os trabajadores en los Estados Unidos – de hecho, en la mayor parte del mundo – son objeto de un nuevo y fuerte asalto contra sus derechos, su nivel de vida y su seguridad. No es como si los obreros, los empleados de servicios y los empleados del sector público en este país hayan estado […]
os trabajadores en los Estados Unidos – de hecho, en la mayor parte del mundo – son objeto de un nuevo y fuerte asalto contra sus derechos, su nivel de vida y su seguridad.
No es como si los obreros, los empleados de servicios y los empleados del sector público en este país hayan estado viviendo como reyes durante todos estos años. Todo lo contrario.
El empleo en el sector manufacturero ha disminuido durante una generación, por lo menos. Los salarios de los trabajadores manuales calificados y no calificados han disminuido notablemente durante el mismo período de tiempo.
No es por coincidencia que la participación del capital en el producto interno bruto de Estados Unidos ha aumentado considerablemente y que la mano de obra ha disminuido de igual modo durante el mismo período de tiempo que el porcentaje de trabajadores del sector privado que pertenecen a los sindicatos ha descendido a un nivel abismal.
El actual proceso de globalización ha exacerbado el poder de negociación de los empleados – causado por la disminución de la fuerza de trabajo sindicalizada. El traslado de la producción a los mercados de mano de obra barata ha eliminado muchos trabajos bien remunerados, especialmente en el sector manufacturero pero cada vez más en otros sectores. Éstos van desde trabajos que pagan relativamente poco en los centros de llamada a los puestos altamente remunerados en los servicios médicos y otras profesiones.
La mera amenaza de la deslocalización, que, al igual que la espada de Damocles, pende eternamente sobre las cabezas de millones de trabajadores estadounidenses, les disuade de presionar a sus empleadores a compartir los frutos de la productividad creciente.
El resultado es que, mientras que la productividad de los trabajadores norteamericanos ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, los sueldos, salarios y beneficios que corresponden a los empleados no lo han hecho. De hecho, para sectores importantes de la fuerza laboral, la remuneración y las prestaciones realmente han disminuido. Ésta es una de las principales causas del nivel atroz de desigualdad económica que existe hoy en este país.
La razón de los salarios fijos o en declive es evidente. Lo que el difunto y celebrado economista John Kenneth Galbraith llamaba un «contrapeso», en este caso los sindicatos, se ha debilitado tanto que no exige a los empleadores una participación justa para los trabajadores en la prosperidad creada a través de – y gracias a – su trabajo.
Y, en ausencia de un contrapeso, incluyendo el estado, que en las últimas décadas se ha puesto del lado del capital en contra del trabajo la mayor parte del tiempo, nada ha impedido que los empleadores se apoderen de la porción leonina (y más) de los despojos del crecimiento económico. En otras palabras, lo hicieron porque podían hacerlo.
La esfera pública ha sido, hasta hace poco, el único sector a salvo de la compresión sufrida por la gran mayoría de la población, que debe ganarse la vida con sueldos, salarios, pensiones privadas, y la seguridad social. Esto en beneficio de los muy pocos que pueden permitirse lujos pródigos de los ingresos no derivados del trabajo, producto de herencias, acciones, bonos, y alquileres.
Aunque todos los estudios rigurosos han demostrado que los trabajadores del sector público ganan un 5 por ciento menos que sus contrapartes del sector privado, en base a la educación, la experiencia, las responsabilidades, la etapa de su carrera, y otros criterios pertinentes (considere usted el número de congresistas que se jubilan para ganar más dinero en el sector privado y la miríada de Secretarios del Gabinete que dicen que tienen que hacer grandes sacrificios económicos si quieren trabajar para el gobierno), el empleo del sector público tiene varias ventajas.
El sector público de EE.UU. no tiene que competir con el sector público de China, Japón o la Unión Europea. A diferencia de la industria de manufactura, el empleo en los gobiernos locales, estatales y federales ha crecido a la par que la tasa de sindicalización. Y, a diferencia de muchos empleos en el sector privado, la mayoría de los trabajos del gobierno son difíciles, o imposibles, de exportar.
Por último, los jefes del sector público, a diferencia de los supremos ejecutivos corporativos, están bajo menos presión y tienen pocos incentivos (o ninguno) para llevar a cabo brutales campañas de «reducción» o para extraer la última gota de ganancia del trabajo de sus subordinados.
Como resultado, mientras que los funcionarios públicos ganan menos dinero, tienen más seguridad, tanto en el trabajo como en la jubilación. Mientras que en la mayoría de los estados un empleador privado puede despedir a un empleado «a voluntad» – por cualquier razón o sin ninguna razón, excepto por una razón discriminatoria por motivos de raza, religión, sexo, etc. – la mayoría de los empleados del sector público sólo pueden ser despedidos por causa justificada o por razones presupuestarias.
