El presidente de Estados Unidos no sale de una que se mete en otra. También viola la Constitución de su país. Pierde apoyo y militariza la frontera con México. George W. Bush, no deja una sin hacer, y siempre para el lado del mal. Casi se podría decir que ahora encabeza una suerte de golpe […]
El presidente de Estados Unidos no sale de una que se mete en otra. También viola la Constitución de su país. Pierde apoyo y militariza la frontera con México.
George W. Bush, no deja una sin hacer, y siempre para el lado del mal. Casi se podría decir que ahora encabeza una suerte de golpe de Estado cívico militar. Esta vez las acusaciones llegan desde dentro, pues aseguran en medios de prensa estadounidenses que «ha hecho un uso extenso de sus poderes ejecutivos: autorizó escuchas telefónicas sin orden judicial, recolectó registros telefónicos de millones de ciudadanos, retuvo a sospechosos de terrorismo en el exterior negándoles protecciones legales y está considerando usar a los militares para patrullar la frontera».
Según el periódico La Opinión, de Los Angeles (escrito en español), «éstos son momentos especiales y el presidente dice que actúa para defender el país. Pero los demócratas y algunos republicanos, junto con activistas por los derechos humanos y expertos legales, sugieren que Bush ha ido demasiado lejos en el uso de los derechos presidenciales».
«Creo que el Presidente se ha excedido», dijo el politólogo Stephen Wayne, de la Universidad de Georgetown.
Bush usa una variedad de técnicas y estrategias para extender al máximo sus prerrogativas, a expensas del Congreso, según algunos. Los críticos sugieren que es el camino que él y el vicepresidente Dick Cheney han seguido desde que asumieron en enero de 2001, un camino que bordea la cornisa del auto golpe de Estado.
La revelación la semana pasada de que la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) está compaginando un banco de datos de números telefónicos en el país ha suscitado un intenso debate acerca de si el gobierno y las compañías telefónicas están socavando los derechos a la privacidad de los estadounidenses.
Los mismos republicanos han manifestado preocupación, entre ellos el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, John Boehner.
Programas como el de la ANS presagian dificultades para la candidatura a director de la CIA del general Michael Hayden de la Fuerza Aérea. Hayden dirigió ambos programas como director de la ANS entre los años 1999 y 2005.
El senador republicano Arlen Specter, titular del Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, dice que este organismo estudiará el papel de Hayden en el banco de datos telefónico, así como en el programa de escucha telefónica.
Por su parte, el ex director de la CIA, Stansfield Turner, está entre quienes manifiestan preocupación por la candidatura.
«Me preocupa que él haya desempeñado un papel en la escucha de comunicaciones telefónicas estadounidenses sin orden judicial. Interpreto que, si ocurrió, fue contra la ley», dijo Turner.
Por su parte, el diario The New Cork Times publicó este domingo que el vicepresidente Dick Cheney impulsó la instrumentación de un programa de espionaje doméstico sin ninguna protección legal para los civiles.
La idea era que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés) interceptara llamadas telefónicas domésticas y correos electrónicos, sin una orden judicial de por medio, recordó ese periódico.
Por su parte, otro influyente diario, el USA Today, reveló el miércoles pasado que con ayuda de tres de las principales compañías de telecomunicaciones, la Casa Blanca recolectó en secreto millones de datos de usuarios del servicio de telefonía para la campaña doméstica contra el terrorismo. El programa, iniciado poco después de los ataques de septiembre de 2001, se estaría aplicando de manera indiscriminada.
La impopularidad del presidente estadounidense llegó el último fin de semana a un nuevo récord histórico: sólo recibe el apoyo del 29 por ciento de sus conciudadanos.
Según la agencia Prensa Latina, una encuesta divulgada este viernes por el diario The Wall Street Journal en su edición digital, en el último mes el respaldo a la gestión del gobernante descendió seis puntos.
El 69 por ciento de las personas entrevistadas afirmó que el país marcha en la dirección equivocada. Sólo un 24 por ciento consideró correcto el rumbo de la nación bajo la Administración Bush.
La consulta, realizada por el Instituto Harris, arrojó noticias poco halagüeñas para los republicanos en el Congreso federal, ya que un discreto 18 por ciento de los norteamericanos fue el que dijo estar satisfecho con el trabajo de la bancada progubernamental.
La encuesta fue aplicada entre el 5 y el 8 de mayo, cuando aún no había retomado fuerza el escándalo de las escuchas telefónicas a los norteamericanos, incentivado por la designación del general Michael Hayden como director de la CIA el lunes último.
La nominación de Hayden, pendiente de la confirmación del Senado, hizo reverdecer las críticas al programa de espionaje doméstico implementado por Bush desde 2002 a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), entidad que a la sazón era dirigida por el militar.
Las empresas AT&T, Verizon y BellSouth entregaron a la agencia compendios de enlaces entre sus clientes desde los ataques del 11 de septiembre del 2001.
Para poner en ejecución el programa de monitoreo de las comunicaciones, la NSA no contó con orden judicial alguna, pero si con el visto bueno de una directiva emitida por Bush en 2002.
Una ley nacional de vigilancia de 1978 establece que los servicios de inteligencia deben solicitar permiso a una corte, antes de espiar a civiles estadounidenses en territorio norteamericano.