Traducido por Guillermo F. Parodi y revisado por Horacio Garetto
«Un acuerdo [ con los Estados Unidos ] con el fin de armonizar las normas del comercio, la seguridad o la defensa, obligaría, en definitiva, a Canadá y México… a ceder a los Estados Unidos el poder real sobre el comercio internacional, la inversión internacional, la normativa medioambiental, la inmigración, y, en gran parte, sobre la política exterior, e incluso sobre las políticas fiscales y monetarias.»
Roy McLaren, ex ministro liberal federal canadiense
Se puede esperar una reacción muy negativa por parte de la población canadiense, y también de las estadounidenses y mexicanas, cuando conozcan en detalle lo que el trío de Bush-Calderon-Harper elaboraron minuciosamente estos últimos años en el mayor secreto y en ausencia de ningún debate público.
En efecto, los tres gobiernos, relativamente impopulares, asentados actualmente en Washington, Ottawa y México, se asociaron a enormes compañías, la mayoría estadounidenses, con el fin de establecer las bases de una futura Unión Norteamericana (UNA), también llamado el proyecto para una «Integración Profunda». Se trataría de una nueva alianza, de tipo permanente, dentro de la cual los estadounidenses tendrían de hecho una influencia preponderante. Esta unión obligaría a Canadá y a México a armonizar numerosas leyes y reglamentos en función de los intereses del mundo de los «Big Business», y de los del gobierno estadounidense, sobre todo preocupado por sus ambiciones imperiales y no democráticas a través del mundo.
Por supuesto que tal plan de integración continental avanzada, tanto a nivel económico como político, se aleja considerablemente de la idea original de intercambios equitativos y libres, para los bienes y los servicios, a causa de la abolición de las barreras arancelarias y no arancelarias entre los países del hemisferio. Esta idea previamente tomó forma con el Acuerdo de libre comercio de 1988, entre el Canadá y los Estados Unidos. Más tarde, en 1994, Canadá tuvo que aceptar que México se acople al Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA, por sus siglas en inglés), siendo obligado también a hacer concesiones sustanciales en cuanto a la aplicación de la Ley sobre Inversión Canadá, la cual regula las tomas de control extranjeras de compañías canadienses, además de garantizar a los Estados Unidos un acceso privilegiado a los recursos energéticos canadienses. Todo ello habría debido bastar para abrir el mercado canadiense (estadounidense en el original. NdT) a las empresas estadounidenses (canadienses en el original. NdT). Parece, sin embargo, que no es en absoluto el caso. Las grandes sociedades y el gobierno estadounidense quieren servirse del pretexto de la lucha al terrorismo para ir mucho más lejos y extraer aún más concesiones por parte del Canadá.
En efecto, bajo la presión de las grandes empresas, la mayor parte estadounidenses, que tienen instalaciones en los dos lados de la frontera, y de las preocupaciones por la seguridad del gobierno estadounidense, la idea inicial de libre comercio se agrandó y pasó a un nivel bien superior. Lo que se propone es ni más ni menos que transformar los acuerdos de libre comercio en una organización política paraguas que sería una especie de organización paralela a la Unión Europea con su reagrupación de 27 países.
Realmente, el proyecto norteamericano hasta podría sobrepasar lo realizado por la UE en cuanto a integración económica y política. Así pues, en Europa, las dos docenas y aún más de países miembros conservaron su dominio sobre sus fuerzas armadas y sobre su política exterior y, lo que es importante, no se encuentra ningún país en posición de ejercer una influencia hegemónica sobre el conjunto de la Unión. Ese no sería, por supuesto, el caso en América del Norte, por el peso preponderante de los Estados Unidos.
En los hechos, lo que está en juego podría conducir a Canadá, a México y a los Estados Unidos, tres países muy diferentes en cuanto a población, cultura y orientaciones, a integrar de facto sus fuerzas armadas y a fusionar sus políticas exteriores, para formar una especie de Fortaleza Norteamericana, la cual operaría necesariamente bajo el protectorado de los Estados Unidos. Necesariamente, en efecto, serían los Estados Unidos y su gobierno los que tendrían el bastón de mando en tal alianza, mientras que se relegaría a los dos socios restantes al estatuto de casi colonias políticas y económicas.