Además, mientras que en el sector privado un alto porcentaje de los empresarios pagaban los planes de pensión de «beneficio definido» para sus empleados, la misma carrera loca hacia las máximas ganancias a corto plazo que dió lugar a las «reducciones» de personal y a la guerra contra los sindicatos – y que alimentó la burbuja especulativa que llevó al colapso financiero de 2008 y la resultante (y en curso, a pesar de declaraciones oficiales en sentido contrario) Gran Recesión – ha llevado a una drástica reducción de las contribuciones del empleador a planes de pensiones y a un cambio en el costo y el riesgo que recaen sobre los empleados, lo que significa una disminución en sus ingresos disponibles.
Por otro lado, la gran mayoría de empleados del sector público siguen disfrutando de planes de pensión financiados por el empleador que ofrecen beneficios definidos. Esta disparidad, junto con las restricciones presupuestarias reales causadas por la crisis financiera y económica creada por nuestro capitalismo de casino centrado en Wall Street y extendido a Main Street, ofrece las condiciones ideales y la motivación para que un empresario político oportunista, neófito, y radicalmente a favor de los negocios políticos dispense la misma medicina amarga a los empleados públicos que los empleadores privados han dispensado por más de 30 años.
Estereotipoear y vilipendiar a los funcionarios públicos como «burócratas del gobierno que no hacen nada», e intrometerse con ellos para reducir el dinamismo de la productividad e infinita eficiencia de la «economía de mercado» ha sido siempre la costumbre de los demagogos norteamericanos. Las fortunas en declive y la inseguridad cada vez mayor de los trabajadores del sector privado – que constituyen la gran mayoría de los trabajadores y los votantes – permiten que el demagogo establezca una comparación odiosa que divide a los trabajadores y pone al sector privado en contra de los empleados públicos.
Los beneficiarios son las corporaciones y los ricos, que han tenido una suerte fabulosa en los últimos años y ahora están sentados en miles de millones de dólares en efectivo, y que no pagan ni siquiera un porcentaje insignificante de su participación equitativa en el costo de equilibrar los presupuestos federales, estatales y locales.
Por eso, cuando uno de estos personajes, como el gobernador de Florida Rick Scott, que personifica la especie que hemos descrito arriba, dice que quiere gobernar como un CEO [supremo ejecutivo] y administrar el Estado como si fuera un negocio, le creo. Él no está soplando anillos de humo. Él está hablando de algo muy real: librar y ganar, por las buenas o por las malas, como lo hizo en el sector privado, la última batalla en la guerra de clases de arriba hacia abajo que ha estado ocurriendo por décadas.
Aplastar a los sindicatos, reducir el nivel de vida de los trabajadores del Estado, socavar su seguridad, desfinanciar la única fuerza (el Partido Demócrata) que, aunque débil, se opone a una sociedad monolítica dominada por las corporaciones – de eso se trata todo esto.
La escritura está en la pared – y en las noticias. En un estado relativamente liberal y pro-sindical como Wisconsin, las multitudes valientes que en Madison, durante semanas, desafiaron el frío y las probabilidades para hacer retroceder a la ofensiva republicana contra los empleados públicos y sus sindicatos, no pudieron detener la marea. La legislatura republicana y el gobernador utilizaron una maniobra de procedimiento para aprobar una ley que priva a los trabajadores de su poder.
En Florida, un estado más conservador y anti-sindical, los titulares de un día bastan para narrar la historia: «Los republicanos de la Florida se unen a la marcha en contra de los sindicatos» (The Miami Herald, 11 de marzo); «La revisión de los maestros se mueve hacia adelante» (The Miami Herald, 11 de marzo).
El gobernador de la Florida es un mago corporativo que piensa que los negocios – de la variedad fuerte, con filo duro – es la respuesta a todos los problemas. Los magos de Wall Street – mucho más inteligentes que Rick Scott – también pensaban que lo sabían todo, pero ellos botaron al mercado financiero y a la economía de la nación al suelo.
Sólo en última instancia, los genios de Wall Street tuvieron que pedirle al sector público que les resucitaran de emergencia con trillones de dólares sacados de los impuestos pagados por los ciudadanos ordinarios, que durante mucho tiempo han sido abusados por las corporaciones.
La pregunta ahora es ésta: Si nuestro mago de negocios floridense bota al estado al suelo mientras lo administra como un negocio, ¿quién estaría dispuesto a rescatar a este personaje tortuoso y absurdo – y a los ciudadanos de nuestro estado?’
Fuente: h