La portavoz de Asociación Internacional de Abogados en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra explica la denuncia en la ONU contra la persecución de EEUU a periodistas y funcionarios que destapan violaciones de derechos humanos
La abogada italiana Micòl Savia.
La Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) ha denunciado en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, mediante una intervención oral (pincha aquí para leer la intervención en inglés) en el último periodo de sesiones finalizado el pasado viernes, la intimidación, persecución y en algunos casos encarcelamiento, de periodistas y funcionarios que habían difundido alguna información relativa a la Administración de Estados Unidos y sus políticas (los denominados alertadores).
La AIJD es una organización creada en 1946, tuvo de presidente emérito a Nelson Mandela y agrupa a asociaciones de abogados de todo el mundo. Posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU desde 1967. La abogada italiana Micòl Savia es su representante en el Consejo de Derechos Humanos y la portavoz que intervino en el pleno. Ella explica la denuncia.
Usted ha denunciado en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra que, desde el año 2009, en Estados Unidos seis empleados del Gobierno, además de dos contratistas incluyendo Edward Snowden, han sido procesados bajo la Ley de Espionaje de 1917 por filtrar información clasificada a la prensa. ¿Puede explicar mejor esos casos?
Hay que subrayar que se trata de un ataque sin precedentes por parte de la Administración Obama. De hecho antes de Obama sólo hubo tres casos de esto tipo en toda la historia de Estados Unidos, entre ellos el de Daniel Ellsberg quien en 1971 filtró a la prensa los papeles secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam.
Se trata de los casos siguientes:
Edward Snowden, ex contratista de la NSA, quien hizo publico a través de los diarios The Guardian y The Washington Post varios documentos clasificados que nos permitieron conocer el alcance de los programas de vigilancia masiva por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana y de su equivalente británico el GCHQ. El 14 de junio de 2013 se le acusó de violar la Ley de Espionaje. El gobierno estadounidense comenzó una intensa campaña para extraditarlo y le revocó el pasaporte. Snowden se ha convertido en uno de los hombres mas buscados del mundo. Todos recordamos el conflicto diplomático desencadenado cuando varios países europeos negaron el permiso de aterrizaje al avión del presidente boliviano Evo Morales por sospechar que Snowden viajaba a bordo y de la escandalosa demora de Morales en el aeropuerto de Viena.
«Se trata de un ataque sin precedentes por parte de la Administración Obama»
Otro caso famoso es el de Chelsea Manning, analista de inteligencia del Ejército destacada en Bagdad, quien en 2010 filtró una grande cantidad de documentos clasificado a Wikileaks, proporcionando a la opinión publica internacional, entre otras cosas, evidencias sobre crímenes de guerras por parte de Estados Unidos. Está ahora cumpliendo una condena a 35 años de cárcel. John Kiriakou, ex funcionario de la CIA, está cumpliendo una condena a 30 meses de prisión, convirtiéndose en el único oficial de la agencia norteamericana condenado en relación con el programa de tortura de EEUU, no por haber tomado parte en ello sino por haber hablado de ello con la prensa.
También fueron perseguidos por violar la Ley de Espionaje el ex empleado de la NSA Thomas Drake quien denunció al diario The Baltimore Sun un programa de vigilancia de la NSA que violaba la privacidad; Shamai Liebowitz, ex lingüista especializado en hebreo contratado por el FBI que fue sentenciado a 20 meses de cárcel por entregar informaciones clasificada sobre Israel a un bloguero (las informaciones que filtró son aparentemente tan secretas que ni el juez que le juzgó conoce el contenido); el analista del Departamento de Estado Stephen Kim, acusado de violar la Ley de Espionaje por entregar a Fox News información sobre el programa nuclear de Corea del Norte; Jeffrey Sterling, ex oficial de la CIA quien supuestamente reveló al reportero de The New York Times, James Risen. información clasificada sobre un fallido intento de la CIA para sabotear el programa nuclear iraní y Donald J. Sachtleben, un ex técnico en explosivos del FBI que trabajaba como contratista en esa entidad, condenado por entregar a Associated Press información sobre un plan terrorista desarticulado en Yemen.
Todos ellos han sido perseguidos por violación de la Ley de Espionaje de 1917, una ley aprobada durante la primera guerra mundial para contrastar las actividades de espionaje de enemigos extranjeros. La administración Obama está ahora utilizando esta ley para castigar la divulgación de informaciones no a gobiernos enemigos si no a la prensa.
También ha denunciado que los periodistas de investigación están «intimidados y perseguidos por exponer el alcance de las actividades secretas del gobierno». ¿De qué tipo es esa persecución?