Dudo que eso pueda funcionar. Por una parte, los canadienses nunca aceptarán que su país se convierta en una colonia de los Estados Unidos y el actual gobierno minoritario de Stephen Harper sufrirá las consecuencias si persiste en esta dirección. Los canadienses no desean de ninguna manera ver que sus fuerzas armadas y su política exterior se funden, de facto, en las de la América Imperial. Por otra parte, no desean en ningún caso ver sus recursos naturales colocados bajo control estadounidense y que sean explotados casi en su totalidad por empresas de ese país, que tengan poco o nada de consideración por la soberanía del Canadá y por el bienestar de sus habitantes. Del mismo modo, la gran mayoría de los canadienses no desean ver desaparecer el dólar canadiense en favor de un dólar estadounidense cada vez con menos prestigio en el mundo, como algunos lo sugirieron.
Sin embargo, todos estos temores podrían concretarse a largo plazo si tienen éxito los esfuerzos, en gran parte secretos, que actualmente se despliegan a los más altos niveles, en el marco de la operación misteriosa conocida bajo el acrónimo inglés de «SPP», acrónimo que indica que el programa fue bautizado con el nombre de Cooperación Norteamericana para la Seguridad y la Prosperidad (se usará el acrónimo SPP, en algunas referencias. NdT), conocido también por la denominación de «Integración Profunda». Esta iniciativa de integración fue oficialmente lanzada en ocasión de una Cumbre entre George W. Bush (EE UU), Vicente Fox (México) y Paul Martin (Canadá), que tuvo lugar en la ciudad de Waco, en Texas el 23 de marzo de 2005.
Son las grandes empresas canadienses y compañías cada vez menos «canadienses», tal como Alcan a punto de ser vendida a la británica Río Tinto, y filiales canadienses de empresas estadounidenses, las que están a la cabeza de esta campaña en favor de una Unión Norteamericana. En Canadá, estas empresas se agrupan en el Consejo Canadiense de los Jefes de Empresas (CCCE, por sus siglas en francés), que presiona al gobierno Harper en favor del plan. -El Consejo Canadiense de los Jefes de Empresas cuenta con alrededor de 150 miembros corporativos.
Junto a grandes sociedades y bancos canadienses, se encuentran las filiales de las grandes compañías estadounidenses instaladas en Canadá, como las empresas: du Pont, FED X, General Electric, General Motors, Chrysler, Hewlett-Packard, Home Depot, IBM, Imperial Oil, Kodak, 3M, Microsoft, Pratt y Whitney, Suncor, Wyeth, Xerox, etc. – Para los dirigentes de estas empresas, el Canadá no es un país distinto de los Estados Unidos, sino un mercado adyacente que es importante para invertir y para controlar.
Hace cuatro años, en enero de 2003, que el CCCE lanzó su Iniciativa Norteamericana de Seguridad y Prosperidad (INASP). Los políticos se acoplaron más tarde. Los grandes objetivos de la iniciativa del CCCE se agrupaban inicialmente en una estrategia de cinco puntos:
1 – La redefinición de las fronteras entre Canadá, Estados Unidos y México;
2 – La maximización de las eficiencias reglamentarias;
3 – La negociación de un pacto continental global de seguridad energética;
4 – La negociación de una alianza militar para la defensa norteamericana;
5 — Y, la creación de un nuevo marco institucional para la nueva Unión Norteamericana.
Más tarde, el Consejo Canadiense de los Jefes de Empresas se asoció a otras dos organizaciones: al «Council on Foreign Relaciones», un organismo estadounidense conocido por su apoyo a la guerra de George W. Bush contra Irak, y al «Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales» mexicano.
El grupo de trabajo conjunto, bautizado como «Independent Task Force on the Future of North America», publicó un informe en mayo de 2005 cuyo título era «Construir una Comunidad Norteamericana». El informe proponía 39 recomendaciones específicas cuyo objetivo era llegar a hacer desaparecer de facto las fronteras y de establecer un único espacio económico asegurado, gracias a un acuerdo político norteamericano entre los Estados Unidos, Canadá y México.
En pocas palabras, la recomendación central del grupo de trabajo era constituir, a partir de 2010 (¡¡¡en solamente tres años!!!) una comunidad económica asegurada para el conjunto del continente, la Unión Norteamericana, con un perímetro común incluyendo una estructura arancelaria común, un sistema común de seguridad, todo combinado con la emisión de una tarjeta común de tránsito fronterizo. -Se tiene con eso la esencia del proyecto para una «Integración Profunda»: un único mercado, una única frontera económica, y un único sistema oficial de seguridad. Por el momento nadie tiene la idea de una «sola bandera» o de una «misma moneda», pero eso podría venir a largo plazo.
