Traducido para Rebelión por Juan Agulló
La roulotte en la que viven Nancy Lugo y sus dos hijos no se parece en nada a la de la mayoría de la gente.
Está aparcada en el arcén de un camino de tierra, junto a un arroyuelo infame, a las afueras de Uvalda, un pueblecito de Georgia. El paisaje está rodeado por un denso bosque y campos cultivados con la especialidad local, la cebolla Vidalia.
Para Lugo -que tiene 34 años- pese a las apariencias, su roulotte es el símbolo de una vida mejor en Estados Unidos. Aquí en Georgia, lejos de su México natal, tiene un buen trabajo, lleva a sus hijos al colegio y le encanta el ritmo de vida rural. «Es tranquilo. Soy muy feliz aquí», dice Nancy.
El pedazo de tierra que compró para su remolque estaba vacío antes de que ella llegara. Al instalarse, Lugo cavó un hoyo grande en el que instaló una fosa séptica, viabilizando así un hogar en mitad de la nada, como mandan los cánones de la vieja tradición colonizadora estadounidense. Posteriormente Nancy encontró un trabajo y comenzó a pagar sus impuestos.
Ahora todo está en peligro.
Lugo es una inmigrante ilegal en el Sur de Estados Unidos. En el contexto de un creciente sentimiento anti-inmigración, diversos Estados del Sur han aprobado estrictas leyes cuyos críticos aseguran que empiezan a parecerse demasiado a las de la ‘Era Jim Crow’, en referencia a la época en la que la segregación racial fue legal en una amplia franja de la antigua Confederación.
Dichas leyes tienen por objeto aterrorizar a una minoría vulnerable, como los hispanos, para que se vayan o comiencen a poblar el reino de las sombras.
En Georgia, Alabama y Carolina del Sur, las nuevas leyes anti-inmigración, constituyen las iniciativas más enérgicas contra los inmigrantes ilegales -la gran mayoría de los cuales son hispanos- en Estados Unidos. Proporcionan a la policía nuevos poderes y exigen que los empleadores que antes de contratar a nadie verifiquen el estatus migratorio. En Alabama plantean, incluso, que prestar ayuda a inmigrantes ilegales llevándoles en coche o albergándolos en una propiedad, puede suponer un delito grave. Para muchas personas dichas leyes son un hito más de la dolorosa historia de la segregación racial típica del Sur de Estados Unidos. El mensaje hacia la gente diferente siempre ha sido sencillo: no se les quiere aquí.
Andrew Turner, un abogado del Southern Poverty Law (con sede en Alabama) asegura que hay que comprender todas estas leyes «en el marco de la tradición del Sur de Estados Unidos. Simplemente se trata de utilizar la ley para expulsar y marginar a una minoría.»
Los defensores de las nuevas leyes lo niegan. Aseguran que no hacen más que cumplir la ley. Alegan no tener problemas con los inmigrantes legales, sino con los ilegales. Aseguran que las leyes no entienden de razas; que lo único que pretenden es que todos obedezcan las mismas reglas y por ende que nadie engañe al sistema.
En lo que no parecen fijarse es en que la inmigración ilegal se ha convertido en un componente fundamental de la economía estadounidense. Grandes sectores económicos dependen de la mano de obra barata de origen inmigrante.
Desde la construcción hasta la agricultura, pasando por la restauración, la jardinería, la puericultura, los hoteles o la ayuda a domicilio, los inmigrantes ilegales se han convertido en un importante motor de la economía estadounidense. Quizás no tengan papeles, pero eso no les impide pagar impuestos, comprar viviendas ni que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses. Actualmente, también están contribuyendo (como ya ocurrió durante la época de la lucha por los derechos civiles) a enemistar a los Estados del Sur con el Gobierno Federal. La semana pasada, por ejemplo, la Casa Blanca suspendió la expulsión de muchos inmigrantes ilegales sin antecedentes penales.
