Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Tres importantes miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. han pedido la inmediata apertura de audiencias de impugnación del vicepresidente Richard Cheney.
Los demócratas Robert Wexler de Florida, Luis Gutiérrez de Illinois y Tammy Baldwin de Wisconsin distribuyeron el viernes una declaración: «Un caso para audiencias,» en la que declaran: «Los temas en cuestión son demasiado serios para que sean ignorados, incluyendo afirmaciones verosímiles sobre abuso del poder que si son probadas podrían constituir crímenes mayores y menores según nuestra constitución. Las acusaciones contra el vicepresidente Cheney se relacionan con sus acciones engañosas antes de la guerra de Iraq, la revelación de la identidad de una agente encubierta para tomar represalias políticas, y la escucha telefónica ilegal de ciudadanos estadounidenses.»
Los miembros del Comité Judicial citan en particular las recientes revelaciones del ex secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, de que el vicepresidente y su personal le dieron intencionalmente información falsa sobre la revelación de la identidad de Valerie Plame Wilson como agente encubierta, que formaba parte de una campaña de la Casa Blanca para desacreditar a su esposo, el ex embajador Joe Wilson. Sobre la base de las declaraciones del funcionario mencionado, Wexler, Gutiérrez y Baldwin dicen: «Es aún más importante que el Congreso investigue lo que puede haber sido una obstrucción intencional de la justicia.» Los tres miembros de la Cámara argumentan que: «El congreso debería llamar al señor McClellan para que testifique en cuanto a lo que describió como que se le pidió «‘transmitir] sin saberlo información falsa.'»
Para reforzar el sentido de urgencia, los legisladores señalan que «recientes revelaciones han mostrado que el gobierno, incluyendo al vicepresidente Cheney, pueden haber vuelto a manipular y exagerado evidencia sobre armas de destrucción masiva – esta vez sobre las capacidades nucleares de Irán.»
Aunque Wexler, Gutiérrez y Baldwin son cercanos del presidente del Comité Judicial, John Conyers, ello no significa que sea necesariamente fácil lograr que el demócrata de Michigan inicie audiencias sobre la impugnación. Aunque Conyers lideró la sugerencia durante el último Congreso de que tanto el presidente Bush como el vicepresidente Cheney habían cometido ofensas impugnables, ha estado bajo inmensa presión de la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, demócrata de California, para que mantenga «bajo la mesa» soluciones constitucionales ante excesos gubernamentales durante la duración de este período parlamentario.
Es notable, sin embargo, que Baldwin mantiene cordiales relaciones con Pelosi y que Wexler, un miembro veterano del Comité Judicial ha mantenido históricamente una relación de trabajo amable y efectiva con Conyers. No cabe duda de que Conyers, que el 7 de noviembre votó por mantener abierto el debate sobre la impugnación, ha estado buscando un camino para explorar las acusaciones contra Cheney. La iniciativa de tres de sus principales aliados en el comité podría ofrecer al presidente la ocasión que busca, aunque es probable que necesite recibir la opinión de otros miembros del comité antes de llegar a algún tipo de ruptura con Pelosi – o tal vez de convencerla que la realización de audiencias sobre los crímenes mayores y menores de Cheney es algo diferente que colocar sobre la mesa una iniciativa de impugnación de Bush.
El suceso inmediato más importante es, sin embargo, la afirmación de una «solicitud» para los partidarios de la impugnación. Jalados en muchas direcciones en los últimos meses, los defensores de la responsabilización presidencial y vicepresidencial han concentrado su atención en el apoyo a una propuesta en la Cámara del congresista por Ohio, Dennis Kucinich, candidato a la aprobación presidencial demócrata, por la impugnación de Cheney. Cuando Kucinich impuso la consideración de su resolución el 7 de noviembre, Pelosi y sus aliados utilizaron maniobras de procedimiento para que fuera enviara al Comité Judicial para su consideración. La esperanza de Pelosi era que la propuesta desapareciera en los archivos del comité.
El llamado de Wexler, Gutiérrez y Baldwin a favor de las audiencias coloca la impugnación sobre la mesa, por lo menos en lo que respecta a los activistas, creando así un punto de presión que puede servir de respuesta cuando los demócratas de la Cámara que critican a Bush pero circunspectos en cuanto a la impugnación preguntan: «¿Qué queréis que haga?» La respuesta puede ser ahora: «Respalde el llamado a realizar audiencias del Comité Judicial sobre si cabe impugnar a Dick Cheney.»
«Algunos de nosotros estábamos en el Congreso durante las audiencias de impugnación del presidente Clinton. Pasamos un año y medio escuchando testimonios sobre las relaciones personales del presidente Clinton. Algo semejante no tiene que ser el modelo para las investigaciones de impugnación. Un Congreso demócrata puede mostrar que toma en serio su autoridad constitucional y realizar una investigación sobria, que esté en agudo contraste con el tribunal irregular y arbitrario convocado por los republicanos para el presidente Clinton. De hecho, el peor legado de la impugnación de Clinton – con las afirmaciones amañadas e insignificantes del partido republicano – sería que llegue a desalentar a futuros Congresos del examen de afirmaciones verosímiles y significativas de naturaleza constitucional cuando se presenten,» escriben Wexler, Gutiérrez y Baldwin.
«Las acusaciones contra el vicepresidente Cheney no son de carácter personal,» agregan los miembros de la Cámara. «Van al núcleo de las acciones de este gobierno, y merecen consideración de una manera en la que el escándalo de Clinton nunca lo hizo. El pueblo estadounidense lo comprende, y una mayoría apoya audiencias según un sondeo del 13 de noviembre de American Research Group. En los hechos, un 70% de los votantes dice que el vicepresidente Cheney ha abusado de sus poderes y un 43% dice que debiera ser removido de su puesto ahora mismo. El pueblo estadounidense comprende la magnitud de lo que se ha cometido y lo que está en juego si no actuamos. Es hora de que el Congreso se ponga al día.»
Argumentando que las audiencias no tienen por qué distraer al Congreso, Wexler, Gutiérrez y Baldwin señalan que la atención se centra en Cheney por un motivo: «Estas audiencias involucran la posible impugnación del vicepresidente – no de nuestro comandante en jefe – y el impacto sobre la actividad y la atención de la nación sería significativamente menor que las audiencias de impugnación del presidente Clinton.»
También argumentan, correctamente, que las audiencias son necesarias si el Congreso ha de restaurar su posición en el sistema constitucionalmente definido de controles y equilibrios.
«La realización de audiencias pondría la evidencia sobre la mesa, y la evidencia – no la política – determinaría el resultado,» explican los miembros del Comité Judicial. «Incluso si las audiencias no llevan a su remoción de su puesto, el hecho de que se registren esos penosos abusos es importante por el bien de la historia. Ante un gobierno que ha eludido consistentemente la constitución y que ha afirmado que se halla por sobre la ley, es imperativo que el Congreso deje en claro que no aceptamos este peligroso precedente. Nuestros fundadores de la nación dieron al Congreso el poder de la impugnación precisamente por este motivo, y por lo menos debemos considerar su uso.»