Es este proyecto que fue objeto de debates en cumbres políticas realizadas en Waco, Texas, en 2005, con el fin de hacer el lanzamiento, continuadas en marzo de 2006, en Cancún, México. En esta última cumbre, se acordó crear a un Consejo de la Competitividad Norte- Americana, compuesto de 30 hombres de negocios provenientes en número igual de cada país. Es ahora a este grupo de trabajo trinacional que incumbe establecer las prioridades del programa SPP y controlar el proceso de integración profunda gracias a transformaciones gubernamentales en los tres países. – Los días 20 y 21 de agosto próximo, en una Cumbre en el Castillo Montebello, situado en Montebello, Quebec, el presidente estadounidense George W. Bush, el primer ministro canadiense Stephen Harper y el presidente mexicano recientemente elegido, Felipe Calderón, se encontrarán para discutir de los progresos registrados en el desarrollo del programa SPP, en lo que será la tercera Cumbre.
La mayoría de los Canadienses pensaban, hasta hace poco, que la iniciativa trilateral emprendida tenía por objeto sobre todo facilitar el comercio y los viajes entre los tres países, de una manera compatible con las nuevas exigencias de seguridad que resultaron desde los acontecimientos del 11 de septiembre 2001.En efecto, si era ese el único objetivo de estos debates trilaterales a nivel político y burocrático, los cuales por otra parte comenzaron a partir de 2001, la mayoría aceptaría que es necesario llegar a nuevos acuerdos administrativos con el fin de reducir la duración de las demoras de los coches y camiones en los puestos fronterizos, sea mediante la ampliación de las instalaciones físicas, sea por la instauración de pre-aduanas. En este sentido, la gente no tendría el temor de ver a su Gobierno prepararse para abandonar pedazos enteros de soberanía nacional.
Más de uno sospecha, sin embargo, que las largas líneas de camiones canadienses que se observan frecuentemente a los puestos fronterizos estadounidenses, seis años después del 9/11, dan prueba de una cierta mala fe por parte del gobierno estadounidense, que parece utilizar la amenaza terrorista para acrecentar su proteccionismo y para ejercer presiones indebidas sobre el gobierno relativamente inexperto de Stephen Harper. Los canadienses no olvidan, en efecto, cómo el gobierno de George W. Bush se ha negado a someterse a los resultados de los numerosos juicios de los tribunales de arbitraje del NAFTA, y ha forzado el Canadá a aceptar un acuerdo de comercio regulado para la madera de construcción.
Sea como fuese, uno debe aceptar la evidencia de que los objetivos del proyecto «Integración Profunda» van mucho más lejos que la simple reducción de los períodos de demora en los puestos fronterizos. Estos objetivos son muy numerosos, muy controvertidos y muy aventurados para la soberanía nacional del Canadá, ya que van mucho más lejos que aumentar simplemente las instalaciones fronterizas y armonizar las medidas de control para los flujos comerciales y turísticos.
Realmente, el objetivo último de la operación «Integración Profunda» es llegar a crear a una Unión Norteamericana de carácter político, y no solamente económico, dentro del cual los tres países, sobre todo un país como el Canadá, vendrían a perder elementos importantes de su soberanía nacional. Sería una estructura política y económica que se asemejaría a la Unión Europea, con sus dos docenas y aún más países miembros, pero que tomaría en Norteamérica una coloración imperialista. – El NAFTA se transformaría en una unión aduanera y forzaría a los dos países menos poderosos a adaptar sus leyes y reglamentos para que se ajusten a las leyes y reglamentos estadounidenses, incluida la obligación de ajustarse a las políticas estadounidenses en cuanto a defensa y política exterior.
Como se ve, se está bastante lejos de la idea de facilitar simplemente los controles fronterizos para el movimiento de los bienes y personas. Lo que estas Cumbres tenidas en secreto contemplan es más bien la creación una nueva alianza política global entre los Estados Unidos, Canadá y México. Pero, debido a la fuerza de la gravedad, eso significaría, en la práctica, que los Estados Unidos harían del Canadá, y hasta un determinado punto de México, casi colonias de los EE.UU. – En efecto, los Estados Unidos son una especie de elefanta que hace lo que se le viene a la cabeza, sobre todo desde que es dirigido por el tándem Bush-Cheney, mientras que el Canadá y México hacen, lo mejor que pueden, respectivamente el papel de un pequeño castor y un pequeño zorro a su lado. Esto podría tener como consecuencia deteriorar considerablemente la calidad de la democracia canadiense.