De todo eso habla Nancy Lugo. Toda esta situación le indigna porque considera que, a pesar de ser una inmigrante ilegal, la sociedad a la que está contribuyendo no tiene porqué odiarla. Tiene dos hijos y trabaja duramente para alimentarlos, malpagada, en una empresa que fabrica equipos para el ejército. Cuando se aprobaron en Georgia las leyes anti-inmigración fue despedida porque la empresa no quería meterse en problemas. Sin embargo un mes después volvieron a contratarla: nadie quiso su puesto de trabajo. El problema es que a partir de ese momento comenzó para ella una vida mucho más precaria, por vulnerable.
«Tienes miedo a que te detengan por tu aspecto de latina y te expulsen. Yo me tengo que quedar aquí por mis hijos. No sé cómo, pero me quedaré. Tengo miedo, pero sobre todo estoy indignada». Nancy repite esa palabra como si fuera un mantra: «Indignada, indignada, indignada…»
Paul Bridges, alcalde de Uvalda (un pueblecito en el que no viven más de 500 personas) también está indignado. «No creo que el Estado deba decirme quién puede entrar en mi coche o lo que tengo que hacer para invitar a alguien a MI casa».
Luego, conduciendo por el adormilado pueblecito -un día en el que las temperaturas superan los 38º y el aire se siente irrespirable- Bridges se dirige hacia la zona en la que viven los hispanos en Uvalda. Conoce los lugares, como todo el mundo aquí, y él mismo nos los enseña: casas abandonadas reparadas por los inmigrantes o terrenos baldíos transformados en viviendas. Aparte de no ser un racista, Bridges piensa que la presencia de inmigrantes en Uvalda redunda en beneficio de todos: cuantas más viviendas haya más impuestos se recaudan para las arcas públicas. Además, «hay cantidad de situaciones intermedias aquí, dice Bridges. En una misma casa pueden convivir un indocumentado con otra persona que tiene permiso de trabajo».
Pese a ello, en casi todos los Estados del Sur de Estados Unidos se han aprobado nuevas leyes anti-inmigración ilegal que están provocando que los hispanos se estén marchando. En Uvalda varias familias ya se han rendido: o han puesto en venta sus casas o las están cerrando. En Alabama pasa lo mismo. María Santiago tiene 23 años y trabaja como cuidadora en Birmingham, la ciudad más importante del Estado. Vive en Estados Unidos desde hace 11 años; tiene un hijo estadounidense pero, ella, sigue siendo ilegal. «Muchos de nuestros vecinos se han marchado, dice. Han perdido sus empleos. Cada semana, hay gente que se vuelve a México».
En Alabama es normal que pase eso. Han aprobado las leyes más duras contra la inmigración de todo Estados Unidos. Permiten a la policía verificar el estatus migratorio de las personas, incluso, en los semáforos. Tipifican como delito el transporte de indocumentados o el alquiler de inmuebles a personas que se sabe que son ilegales. En Alabama los líderes religiosos se han llegado a quejar de que se criminalizan los matrimonios mixtos, los bautizos e incluso simples acciones de caridad si los protagonistas son inmigrantes ilegales.
Otros Estados todavía no han llegado tan lejos. En la ley anti-inmigración de Georgia, por ejemplo, había disposiciones similares cuya aplicación fue suspendida por los tribunales locales. Pese a todo, el Estado ha apelado contra las mismas, por lo que podrían reestablecerse. En Carolina del Sur, de momento, parecen conformarse con obligar a la policía a realizar mayores esfuerzos para controlar el estatus migratorio de las personas y obligar a los empresarios a ser más estrictos cuando contratan.
Los críticos, sin embargo, alegan que el impacto de estas leyes está siendo similar en toda la región. Los padres empiezan a tener miedo de llevar a sus hijos al colegio. Muchos hispanos no se atreven a conducir por miedo a que les detengan. Otros no se atreven a denunciar delitos, lo cual es previsible que impacte en la lucha contra la violencia doméstica, contra las pandillas o contra cualquier otro tipo de delito, más o menos recurrente entre los hispanos.
