Con este lema en la pancarta de cabecera, unas cinco mil personas se manifestaron el pasado viernes en Las Palmas para exigir la paralización de las privatizaciones que, siguiendo la línea marcada por los ejecutivos anteriores, está llevando a cabo el Gobierno de Canarias en amplios sectores relacionados con la atención de la salud. Los […]
Con este lema en la pancarta de cabecera, unas cinco mil personas se manifestaron el pasado viernes en Las Palmas para exigir la paralización de las privatizaciones que, siguiendo la línea marcada por los ejecutivos anteriores, está llevando a cabo el Gobierno de Canarias en amplios sectores relacionados con la atención de la salud.
Los manifestantes, convocados por la Coordinadora por la Sanidad pública, recorrieron a lo largo de dos horas las calles de la capital grancanaria hasta llegar a la sede del Gobierno autónomo, lugar en el que José Alfaro, en nombre de la organización dio lectura a una declaración en la que se acusa al Gobierno canario de llevar a la práctica la política «dirigida a provocar un deterioro sistemático de la sanidad pública, incluyendo agresivas campañas de desprestigio y manipulación a través de los medios informativos, con el fin de poder justificar después su privatización ante los contribuyentes».
En este sentido, el documento se hace eco de la experiencia habida en países como Gran Bretaña en los que «la introducción de las empresas privadas en la sanidad ha provocado, no sólo el aumento de las desigualdades entre la población, sino también el trato a pacientes y trabajadores, es decir a las mayorías, como meros instrumentos para generar el enriquecimiento de unos pocos».
Ayer lunes, la Coordinadora volvió a reunirse a las 19 horas (en el local de la Asociación de Vecinos «Aura» del barrio de Cruz de Piedra) para acordar el calendario de acciones a ejecutar a partir de ahora y mantener vivo el movimiento ciudadano de lucha por la defensa de la sanidad pública.
DECLARACION POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD
Las condiciones del sistema público de salud en Canarias nos pone, a los ciudadanos y ciudadanas de las islas, frente a hechos que demuestran que el Gobierno canario y más concretamente la Consejería de Sanidad nos están arrebatando el derecho que todos y todas tenemos a que se nos garantice una atención sanitaria digna y de calidad, capaz de resolver de forma eficiente los problemas de salud que sufre la población.
El cierre progresivo de centros de salud, la falta de atención en muchos de ellos durante los fines de semana, el número insuficiente de pediatras y de personal sanitario en general y, como consecuencias, el retraso en la asignación de consultas tras la solicitud de citas previas o en la realización de pruebas diagnósticas (médicas), las listas de espera interminables y la masificación de las unidades de urgencias son sólo algunos de esos hechos.
Hechos de los que sería una irresponsabilidad, además de una mentira, echar la culpa al carácter público del sistema sanitario.
Más bien al contrario, a día de hoy, el verdadero responsable de la grave crisis que afecta a la Sanidad pública es el Gobierno de Canarias, que (siguiendo la línea marcada por los ejecutivos anteriores) no ha querido tomar las medidas oportunas, ni llevar a cabo las acciones requeridas para contribuir al buen funcionamiento de un sistema sanitario que garantice y haga efectivo el derecho a la protección de la salud.
De todo ello es cómplice necesaria la Consejera de Sanidad, Mercedes Roldós cuya responsabilidad (mandato) es la (el) de asegurar la financiación y distribución adecuada de todos los recursos derivados de la atención a los pacientes en los distintos niveles de asistencia sanitaria y no, como ha hecho y reconoce que seguirá haciendo, la de favorecer los intereses especulativos de las empresas y la privatización continuada de importantes áreas del sistema público de salud.
En este sentido, la política sanitaria del Gobierno de Canarias ha estado dirigida a provocar un deterioro sistemático de la sanidad pública, incluyendo agresivas campañas de desprestigio y manipulación a través de los medios informativos, con el fin de poder justificar después su privatización ante los contribuyentes. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan a Canarias entre las comunidades en las que menos se invierte en Atención Primaria o en una de las que menos gasto por habitante dedica a la sanidad. No podemos tolerar que el Gobierno pretenda responsabilizar a los inmigrantes pobres de la masificación actual del sistema sanitario público. Rechazamos esos mensajes racistas y reaccionarios que crean una infundada alarma social.
Paralelamente, se desvían cada vez más servicios de los considerados rentables a la sanidad privada, lo que está suponiendo la merma de recursos del sector público en materias, por ejemplo, en conocimiento y tecnología. Todo ello, como es lógico, está permitiendo la aparición de empresas del sector privado listas para parasitar aún más el presupuesto público /vivir aún más a cuenta del dinero público.
Hacemos aquí un reconocimiento expreso a todos aquellos profesionales de la salud que reniegan de este tipo de prácticas y que con su trabajo consciente y desinteresado hacen que las deficiencias orquestadas por políticas y Gobiernos ineficaces tengan las menores repercusiones posibles para todos nosotros, para los ciudadanos y ciudadanas de Canarias.
Por lo anteriormente expuesto, declaramos que no vamos a aceptar las políticas que están contribuyendo al deterioro acelerado de nuestro sistema sanitario público. Porque sabemos de la experiencia de otros países en los que la introducción de las empresas privadas en la sanidad ha provocado, no sólo el aumento de las desigualdades entre la población, sino también el trato a pacientes y trabajadores, es decir a las mayorías, como meros instrumentos para el enriquecimiento de unos pocos.
Por todo lo anteriormente expuesto, exigimos medidas inmediatas en cuanto a:
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Atención primaria cercana al paciente, con ambulatorios y consultorios bien situados en los barrios y pueblos, preparados para una atención de salud preventiva.
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Centros de Salud dotados de todos los medios para dar un buen servicio de urgencias, rayos X, análisis clínicos y especialidades más demandadas (cardiología, traumatología, pediatría, salud mental, etc), como medio para acabar con las listas de espera.
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Plan de choque para acabar con las listas de espera en especialistas, cirugía y rehabilitación.
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Puesta en marcha de los Consejos locales de Salud, dando entrada a la participación ciudadana.
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Paralización de todos los proyectos de privatización de servicios y rescate de todos aquellos gestionados por empresas privadas, acabando con la política de conciertos.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre de 2007
COORDINADORA POR UNA SANIDAD DIGNA Y PUBLICA
José Alfaro Castillo – José del Toro Augusto
c/ Azafata Delgado, 1
35014 – Las Palmas de Gran Canaria