Traducido por el autor para Rebelión
Mientras el Tribuna Constitucional continua enrocado en un eterno debate sobre si el Estaut catalán está suficientemente rebajado o no y las «dos españas» discuten si hay que dar más autogobierno o menos a los catalanes, la sociedad catalana ya ha está llegando a la siguiente estación: la autodeterminación.
«La centralidad se ha movido» editorializaba Vicent Partal desde Vilaweb, periódico digital referencia del soberanismo. O en palabras de Joan Laporta: «Lo que parecía imposible ahora es probable». O dicho aún de otra forma, lo que se discute en los cafés o en las colas de los mercados ya no es sobre al final el Estatut «colará» sino que se votará en la consulta sobre la independencia de hoy -en caso de vivir en un municipio donde se celebre- o que se votaría -en caso contrario. Y es que la acción social ha empujado el panorama mucho más allá de lo que desearían los políticos.
A pesar de ser una acción simbólica a nadie escapa que la convocatoria de referéndums simultáneos en 170 municipios con un censo total de más de 700.000 habitantes tiene una trascendencia política de primera magnitud. Primero demuestra la vitalidad de la sociedad civil catalana que a partir de sus asociaciones de base -ateneos y colectivos populares, pero también asociaciones culturales, entidades deportivas o AMPAS de colegios- ha sido capaz de organizar un evento de estas características. Segundo indica que el sentimiento del catalanismo mayoritario, que hasta el momento se repartía entre una autonomía con más competencias, el sueño de una España federal o la reivindicación independentista, está moviéndose rápidamente hacia la tercera opción. Un cambio de un calado tal que ya se empieza a notar en las bases de los propios partidos, con sus concejales aprobando mociones de apoyo a las consultas -a día de hoy ya son 219 municipios- a disgusto disimulado de sus dirigentes -como en el caso de CiU- o directamente en contra de las directrices de su cúpula, tal y como han hecho muchos concejales socialistas.
El tercer elemento a tener en cuenta es como el movimiento se desliza suavemente hacia la desobediencia civil, forzando una legislación que prohíbe explícitamente el ejercicio de la autodeterminación. En el caso de Arenys, en septiembre, el Ayuntamiento acató la prohibición judicial de ceder espacios municipales, esta vez ya son varios los consistorios que desobedecerán. ¿Cuál será el siguiente paso?
Sin reacciones aparentes
Quizás escamados tras la experiencia de Arenys, esta vez no ha habido una oposición frontal de los organismos del Estado a las consultas, e incluso Falange ha renunciado a sus manifestaciones. La postura ha sido, más bien, de tratar de restarle importancia y, sobre todo desde el gobierno, dejarle la iniciativa al PSC en este campo.
Esta vez parece que no serán las apisonadoras de la Brunete madrileña las que harán de «martillo de herejes», sino que se ha encargado el trabajo a los autonomistas «de casa». En este sentido se lee desde el mundo independentista el editorial conjunto de los doce periódicos catalanes. «Lo que era una acción simbólica contra una hipotética sentencia del Tribunal Constitucional se convierte en una acción contra las consultas» advierte Partal desde la páginas de Vilaweb.
Pero esta estrategia es obvio que hubiera tenido sentido en septiembre, cuando solo votaba un pequeño pueblo de 8.000 habitantes, pero hoy la bola ya es demasiado grande y como advierte a menudo el filósofo Josep Maria Terricabras «un pueblo no se autodetermina a cada elección, pero si lo puede hacer en una concreta». O sea, que si la República se proclamó tras unas elecciones municipales, quién sabe de que vía puede llegar la independencia.
Logros y peligros
A parte de la cuestión nacional en si mismo, el movimiento de las consultas ya ha conseguido su primer gran logro. Al reconocer el derecho de voto de todos los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, se ha convertido en la mayor acción por la plena ciudadanía realizada nunca en Catalunya. Un detalle que no ha pasado desapercibido a las asociaciones de inmigrantes, que ya han organizado una plataforma -Inmigrantes pel Dret a Decidir- para promover la participación entre sus comunidades. «Catalunya nos reconoce la ciudadanía que España nos niega» asegura Diego Arcos, presidente del Casal Argentino y partidario acérrimo de la independencia.
Pero el movimiento no está exento de peligros. Desde la Esquerra Independentista se ve con cierto recelo como al carro del movimiento ciudadano se suben personajes al menos dudosos y se teme que ciertos partidos -sobre todo CiU, pero también ERC- no renunciarán fácilmente a tratar de controlarlo para, en el caso de los primeros, desactivarlo una vez recuperada la Generalitat.
Además queda el tema de la territorialidad. ¿Quién se está autodeterminando? ¿Sólo las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Catalunya o toda la nación catalana que incluye también Baleares y el País Valenciano? La mayoría de las consultas entran en una ambigüedad más o menos calculada -nadie niega que el sentimiento independentista fuera de Catalunya es mucho más débil- que mientras para algunos ya sirve para cumplir el trámite, para otros significa una posible renuncia imperdonable.
Y ¿después qué?
Al final, el principal peligro de las consultas serán las propias expectativas generadas. Por que ¿cuánta participación es necesaria para considerarlas exitosas? El resultado de Arenys -un 40%- ha puesto el listón muy alto, difícil de igualar en una acción de una magnitud mucho mayor. Después aun vendrá la parte más difícil: la extensión de las consultas a las grandes ciudades como Barcelona y Lleida, con una población mucho menos nacionalista y una sociedad civil más difícil de movilizar -sin contar Baleares y País Valenciano-, lo que conllevará el riesgo de dar la sensación que el movimiento se va apagando.
Y, finalmente, una vez acabado este ciclo ¿qué? Anna Arqué, portavoz de la coordinadora de las consultas apuesta porque la presión «fuerce a nuestro Parlament a convocar un referéndum a nivel nacional». Una opción más bien difícil, como mínimo antes de las elecciones autonómicas del próximo año.
Rebelión ha publicado este artículo con permiso del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.