En su afán de encontrar las fuentes de información clasificada publicada por la prensa, el gobierno llegó a registrar las comunicaciones y los movimientos de los reporteros. En algunos casos hasta los citó en los tribunales para que declararan quién eran sus fuentes. Les puede pasar a periodistas galardonados con el Premio Pulitzer y empleados de grandes medios como AP, The New York Times o Fox News por publicar información filtrada sobre temas de seguridad nacional. Los periodistas independientes o los blogueros corren todavía más riesgos. Basta con pensar en el caso de Berret Brown, periodista independiente colaborador de The Guardian y Vanity Fair, quien se enfrentó a una acusación que podía suponerle 105 años de cárcel para haber publicado un hipervínculo a una serie de documentos confidenciales de la agencia privada de inteligencia Stratfor hackeado por Anonymous. Estuvo en prisión más de un año y posteriormente le fue impuesta la prohibición total (a él y a sus abogados) de hablar de su caso con la prensa. Hace pocos días el fiscal retiró las acusaciones.
«Los empleados gubernamentales tienen miedo a hablar con la prensa no solo sobre temas delicados sino también sobre temas rutinarios»
Resulta evidente la voluntad de intimidar la prensa. Asistimos a un verdadero proceso de criminalización del periodismo de investigación sobre actividades secretas del gobierno. Es evidente que estos graves ataques crean un clima de miedo y desconfianza entre periodistas y fuentes confidenciales que afecta e inhibe la cobertura mediática sobre temas de gran interés publico como son los de seguridad nacional. Los periodistas estadounidenses denuncian que ya los empleados gubernamentales tienen miedo a hablar con la prensa no solo sobre temas delicados sino también sobre temas rutinarios.
¿Por qué piensan que esas medidas, que el gobierno estadounidense justifica con la necesidad de preservar sus secretos de Estado, no son adecuadas ni lícitas? Parece lógico que determinada información del Estado deba permanecer secreta por razones de seguridad.
Por supuesto el Gobierno de EEUU, como el de cualquier otro país, tiene no solo el derecho sino el deber de proteger sus secretos en materia de seguridad nacional. Tiene el deber de proteger sus fuentes y también sus métodos de recolección de inteligencia. Sin embargo recientemente, y en particular a partir del 11 de septiembre, hemos asistido a un abuso del secretismo para cubrir políticas ilegales por parte del gobierno, como por ejemplo el uso de la tortura o la vigilancia masiva de millones de ciudadanos inocentes. La seguridad nacional no puede ser utilizada como excusa para impedir investigaciones independientes y evitar asumir responsabilidades políticas y jurídicas por sus actos ilegales. Baste pensar que por ejemplo el programa de la CIA de homicidios selectivos con drones sigue siendo formalmente secreto. Así que, a pesar de que se hable de ellos en la portadas de todos los periódicos, cuando la Administración es llamada a responder de ello en los tribunales se escuda en el secreto de Estado y así evita todo tipo de responsabilidad. Hay que equilibrar la protección de la seguridad nacional con la necesitad de un control democrático sobre los actos de los gobiernos. Hay que reducir la clasificación innecesaria de secreto de Estado.
¿Puede explicar mejor por qué algunas de las informaciones difundidas han permitido conocer violaciones de derechos humanos o han tenido consecuencias penales contra esas violaciones?
Sin la ayuda de fuentes internas al gobierno que hablan bajo condiciones de anonimato y sin las filtraciones de informaciones clasificadas no hubiéramos descubierto los horrores de la cárcel de Abu Graib, los programas de vigilancia de la NSA, el programa de tortura, la existencia de las cárceles secretas de la CIA, los homicidios selectivos, los asesinatos colaterales y muchos otros crímenes. Sin Manning y Wikileaks tampoco hubiéramos conocido la presiones de EEUU sobre el gobierno español y la Audiencia Nacional para que se archivasen las investigaciones sobre el caso Couso, las torturas de Guantánamo y los vuelos secreto de la CIA.
«Sin Manning y Wikileaks tampoco hubiéramos conocido la presiones de EEUU sobre el gobierno español y la Audiencia Nacional»
Los filtradores juegan un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos, la democracia y en la defensa del Estado de Derecho. Representan una fuente vital de información sobre violaciones de derechos humanos, actos ilegales o mala práctica por parte del gobierno, especialmente cuando son cometidos por las agencias de inteligencia. En estos casos sus revelaciones proporcionan una oportunidad única para fortalecer la rendición de cuentas legal y política de los abusos que de otra manera no serían detectados debido al creciente uso y abuso del secreto del cual hablábamos.
¿Por qué afirman que «la persecución penal y la consideración de los llamados alertadores como ‘traidores’ o ‘espías’ y de los que informan sobre sus revelaciones como sus ‘cómplices’ representa una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos?
La criminalización y/o la estigmatización de los filtradores y de los periodistas que dan a conocer a la opinión pública sus revelaciones, como decíamos, tiene un efecto nefasto sobre la cobertura mediática de temas de seguridad nacional, impidiendo un debate libre y público, y consecuentemente un control democrático sobre temas de gran interés. Se trata de una grave violación del derecho a recibir y difundir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión, reconocido y garantizado por todos los tratados fundamentales en materia de derechos humanos.
