Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Al anunciar la conmutación de la condena a 30 meses de Scooter Libby, George W. Bush citó todo lo que Libby ha sufrido y sufrirá: daño a su reputación, el sufrimiento de su esposa e hijos, elevadas multas, y las consecuencias «duraderas» de ser un infractor de la ley condenado.
Cuando fue gobernador de Texas, sin embargo, Bush no mostró compasión por las 56 personas cuyas penas de muerte se negó a conmutar. Uno de ellos fue Terry Washington, un retrasado mental ejecutado por asesinar al gerente de un restaurante. El jurado nunca fue informado de la condición mental de Washington. A Bush no lo afectó.
Cuando el Departamento de Justicia de Bush recientemente convenció a la Corte Suprema para que confirmara la condena a 33 meses de Victor Rita, un héroe de la guerra condecorado acusado de los mismos crímenes que Libby, Bush no expresó ninguna preocupación por la familia o el futuro de Rita.
Y cuando su procurador general, Alberto Gonzales, argumentó recién el pasado mes que el Departamento de Justicia propugnaría legislación para extender las sentencias federales, a Bush no le preocupó cómo esas largas sentencias a la cárcel afectarían a las familias y el futuro de los prisioneros. Pero Bush sintió que la sentencia de Scooter Libby era «excesiva.» Y en lugar de reducir la sentencia a la cárcel de ese criminal condenado, Bush lo dejó ir sin un solo día en la prisión.
Al conmutar la condena de Libby, Bush señalizó su complicidad en la obstrucción de la justicia por la que condenaron a Libby. Bush y Cheney habían iniciado la campaña de difamación para desprestigiar y castigar al embajador Joseph Wilson y a su esposa Valerie Plame, después de que Wilson desenmascarara pública la pieza central de las mentiras del gobierno sobre las armas de destrucción masiva en Iraq.
Durante el proceso de Libby, éste hizo citar legalmente a Cheney y a otros altos funcionarios de Bush para apoyar su defensa de que era el chivo expiatorio para sus superiores. Pero Libby terminó por echarse atrás y casi no presentó defensa ante las acusaciones. La única explicación lógica es que Bush le prometió que nunca llegaría a ver los muros de una celda en la prisión. El quid pro quo: Libby mantiene silencio sobre la participación de Bush y Cheney en la conspiración. Con la conmutación, Bush cumplió con su promesa.
¿Por qué no perdonó simplemente Bush a Libby y limpió sus antecedentes? Porque entonces Libby no podría apoyarse en el privilegio de la Quinta Enmienda contra la auto-incriminación en cualquier futuro proceso criminal o parlamentario, y sería susceptible a hacer declaraciones juradas en el juicio civil Wilson/Plame. Esta conmutación calculada preserva sus derechos a la apelación (y por lo tanto su recurso a la Quinta Enmienda). Es una continuación del encubrimiento.
James Madison advirtió: «Si el presidente tiene que ver, en alguna manera sospechosa, con alguna persona, y hay motivos para pensar que lo protegerá, la Cámara de Representantes puede impugnarlo; pueden removerlo si es declarado culpable.»
El representante John Conyers Jr. ha programado una audiencia para la próxima semana para investigar «el uso y abuso del poder de clemencia presidencial.» En respuesta a la conmutación de Libby, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que Bush «abandonó todo sentido de equidad cuando en relación con la justicia, no ha defendido el Estado de derecho, y no ha mantenido la responsabilidad de su gobierno.» Tal vez ahora vuelvan a considerar la impugnación.
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Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson y presidenta del Sindicato Nacional de Abogados. Su nuevo libro: «Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law,» será publicado en julio.
http://www.counterpunch.org/cohn07062007.html