Hay imágenes que trascienden el impacto inmediato de la actualidad. Miles de cuerpos agotados, tendidos sobre el césped de los parques de Ceuta, y familias enteras cruzando a nado el espigón, mientras otros se lanzan al mar con un flotador improvisado. Y, al mismo tiempo, la noticia más trágica: al menos 57 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. Detrás de estas cifras hay un fracaso; pero también hay un chantaje, una agresión que parece haber sido pactada, fomentada o coordinada al más alto nivel internacional. Además de una responsabilidad política que no puede despacharse con consignas: Marruecos ha usado a miles de civiles, muchos de ellos menores de edad, como arma para tratar de desestabilizar al Gobierno de España.
Las últimas veinticuatro horas han puesto al Estado español, obligado a movilizar el Ejército, ante una de las crisis internacionales más graves de los últimos años. La presión sobre Ceuta y Melilla ha sobrepasado hace tiempo la capacidad de acogida de ambas ciudades. Esto ha forzado a España a desplegar recursos de emergencia en un escenario que cambia casi cada minuto. Se puede discutir, criticar o mejorar la respuesta. Sin embargo, esta vez el foco hay que ponerlo en otro lugar, porque las causas son diferentes.
No estamos ante un aumento súbito de la presión migratoria sino ante un mensaje que los actuales dueños del mundo emiten contra el Gobierno español. El rey de Marruecos ha movilizado, en el día del 27º aniversario de su llegada al trono, a cerca de 60.000 personas, según cálculos oficiales españoles, muchas de ellas transportadas y escoltadas en camiones por la Gendarmería nacional, y las ha lanzado contra la frontera de Ceuta. Y, en cuestión de horas, el Gobierno de Estados Unidos, el de Israel, el de Italia y luego el Partido Popular europeo en pleno, es decir los mayores adversarios del actual Ejecutivo español, han manipulado el hecho, achacándolo al efecto llamada provocado por la regularización de inmigrantes que el Gobierno Sánchez lanzó hace unos meses.
Conviene mirar el calendario para entender lo que sucede. El 20 de julio, Pedro Sánchez viajó a Argel para certificar el deshielo con Argelia. Ocho días después, la presión sobre el Tarajal se disparó. Exteriores insiste en que la relación con Rabat es excelente y que Marruecos coopera con lealtad. A ello se suma un factor jurídico nuevo: una sentencia del Tribunal Supremo conocida el 8 de julio impide aplicar el rechazo en la frontera a quienes son interceptados en el mar mientras intentan llegar a nado: al no haber superado ninguna barrera física, su caso debe tramitarse por el procedimiento ordinario de devolución, con resolución individual. El retorno sigue siendo posible, aunque ya no sea automático. Quien organice o simplemente tolere una salida masiva lo sabe.
Esta “invasión fake”, extraña, puntual, de ida y vuelta –miles de personas regresaban hoy a Marruecos por su propio pie–, esta nueva marcha verde organizada por Rabat y celebrada como un fracaso personal de Pedro Sánchez por las derechas y las ultraderechas estatales y foráneas, solo se puede leer como una advertencia/castigo de Marruecos y de sus poderosos socios contra las posiciones del Gobierno español sobre temas diversos pero muy relacionados entre sí: la regularización, la denuncia del genocidio de Israel en Gaza, la resistencia a cumplir con las peticiones desorbitadas de inversión de la OTAN y la negativa a ceder el uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos para operaciones militares contra Irán.
La alianza entre EEUU, Israel y Marruecos, flamante miembro de la Junta de Paz de Gaza y firmante de los Acuerdos de Abraham, late con fuerza en el fondo del asunto. En abril pasado, un informe de un comité del Congreso de EEUU recordó que las ciudades de Ceuta y Melilla “están situadas en territorio marroquí y siguen siendo una reivindicación vigente de Rabat”. El informe apoyó también “los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, para alentar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de Ceuta y Melilla”.
El párrafo lo introdujo Mario Díaz-Balart, uno de los congresistas más próximos a Rubio. Analistas como Michael Rubin llevan meses reclamando a Trump el reconocimiento formal de las dos ciudades como territorio ocupado, y han vuelto a hacerlo esta misma semana, aprovechando las imágenes del espigón. Ayer mismo, Trump volvió a referirse al “gobierno de extrema izquierda español”. Al cabo, la National Security Strategy ya hablaba de intervenciones como esta dentro de la UE, con el objetivo de reforzar la extrema derecha “para ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual” de supuesta “aniquilación civilizacional”. De hecho, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha advertido a España de que debería cambiar de rumbo “o arriesgarse a su propia desaparición”.
Tel Aviv tampoco se esconde. Hoy mismo, Danny Danon, embajador israelí ante la ONU, ha mentido al afirmar que “España ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis provocada por su política de inmigración”. Para añadir: “Quizás, antes de que continúe dándonos lecciones, sea hora de que explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África”.
Mientras tanto, el debate interno español vuelve a endurecerse. La oposición de PP y Vox reclama reformas legales, medidas excepcionales y comparecencias parlamentarias. España deberá responder a esta crisis con firmeza, humanidad y eficacia. Y muy probablemente tendrá que dialogar con Rabat sobre el futuro de Ceuta y Melilla. La lección incómoda es la de siempre: la seguridad de las fronteras españolas depende de decisiones que se toman también en la dictadura de Rabat. Mientras esa asimetría no se corrija mediante compromisos verificables, y no con comunicados que proclaman la excelencia de las relaciones entre Marruecos y España, cada desavenencia bilateral tendrá su capítulo migratorio.
Que la integridad territorial española empiece a aparecer como materia opinable en ese contexto no es una casualidad incómoda solo para Madrid: es sobre todo una oportunidad para Rabat. Pero no debemos olvidar que mucha gente espera poder migrar y lo hace cuando puede, antes o después, y por supuesto ese proyecto vital es totalmente legítimo. Este nuevo marco de guerra puede servir para justificar una represión brutal, pero sería inaceptable permitir que actores externos utilicen esa dramática situación para dar lecciones sobre soberanía y políticas migratorias.