Los medios de comunicación y los políticos culpan de la situación a los padres de los menores y a las políticas de Obama, pero no reconocen el papel de los Estados Unidos en la avalancha de migración que condujo a esta crisis.
(México) Más de mil menores de edad migrantes permanecen encerrados en un centro de detención en Nogales, Arizona, Estados Unidos, en condiciones calificadas como «deplorables» y de «crisis humanitaria» por quienes han logrado entrar. Provenientes en su mayoría de Centroamérica y detenidos sin compañía de su familia, fueron enviados por las autoridades estadunidenses de migración desde el sur de Texas, y serán enviados luego a instalaciones militares antes de enfrentar el proceso legal que definirá si son deportados.
Las leyes estadunidenses prohíben al Departamento de Seguridad Nacional deportar inmediatamente a niños y niñas que no son de México o Canadá. Se les pone bajo custodia gubernamental y se llama a que sus parientes tomen contacto, lo que pocas veces sucede.
La periodista Kate Randall, en World Socialist Web Site, informa que la Patrulla Fronteriza detuvo o a más de 48 mil niños que cruzan la frontera con Texas en tan sólo un año. Las autoridades texanas argumentan que están «sobrepasadas» por el número de menores detenidos y por eso los envían a Arizona.
Randall denuncia que los niños -que fueron transportados en autobuses de pasajeros sin ningún logotipo- están encerrados en condiciones deplorables, y señala que el cónsul hondureño Tony Banegas, que logró entrar a las instalaciones, informó que duermen en contenedores de plástico, que algunos llevan más de 10 días sin poderse bañar y hay incluso enfermos de diarrea. También se denunció que eran alimentados solamente con «burritos» fríos (tacos hechos con tortilla de trigo). Las instalaciones de Arizona tienen capacidad para mil 500 personas, y para el 13 de junio, activistas reportaron ya mil 144 menores detenidos.
La fuerza encargada de aduanas y fronteras, la ICE, solamente tiene un centro para menores en Pensilvania. De las instalaciones de Arizona, informa Randall, los niños serán trasladados a instalaciones militares en Oxnard, California; San Antonio, Texas; y Fort Sill, Oklahoma. El cónsul salvadoreño José Joaquín Chacón señaló que se intentará contactar a los familiares de los menores; cuando no se logre, serán enviados a centros temporales de internamiento mientras se define su reunificación familiar.
Una vez que salen de la custodia de las instituciones, los menores deben enfrentar al sistema legal que decidirá sobre su permanencia en Estados Unidos, la mayoría de las veces sin abogados, denuncia el reportero Jason Margolis en Pri. Son pocos los que lograrán acceder a un estatus especial para jóvenes en riesgo que les permita quedarse.
El voluntario Daniel Wilson declaró al periodista Miguel Otarola que «esto es una crisis humanitaria. La respuesta de los Estados Unidos a ella es militar». El joven de 26 años, que atiende a migrantes en Tucson, advirtió: «No me imagino cómo vive esto un niño pequeño sin el apoyo de sus padres».
El blog del Programa de las Américas señala que los medios de comunicación solamente cuentan la mitad de la historia de los menores detenidos: concluyen que los padres promueven por conveniencia la migración de sus hijos y que las políticas del presidente Barak Obama hacen que los migrantes piensen que podrán permanecer en Estados Unidos aunque sean capturados. Aunque mencionan la pobreza en la que viven los migrantes en sus países, acusa el Programa, no hablan del papel de los Estados Unidos en esta pobreza que fuerza a migrar a los menores y sus familias.
«El resultado predecible de avalancha de artículos sobre niños migrantes es la llamada a construir más centros de detención (lo que son buenas noticias para la industria privada de las prisiones) y a detener las liberaciones», expone el blog, especializado en asuntos políticos y sociales en América Latina y Estados Unidos.
Los niños no están solos, argumenta el Programa. Los padres deben pagar fuertes sumas a los «polleros» para que los reúnan con sus hijas e hijos, producto de la creciente vigilancia en la frontera. «En tanto se incrementó el costo de cruzar por la frontera, el crimen organizado reconoció en ello una fuente de negocio nueva y reemplazó a los viejos coyotes independientes y a los familiares que cruzaban gente por la frontera».
El 3 de junio, Obama se refirió a la situación como «crisis humanitaria» y llamó a la creación de un grupo de coordinación para hacerse cargo de la situación; además, pidió mil 400 millones de dólares para construir infraestructura para los niños detenidos.
La alternativa a culpar a las víctimas, señala el Programa, es aceptar que los tratados de libre comercio con América Latina dejaron a millares de jóvenes sin oportunidades económicas, y que la guerra contra las drogas y las «ayudas» que proporciona para ello Estados Unidos agravaron la violencia en los países de origen.
«La campaña que conciencia que necesitamos», define el Programa, «es una que diga a los ciudadanos estadunidenses y al Congreso los impactos de las políticas económicas y de seguridad en los vecinos del sur, especialmente en los niños».