Por enésima vez, la maquinaria del régimen se ha puesto en marcha para lograr que a sus servidores de uniforme nadie les pueda exigir responsabilidades penales por abusos, desmanes, torturas o incluso muertes, como sucedió en Roquetas de Mar. Desgraciadamente la vuelta a la actualidad del Caso Roquetas nos da la razón a quienes, en […]
Por enésima vez, la maquinaria del régimen se ha puesto en marcha para lograr que a sus servidores de uniforme nadie les pueda exigir responsabilidades penales por abusos, desmanes, torturas o incluso muertes, como sucedió en Roquetas de Mar. Desgraciadamente la vuelta a la actualidad del Caso Roquetas nos da la razón a quienes, en su día, denunciamos la impunidad de la que gozan la Guardia Civil y demás organizaciones policiales.
Recordemos que la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Granada reveló que Juan Martínez Galdeano falleció como consecuencia de la paliza que recibió; que el teniente de la Guardia Civil del cuartel de Roquetas ya había sido denunciado meses antes por otro ciudadano por maltratar a un hijo de éste; que la víctima había entrado por su propio pie al Cuartel; que tenía lesiones desde la cabeza a los pies (más de cuarenta golpes); que la rotura del esternón ocurrió, según el forense, porque estando tumbado, a la fuerza, en el suelo se pusieron de pié sobre él y tiraron brutalmente hacia arriba. Para colmo, parte de lo que allí ocurrió fue filmado por una cámara de video.
Pues bien, el último-, y prácticamente definitivo-, informe forense del Instituto de Medicina Legal de Almería descarta que la muerte fuera consecuencia de la actuación de la Guardia Civil, afirmando que las heridas que presentaba hubieran sanado con «un simple reposo».Asimismo recoge que la muerte de Galdeano se debió «a la confluencia de los factores de consumo de droga, estrés de la situación y la enfermedad que padecía».El abogado de los guardias, Gustavo Arduán, ha declarado sentirse muy satisfecho porque la justicia y el sistema judicial han funcionado con normalidad. Y tiene razón. La justicia del régimen español ha funcionado como debe ser: protegiendo a los verdugos que le sirven.
Observamos, sorprendidos, que el informe no considere relevante al hecho causal de que una persona fallezca poco después de sufrir una paliza. En ninguna parte de la investigación consta que hubiera tenido un enfrentamiento a golpes con alguien, previamente a su ingreso en el Cuartel, pues de haber sucedido así- y teniendo en cuenta la gravedad de las heridas- dudo mucho que hubiera podido hacerlo por su propio pie. ¿Entonces quién le provocó las heridas, sanen éstas o no sanen? ¿Si hubieran sido otros los inculpados, leeríamos las mismas demenciales conclusiones?. En definitiva, nos quieren hacer creer que los agentes ni actuaron violentamente, ni hubo porras eléctricas que le golpearan, a pesar de que el propio ministro afirmó que éstas habían sido vistas en la grabación. El individuo consumió drogas y después se suicidó golpeándose a si mismo. Fin de la historia. Alea jacta est.
En su momento opiné sobre los sucesos acaecidos en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas en sendos artículos. El segundo de ellos-, que titulé «La impunidad de la Benemérita, segunda parte»- finalizaba con este párrafo (perdón por la autocita):
«Me gustaría que, de esta historia de torturas y muerte, no tuviera que escribirse una tercera parte. Eso sería indicativo de que se habría aplicado una condena justa. Pero soy escéptico porque los antecedentes indicados, señalan que el régimen de Madrid nunca castiga severamente a sus servidores».
No habrá nuevas «partes». El último capitulo que se escriba sobre la tenebrosa historia de la Benemérita sólo podrá ver la luz cuando vivamos realmente en democracia y la justicia sea igual para todos. Afortunadamente, para entonces, el Instituto Armado ya no existirá.