La iniciativa pretende despojar de servicios y derechos claves a los indocumentados de la entidad.
Una amplia y sorpresiva iniciativa de ley presentada en el Senado de Arizona pretende despojar de servicios y derechos claves a los indocumentados en esta entidad, incluso negarles el acceso a escuelas y colegios públicos.
La propuesta SB1611, introducida la víspera por el propio presidente del Senado, el republicano Russell Pearce, fue calificada este martes por políticos demócratas y organizaciones hispanas, como una medida «peor» que la controversial SB1070, aprobada el año pasado, tras ser promovida por el mismo legislador.
La iniciativa, redactada en 29 páginas, propone eliminar todo servicio público a inmigrantes indocumentados y plantea una pena obligatoria de 30 días de cárcel a aquel que sea sorprendido conduciendo un automóvil, además del decomiso del vehículo.
Sugiere también reforzar los requisitos que los patrones deben seguir para verificar que sus trabajadores estén autorizados a laborar en forma legal en el país y establece que si un inmigrante usa documentos falsos afrontaría hasta seis meses de cárcel.
«La propuesta de ley de Pearce es muy mala y mucho peor que la SB1070», dijo este martes en entrevista telefónica con Notimex, el senador estatal demócrata Steve Gallardo.
«Las iniciativa va contra los niños; esta es la primera vez que se busca atacar a los niños negándoles el acceso a las escuelas públicas», apuntó el senador demócrata. «Pearce está yendo aquí demasiado lejos», dijo.
La SB1611 requeriría que escuelas públicas de Arizona recaben información sobre el estatus de residencia legal de los alumnos y denuncien a la policía los casos en que sus padres no proporcionan los documentos necesarios o presenten identificaciones falsas.
«Antes se habían propuesto iniciativas contra los empleadores, contra los traficantes de indocumentados, pero ahora va contra los niños y esta no es una la legislación que desea la gente de Arizona», aseguró Gallardo.
En otra de las previsiones, la SB1611 obligaría a las oficinas públicas de públicas de Arizona, incluyendo las municipales, a verificar el estatus migratorio de las personas que renten casas o apartamentos.
La iniciativa, plantea desalojar a todo inquilino que viva en una unidad, si se determina que la casa o apartamento fue rentada por un indocumentado.
En lo que respecta a la atención a la salud, el proyecto de ley cambia algunos de los requerimientos para el programa estatal de asistencia médica Medicaid para endurecer aún más los controles e impedir que indocumentados puedan recibir alguno de sus beneficios.
Varias de las previsiones contempladas en la SB1611 «van en contra de la leyes federales de Estados Unidos y son claramente anticonstitucionales», advirtió el legislador.
En Estados Unidos, la ley federal garantiza la educación pública a niños y jóvenes sin importar su estatus migratorio.
Pearce presentó la iniciativa la tarde del lunes y tomó por sorpresa a la oposición demócrata en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 21 contra nueve, por lo que sería imposible frenarla sin la colaboración de algunos compañeros del partido de Pearce.
La noche de este martes, «Somos Republican» la mayor organización hispana del país afiliada al Partido Republicano, denunció la propuesta SB1611 como un «despilfarro» del dinero de los contribuyentes, por el costo que acarreara defenderla en las cortes en caso de ser aprobada como ley.
Antes, legisladores demócratas y grupos hispanos como la Red de Acción Fronteriza y Movimiento Puente ofrecieron una conferencia de prensa frente al Capitolio Estatal en Phoenix, para denunciar la propuesta y comenzar a organizar la oposición contra la misma.
El senador Pearce promovió el año pasado la controversial ley SB1070 que entró en vigor de manera parcial en julio de 2010, luego de que una juez federal ordenara la suspensión de algunas partes claves de la norma, que busca criminalizar la inmigración ilegal en Arizona.