Isabel Rubio, directora de la Hispanic Interest Coalition de Alabama (HICA. NDT: un grupo de presión) describe la situación en términos muy elocuentes: «Encontrar un testigo hispano va a ser más difícil que encontrar una aguja en un pajar».
En teoría, con la ley en la mano, algunas de las actividades de la HICA podrían considerarse ilegales. En una oficina cerca de un edificio de aspecto ruinoso a las afueras de Birmingham, la HICA albergó recientemente un encuentro de mujeres. Allí, todo el mundo era ilegal. Lo que ocurre es que -como la mayoría de las personas que se acercan a la HICA- esas mujeres van para aprender inglés o para recibir asesoramiento legal para aprender a lidiar contra la violencia doméstica.
Rubio mueve la cabeza cuando se le pregunta por la ley anti-inmigración ilegal: «Representa un enorme paso atrás después de los logros que se habían obtenido en la lucha contra el racismo. Ahora ¿por dónde empezar?»
Isabel saca una copia de la ley y subraya un párrafo especialmente impactante: en el texto hay una exención para el servicio doméstico. La ley no considera, explícitamente, a los empleadores como ‘empresarios’ lo cual no hace más que reconocer una vieja realidad social. «Así es Alabama. Aquí todavía se puede tener, sin problemas, una criada latina«.
En Uvalda Howard Morris no tiene tanta suerte. Apoyado en un tractor, lleno de barro y sudor, se muestra preocupado: tiene 16 hectáreas de terreno, que suele sembrar de cebolla, pero teme no encontrar a nadie que le ayude a cultivar.
«La gente que normalmente contrato no suele ser de aquí». «Estas leyes son una mala noticia para Uvalda, que depende de la agricultura», agrega.
Morris sabe que si los hispanos que se están yendo no vuelven habrá problemas. «La cosecha se pudrirá». El alcalde Bridges dice que «si la gente no puede cosechar, lo vamos a pasar mal».
Uvalda no es la única población afectada. El Consejo Agroempresarial de Georgia estima por ejemplo que la escasez de mano de obra, que ha dejado muchos cultivos sin recoger, puede estar teniendo un costo cercano al billón de dólares. Los terratenientes tienen, actualmente, un déficit de mano de obra del 30% y a pesar de los estereotipos de que los ilegales ocupan empleos, en realidad ningún estadounidense parece querer trabajar como peón.
Además, no solo se trata de la agricultura. Un sector como el de la restauración también está padeciendo las consecuencias de las leyes anti-inmigración. Karen Bremer, directora de la Asociación de Restauradores de Georgia dice que una cuarta parte de las empresas asociadas están trabajando con muy poco personal. «El daño ya está hecho. La malas noticias se están materializando».
Desde un punto de vista económico, la aprobación de leyes anti-inmigración tan estrictas está suponiendo una especie de absurdo gol en propia meta. Para muestra un botón: recientemente un violento tornado arrasó la ciudad de Tuscaloosa, causando verdaderos estragos. Reconstruir no va a ser fácil: el éxodo de los hispanos ha sido tan grande en esa ciudad que las constructoras a duras penas pueden contratar a gente suficiente. Otro ejemplo, muy gráfico: en solo una semana, un tercio de los equipos de la liga hispana de fútbol local se han disuelto.
Ahí radica, precisamente, la enorme paradoja de todo este asunto: la reacción política contra los inmigrantes ilegales, y por extensión contra los hispanos, se está dirigiendo contra una parte vital del tejido económico y demográfico del Sur de Estados Unidos. Tradicionalmente, en el área comprendida entre Florida y Texas no había habido, hasta ahora, más que pequeñas comunidades de hispanos, pero eso ha estado cambiando con una rapidez vertiginosa en los últimos tiempos. El Centro Hispano Pew estima que la población de inmigrantes ilegales de Georgia podría rondar, actualmente, las 425.000 almas, la mayoría hispanos. Si dicho número se compara con los 125.000 inmigrantes ilegales que había hace una década, se puede concluir que en solo diez años la población hispana de Georgia ha crecido un 145%. Un cambio tan brusco equivale a un terremoto en una tierra cuya historia está marcada por luchas raciales, laborales e identitarias.