¿Esas medidas del gobierno estadounidense han tenido alguna consecuencia legal en Estados Unidos, es decir, se han pronunciado los jueces respecto a ellas? ¿son legales entonces allí?
Como hemos visto, en muchos casos los tribunales han acogido las peticiones del gobierno. Sin embargo la práctica de formular cargos por delitos de espionaje en contra de personas que filtran información clasificada a la prensa y los ataques contra la prensa, han despertado mucha indignación en los Estados Unidos. Se multiplican los llamamientos a una mayor transparencia por parte del gobierno sobre sus actividades. Los medios de comunicación se solidarizaron con los colegas acosados simplemente por ejercer su profesión.
¿Las denuncias de la Asociación Internacional de Juristas han tenido alguno apoyo por parte de otras instituciones o representantes de la ONU?
«Varios Relatores Especiales de la ONU han criticado duramente la actitud del Gobierno de EEUU»
Varios Relatores Especiales de Naciones Unidas se han pronunciando sobre el tema, criticando duramente la actitud de la administración estadounidense. El relator sobre libertad de expresión, Frank La Rue, declaró que la protección de los secretos de seguridad nacional nunca puede utilizarse como excusa para silenciar la prensa y obligarla a silenciar su trabajo fundamental en el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos. El antiguo Relator sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, subrayó en varios informes la necesitad de proteger de represalias legales y disciplinarias a los empleados de agencias de inteligencia que revelan información acerca de violaciones de derechos humanos. Lo misma repitió recientemente la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas refiriéndose en particular al caso de Edwar Snowden.
Ustedes han dirigido su acusación a la Administración Obama, ¿no sucede eso en otros países también? ¿por qué es más significativo el caso estadounidense?
Si, por supuesto. El Reino Unido se puso en evidencia por las escandalosas presiones que ejerció sobre el diario The Guardian para impedir la publicaciones de los documentos relativos a los programa de vigilancia masiva por parte de la NSA y del GCHQ. Finalmente el periódico ha sido obligado a destruir, bajo la supervisión de las autoridades, todas las unidades de disco duro de ordenadores que contenían los documentos entregados por Snowden. Además, en agosto de 2013, las autoridades británicas han detenido durante casi nueve horas, en virtud de la Ley de Antiterrorismo a David Miranda, compañero y asistente del periodista Gleen Greenwald, mientras transitaba en el aeropuerto de Heathrow. También le confiscaron el ordenador y otras propiedades personales.
«La verdad es que Estados Unidos permanece siempre bastante impermeables a las criticas»
Evidentemente estos ataques no pueden ni compararse con la represión y las amenazas que sufren los periodistas y eventuales filtradores en otras partes del mundo, donde muy a menudo son detenidos e incluso asesinados por el simple hecho de ejercer su profesión. El hecho es que Estados Unidos, así como el Reino Unido, tienen una legislación muy avanzada en materia de libertad de expresión y libertad de prensa y todavía más en garantías democráticas para el acceso a la información. Por esa razón su regresión en este campo resulta particularmente alarmante, sentando además un ejemplo muy peligro para otros países.
¿Cuál fue la reacción de los representantes de EEUU tras su intervención en el Consejo?
Ninguna. La verdad es que Estados Unidos permanece siempre bastante impermeables a las criticas.
Pero a otro nivel, ¿qué consecuencias puede tener su denuncia?, ¿cree que puede cambiar algo?
Lamentablemente no se pueden cambiar las cosas con una única intervención. Sin embargo consideramos importante llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos sobre el tema y pedirle a que instara a los Estados miembros, y en particular al gobierno de Estados Unidos, a abstenerse del uso excesivo y sistemático del secreto de estado para esconder sus actos ilegales del escrutinio publico; a proporcionar una protección adecuada a los filtradores de información de interés publico relevante por la promoción de los derechos humanos; y a asegurar plena protección a los periodistas en el desempleo de su importante trabajo.
«Lo más importante es dar seguimiento a las revelaciones de los filtradores»
Pensamos que en un futuro cercano el Consejo adoptará algún tipo de medida para proteger a los filtradores. El caso de Snowden despertó mucha expectación sobre las necesitad de intervenir en tal sentido. Durante esta misma sesión el Consejo aprobó una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Nadie puede ignorar de que si avanzamos en este sentido es gracias a las valientes revelaciones del ex contratista de la NSA.
Lo más importante es dar seguimiento a las revelaciones de los filtradores. Filtrar informaciones de este tipo requiere mucho coraje y mucha determinación. Snowden tiene 29 años, Manning tenía 23 cuando fue detenido. Se trata de jóvenes valientes que lo sacrificaron todo en nombre del interés publico. Hay que alentar el debate publico que ellos quisieron provocar con sus revelaciones. Hay que abogar por su protección. Si algo cambiará es, sobre todo, gracias a ellos.