disuasorio». Es decir, en los próximos meses el debate sobre las nucleares se intensificará tanto en el ámbito político como en el ciudadano.
Fuente: http://www.publico.es/public/any-decisiu-per-al-futur.html
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