Y, es allí donde la albarda hiere. En cuanto un país de tamaño medio acepta fusionar su política de la defensa con la de un gran país -como son los Estados Unidos, que por añadidura son imperialistas-, se vuelve muy difícil para el país conservar una política exterior autónoma. – Su soberanía nacional corre el riesgo entonces de reducirse y comprometerse de una manera irreversible.
Son numerosos los canadienses que temen con justa razón que el proyecto de «Integración Profunda» que es actualmente objeto de debates, y que se agita agresivamente en algunos medios, obligue a Canadá a dejar caer toda veleidad de tener una política exterior independiente de la de los Estados Unidos, a ver sus Fuerzas Armadas pasar a ser dependientes de las de los Estados Unidos, y, – a abandonar su control sobre los ingresos económicos y el desarrollo de sus recursos naturales, especialmente el control sobre los recursos en petróleo y gas, así como sobre los recursos hidráulicos e hidroeléctricos.
Algunos entreven incluso el día en que se harán sentir presiones para que el Canadá abandone el dólar canadiense, en favor de el dólar estadounidense, provocando por el hecho mismo la pérdida de independencia para sus políticas monetarias y fiscales. ¿Si estas aprehensiones e inquietudes pueden parecer exageradas, podemos sin embargo preguntarnos sobre la magnitud de las precauciones que se están tomando para salvaguardar la soberanía y la independencia del Canadá? ¿Cuáles serían los fundamentos democráticos de una unión política ampliada? ¿Cuáles son los costes políticos y económicos con relación a las ganancias económicas anunciadas? No se ha emprendido estudio alguno, que yo sepa, que haya evaluado correctamente estas cuestiones con el fin de proporcionar un esclarecimiento válido para un debate público de buena calidad.
Por lo tanto, estamos forzados a sacar la conclusión que el proyecto para una «Integración Profunda» y avanzada de Canadá en el seno americano es fundamentalmente defectuoso, si no sencillamente subversivo a nivel político. No hay ningún debate público articulado sobre lo que está en juego, aunque tarde o temprano el gobierno minoritario de Stephen Harper deberá necesariamente consultar y convencer a la población canadiense antes de formular las leyes que permitirían concretar la aplicación del proyecto.
Tal debate público no tuvo lugar hasta ahora. Todo al contrario, todo parece ser hecho para impedir a la población seguir el hilo de lo que se discute, ya que todo se desarrolla a puertas cerradas. Con esto debería bastar para plantearse dudas, aunque estos debates a más alto nivel político no tienen aún fuerza de ley. En un futuro más o menos alejado, los acuerdos ad hoc que son actualmente objeto de debates deberán concretarse en acuerdos formales o incluso insertarse en un nuevo Tratado entre los tres países. Se niega que sea esa la intención, pero la lógica de la operación aboga mucho por tal desenlace.
Personalmente, creo que lo que está en juego es suficientemente importante como para que, tarde o temprano, se realice un referéndum pan-canadiense sobre toda la cuestión de la «Integración Profunda». En efecto, es imposible decidir con justicia sobre un tema de tal trascendencia en el marco de una elección general, ya que un partido político puede tomar el poder con una minoría de votos entreverándose entre varios otros partidos. Una elección general no puede aportar la legitimidad requerida por un proyecto político de semejante trascendencia. Para lograrse, sería necesario un referéndum pan-canadiense en el que la población soberana pueda pronunciarse sobre la cuestión.
Nota del Traductor: Se han omitido los hipervínculos del texto original que llevaban a textos en francés no traducidos al español, salvo los de Wikipedia que se omitieron por tratarse solo de información general.
Fuente: http://www.thenewamericanempire.com/tremblay=1072b
Publicado el 9 de agosto de 2007
Rodrigue Tremblay es profesor emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Montreal y puede contactarse en la dirección: [email protected]. Su blog: http://www.thenewamericanempire.com/blog.
Guillermo F. Parodi y Horacio Garetto son miembros de Cubadebate y Rebelión. Parodi es también miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.