El panorama de las patentes de medicamentos puede experimentar un giro importante si prospera una enmienda presentada recientemente por Convergència i Unió al proyecto de transposición de la directiva sobre propiedad intelectual e industrial -también conocida como ‘contra la piratería’- que en la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados. A través […]
El panorama de las patentes de medicamentos puede experimentar un giro importante si prospera una enmienda presentada recientemente por Convergència i Unió al proyecto de transposición de la directiva sobre propiedad intelectual e industrial -también conocida como ‘contra la piratería’- que en la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
A través de esta enmienda -que en concreto es la número 6 presentada por CiU y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 16 de diciembre- permite a las compañías titulares de patentes de medicamentos originales crear un certificado complementario de protección para los medicamentos cuando las firmas interesadas en comercializar versiones genéricas del producto original demanden información del producto a la compañía propietaria del producto original.
Asimismo, la enmienda da un plazo de tres meses para que las compañías propietarias del medicamento original incluyan reivindicaciones de producto a las patentes concedidas como patente de procedimiento o uso, con independencia de la fecha en que éstas han sido solicitadas.
Según advierte en declaraciones a EL GLOBAL el director general de la patronal de medicamentos genéricos (Aeseg), Miguel Barbero «se trata de una cuestión muy urgente y de extrema gravedad», ya que comportaría dejar sin efecto automáticamente la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Patentes y la reserva hecha por España al Convenio de la Patente Europea.
En otras palabras, «no podrían ponerse en el mercado medicamentos fabricados con procesos alternativos si el titular de la patente obtiene una protección sobre el producto, lo que en la legislación española estuvo prohibido hasta el 7 de octubre de 1992», subraya Barbero.
Según explica Barbero, en el supuesto de que prospere esta propuesta las consecuencias pueden ser muy graves -continúa el presidente de la patronal de los genéricos-, pues muchos de los medicamentos hoy en el mercado pasarían a ser «infractores», con lo cual, «muchas de las empresas fabricantes españolas deberían dejar de fabricar sus productos, a pesar de haber desarrollado procedimientos alternativos; muchos de los proyectos actualmente en proceso de maduración deberán ser aparcados; y muchas de las empresas de investigación de nuevos procesos quedarán sin posibles clientes en el mercado español», denuncia.
En este contexto, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), Mariano Avilés, apunta que si esta enmienda sigue adelante, «se va a abrir una vía de judicialización» con numerosos litigios legales, ya que la falta de claridad dejaría espacio para la confrontación entre empresas farmacéuticas.