Estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión. A la utilización sesgada de la rabia popular orientada hacia objetivos imposibles. Hay que crear ruido de fondo, aunque eso amplíe la enorme fractura social que la campaña pro-referéndum está ocasionando. La derecha catalana ha sabido generar un movimiento que no tiene nada de progresista ni mucho […]
Estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión. A la utilización sesgada de la rabia popular orientada hacia objetivos imposibles. Hay que crear ruido de fondo, aunque eso amplíe la enorme fractura social que la campaña pro-referéndum está ocasionando.
La derecha catalana ha sabido generar un movimiento que no tiene nada de progresista ni mucho menos de izquierdas. Su base es la insolidaridad hacia el resto de los ciudadanos que no comparten sus premisas políticas y especialmente hacia el resto de las comunidades del Estado. Un movimiento que, al margen de circunstancias personales, apela al sentimiento de nación focalizando la atención en un enemigo común (el estado español y sus arquetipos) y utilizando un lema (el «volem votar» como expresión victimista). El movimiento hábilmente dirigido ahora se dirige a la búsqueda de una colusión [1], que no colisión, con el Estado. Hablamos de colusión por que la oligarquía, tanto la española como la catalana (en realidad tienen la misma naturaleza y defienden intereses idénticos), tienen una cuestión que resolver, para ello necesitan tiempo y esperan ganarlo distrayéndonos con la idea de la Independencia exprés.
Si tenemos en mente la evolución del conflicto catalán, coincidiremos en que vivimos un tiempo de aceleración. Fue en enero del 2015 cuando Mariano Rajoy realizaba el primer viaje de un presidente español al principado de Andorra. El acuerdo más importante (hecho público) fue la eliminación de la doble imposición en Andorra y España para los empresarios de este paraíso fiscal. El segundo acuerdo, que violentaba a los grupos oligarcas catalanes enriquecidos a costa del saqueo de Cataluña durante casi tres décadas, fue la eliminación del secreto bancario en un proceso de regularización que se extendería hasta el 31 de diciembre del 2017. El ejecutivo andorrano, con la información recopilada de todas las cuentas depositadas elevaría esa información a los diferentes gobiernos de la UE. Posteriormente en enero 2018 se harían públicas tanto la lista de las fortunas que hubieran regularizado sus datos fiscales como las que no. En consecuencia, afloraría evidentemente el enorme nivel de la corrupción en Catalunya, de la que la familia Pujol y CiU son la punta del iceberg y que nada tiene que envidiar a la madrileña.
Un elemento vendría a confirmar este análisis. La primera ley que generaría la nueva República catalana es el control del poder judicial. Elegido directamente desde Presidencia. Tanto el futuro Tribunal supremo como los sucesivos escalafones en la judicatura serían nombrados a través de un sistema donde predominaría la jerarquía y la afiliación a la causa independentista. Las declaraciones del ex juez Santi Vidal y las amenazas del diputado Lluís Llach vertidas sobre las espaldas de los funcionarios públicos dibujan este horizonte. Se trataría pues de asegurar la impunidad futura de la casta dirigente.
Es a partir de ese momento, con la perspectiva de la eliminación del secreto bancario andorrano, cuando se acelera el proceso independentista. En 2015 se proponen unas elecciones que deberían ser plebiscitarias. Su fracaso (no consiguieron la mayoría en votos para poder justificar una proclamación de independencia) obligó a un cambio de dirección. La participación de la CUP se hizo imprescindible. A cambio de la cabeza de Más, la CUP daba apoyo a los presupuestos antisociales de Puigdemont. La naturaleza dual (la funcional y la profunda) de la CUP mostraba sus miserias. Hijos díscolos de la mediana burguesía catalana, anteponían el «futuro estado imaginario» a la realidad de una población terriblemente empobrecida. Se antepone lo étnico-sentimental al conflicto de clase. La cerrazón de Rajoy propició que la apuesta fuera más y más alta por parte del Independentismo catalán hasta alcanzar el paroxismo estos días.
El conflicto se resolverá de forma política; es decir, con cesiones por una u otra parte, que estarán definidas por la fuerza que cada uno de los contendientes sea capaz de mostrar. Muy pronto un sector nada desdeñable del catalanismo, que antes de ser patriota es conservador y «de orden», iniciará el repliegue. La euforia independentista pasará en la misma medida que la proclamación de la República Independiente genere una respuesta más violenta por parte del Estado. La gran esperanza del Govern era que las imágenes de la «represión española» [2] hábilmente explotadas mediáticamente obligarían a Rajoy a sentarse a negociar en una posición de debilidad. La UE por el contrario. temerosa de un contagio continental. se tienta las ropas y ha acabado por apoyar al presidente del gobierno español.
Seguramente soy uno de esos centenares de miles que a partir del día 6 de octubre dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos en súbditos. Poco importa que toda la vida esté enraizada a este país. Poco importa que hayamos pasado miedo, angustia, por los otros y los nuestros, cuando pagábamos con años de cárcel la defensa de las libertades nacionales de Cataluña. A partir de ahora se nos considerará parias en nuestra propia tierra. El Sr. Turull (Conseller d’ Interior) lo dijo con meridiana claridad en la toma de posesión de su cargo el 29 agosto 2017: nos acusó de no democráticos; es más, señaló que si no votábamos, se nos dejaba de considerar como ciudadanos y pasábamos a convertirnos en súbditos. Pero ni era el único, ni siquiera fue el primero. Unos años antes, el 25 de mayo del 2013, la señora Forcadell (actual presidenta del Parlament y tercera persona en el protocolo del país) señaló que los ciudadanos que no votemos igual que ellos no podemos considerarnos como catalanes. Otros han ido incluso más lejos, «Roma no paga traidores» espetó Mireia Boya, diputada de la CUP, al exigir el apoyo sin fisuras y ni matices de los «Comuns»; añadiendo después «Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca». Toda una declaración de intenciones. Conmigo o contra mí, el frentismo y el maniqueísmo como lema político.
La izquierda, obnubilada, pretendía convertir la votación del domingo en una movilización popular contra Rajoy de la que esperaban obtener réditos electorales. Al final se ha demostrado que muchos de sus dirigentes son independendistas con un cierto barniz progresista. Indignos e incapaces del puesto que ocupan. Puedes obtener un cierto nivel de reconocimiento siempre y cuando seas capaz de agrupar, organizar, bajo tus premisas y con un discurso alternativo a tus seguidores. No cuando la guía se deja en manos de tus enemigos de clase que utilizarán el enfado y la rabia en beneficio propio. La derechona catalana está -y ese es uno de sus objetivos fraccionando y empujando a unos catalanes contra los otros y a los catalanes contra los demás españoles. Arropar al gobierno de la casta dirigente no parece ser la mejor de la alternativas para una izquierda desnortada y que circula por la escena política como el caballero de la triste figura.
Notas:
[1] Según la define Paul Watzlawick en la teoría de la comunicación humana, el término se utilizaría para indicar aquella situación en la que una persona debe buscar a otra para que con su actuación ratifica su propia forma de ser.
[2] ¿Quién se acuerda ya de los 166 heridos cuando se disolvió el 15M en la Plaza de Cataluña el 27 de marzo del 2011? Claro que entonces eran porras catalanas, que parecen que duelen menos).
Fuente: http://www.elviejotopo.com/topoexpress/ciudadanos-o-subditos/