Quizás por eso el contraataque hispano parece haber comenzado. Uno de los momentos más emocionantes se vivió cuando, hace poco, un coche se detuvo frente al Congreso del Estado de Georgia, en Atlanta. A bordo iba la frágil figura de Salvador Zamora, un activista que lleva en huelga de hambre desde que el pasado 1 de julio fue aprobada la ley georgiana anti-inmigración ilegal. Desde entonces Zamora ha perdido 13,6 kilos.
Zamora ya está tan débil que le tuvieron que llevar en silla de ruedas para que entregara una carta de protesta contra el Gobernador del Estado, Nathan Deal. «Quiero que deroguen esas leyes. Mi situación personal no me interesa. Me preocupa la de otra gente. Llevaré mi huelga de hambre hasta donde haga falta», declaró el activista a The Observer.
Zamora, a quien acompañaron los principales líderes religiosos de la ciudad -un blanco, un afrodescendiente y un hispano– está llevando a cabo su protesta de forma muy parecida a como actuaron, durante la década de los 1960, los que lucharon a favor de los derechos civiles, contra el apartheid. La iniciativa de Zamora no es un hecho aislado: cada vez más personas -en la región que va de Florida a Texas- están empezando a combinar movilizaciones sociales y activismo contra las nuevas leyes anti-inmigración ilegal.
En Alabama y Georgia están empezando a realizarse manifestaciones y vigilias constantes. En Atlanta, por ejemplo, miles de personas marcharon por las calles en una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan desde la época de la lucha por los derechos civiles. Otra acción significativa fue la de seis jóvenes que, públicamente, declararon ser inmigrantes ilegales… y fueron detenidos. Una de las personas que participó en esa protesta se llama Dulce Guerrero y tiene 18 años. Nació en México, aunque lleva en Estados Unidos desde que tenía dos. Ahora es una estudiante brillante con un historial impecable y pese a ello la metieron en la cárcel. Ella no se arrepiente.
«Ya era hora de hacer algo. Yo no soy, legalmente, estadounidense y sin embargo, hablo mejor inglés que español. Ni siquiera me acuerdo de cuando vivía en México…», declaró Dulce.
Hay otras muchas personalidades que ya se han pronunciado. Los líderes religiosos están empezando a coordinar su malestar, sus protestas y sus iniciativas con las de abogados, empresarios e incluso, policías. Todos juntos están tratando de que las leyes anti-inmigración ilegal sean derogadas. El Gobierno Federal, por su parte, está tratando de apelar contra dichas leyes por vía jurídica, como ya hizo en Arizona. La mayoría de los críticos, al igual que los propios ilegales, desea una «ruta hacia la ciudadanía», o al menos soluciones realistas para los inmigrantes ilegales que ya están en el Sur de Estados Unidos.
Entre ellos, hay personas como Bridges, que está muy lejos de ser el arquetipo del activista progre. De hecho él es un sureño de pro, militante republicano al que le gusta muy poquito Obama. Pese a ello decidió apoyar una querella presentada por la progresista Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). «No me gusta nada la ACLU aunque esta vez estoy con ellos. ¡No me lo puedo creer!», bromea Bridges.
Ya más en serio, Bridges arguye que estas nuevas leyes anti-inmigración están siendo redactadas por políticos que ignoran la realidad socioeconómica sobre la que legislan. «La mayoría de los georgianos no somos racistas. Las cosas han cambiado mucho aquí», añade Bridges.
El resultado de toda esta batalla aún está por ver. Hay gente como Guerrero, que dice que no dejará de luchar contra estas nuevas leyes racistas. No se olvida de lo que se siente cuando te ponen unas esposas. También recuerda la alegría que sintió cuando algunos de los policías que se la llevaron le dijeron que simpatizaban con su acción. Por eso juró continuar con una lucha que, recuerda, «apenas está comenzando».
Fuente: http://www.guardian.co.uk/
rCR