Recientes movilizaciones en defensa de los derechos laborales -las huelgas del Metro de Madrid y de los y las controladores aéreos- sitúan en el centro del escenario uno de los puntos medulares del actual orden económico: la necesidad de asegurar la movilidad de las mercancías, ya sean fuerza de trabajo, ya sean turistas. Aportamos un […]
Recientes movilizaciones en defensa de los derechos laborales -las huelgas del Metro de Madrid y de los y las controladores aéreos- sitúan en el centro del escenario uno de los puntos medulares del actual orden económico: la necesidad de asegurar la movilidad de las mercancías, ya sean fuerza de trabajo, ya sean turistas. Aportamos un análisis.
Los colapsos en la movilidad de masas tienen efectos macroespectaculares en la democracia de consumidores, aunque su debida instrumentalización por parte de las autoridades arroja una considerable rentabilidad política. La huelga de los controladores aéreos durante el puente vacacional de diciembre en España ha supuesto, sin embargo, un salto cualitativo de la Administración en cuanto a la gestión de los conflictos laborales, con la declaración del estado de alarma y la militarización del puesto de trabajo.
Hay que reconocer la habilidad del Gobierno para hacer que los controladores aéreos lanzaran la huelga en una fecha especialmente sensible para los consumidores de movilidad. Con ello, el Gobierno, que ha ido dejando pudrir una situación que, por otro lado, él mismo propició -Aena, empresa contratante, es una empresa estatal-, obtuvo una buena cortina de humo para desviar la atención de sus verdaderas intenciones hacia las ventajosas condiciones de los controladores -sueldos elevadísimos, control de acceso a la profesión, etc.- y su capacidad de chantaje, como si la extorsión con fines lucrativos no fuera un legítimo principio de este modelo de civilización que llamamos capitalismo.
Como en otros conflictos -y a pesar de las cesiones de los controladores en materia salarial y de horas de trabajo-, por ejemplo los que afectaron a los pilotos aéreos o a los estibadores portuarios en los años ’80, el consenso social lo obtiene el Gobierno apelando a la condición de consumidores para socavar las condiciones laborales de un colectivo al que se le supone que disfruta de unas condiciones de trabajo privilegiadas. El derecho del consumidor prevalece por encima del derecho del trabajador; el mercado sumerge así la realidad de la condición asalariada. La alharaca mediática se encarga de hacer resonar el subterfugio para crear opinión.
La liquidación de estatutos laborales ‘privilegiados’ que otorgan una cierta cuota de poder a los trabajadores en las relaciones de trabajo, ya se trate de controladores aéreos, estibadores portuarios, mineros o asalariados de cualquier sector que haya acumulado unas determinadas conquistas en cuanto a salario, contratación, jubilación, etc., es uno de los objetivos de la reforma laboral.
Además, en lo que se refiere a los controladores aéreos, se trata del paso previo a la privatización de las actividades aeroportuarias -que ya ha comenzado- consistente en ofrecer a la participación privada del capital empresas libres de cargas laborales onerosas, homologando las condiciones de sus trabajadores a las del resto de población asalariada. En este sentido, simplemente se sigue la senda marcada por la Administración Reagan en EE UU y su particular batalla contra los controladores aéreos norteamericanos.
Con todo, la actual ofensiva capitalista contra la población asalariada no se limita a la erosión de las condiciones de trabajo y derechos sociales conseguidos, es decir, a la dimensión meramente económica de la fuerza de trabajo -disminuir costes sociales y laborales- con el fin de mejorar los márgenes de beneficio del capital, sino que tiene implicaciones políticas directas en lo que se refiere a la legitimación de la represión de los conflictos laborales y a la adopción creciente de formas de autoritarismo democrático. La criminalización de las acciones reivindicativas caracterizan una nueva fase de las relaciones sociales como vimos en los años ’80 con los estibadores, en las huelgas de transportistas por carretera de los años ’90 y durante esta misma década o, más recientemente, en la ocupación de las pistas del aeropuerto barcelonés de El Prat en julio de 2006 por los trabajadores del servicio de equipajes.
En este caso, no se podía invocar el carácter privilegiado de unos asalariados con sueldos y condiciones de trabajo de nivel bajo, sino el chantaje sobre la movilidad. De ahí lo ejemplarizante de las sanciones; porque de lo que se trata, como en las huelgas de Metro y trenes, es de eliminar la posibilidad de acciones reivindicativas en cualquier sector de actividad económica relevante.
La circulación de mercancías de la economía deslocalizada en todas las escalas del territorio -y las personas/ clientes/consumidores no son sino otra forma de mercancía circulante- que hace efectiva la acumulación de capital, viene a convertir al sector del transporte y de la movilidad en un punto neurálgico no sólo del ciclo de negocio de puertos, aeropuertos, compañías de viajes, etc., sino de la economía en general. Especialmente en el caso español, en el que el turismo es la industria principal -también los empresarios hoteleros presentan reclamaciones por el desbarajuste aeroportuario-.
Eso explica las reacciones ‘desproporcionadas’ del Gobierno ante conflictos laborales que afectan a los aeropuertos, como ya vimos en el caso de El Prat, con intervenciones armadas y fuertes sanciones, aunque ahora en el caso de los controladores aéreos, se ha dado un paso adelante: declaración de estado de alarma y militarización de las operaciones. Una magistral operación gubernamental que, además de restablecer el circuito de la circulación, aporta un plus de adiestramiento ideológico y de su misión a la democracia armada -en Francia, durante el reciente episodio de huelgas generales, también se militarizaron las refinerías por ejemplo.
Después de la reconversión del aparato miliar en «ejército humanitario», ahora aparece como garante de la democracia de consumidores al adquirir competencias directas en el orden económico y laboral. Un detalle más en el asentamiento del totalitarismo democrático rampante. Así los conflictos en torno a la movilidad no son sino los campos de experimentación de las políticas de militarización de la economía -y de la sociedad- del capitalismo en crisis. Sin embargo, la mayor habilidad gubernamental ha consistido en propiciar y gestionar el enfrentamiento entre distintas fracciones de la población asalariada; la constituida circunstancialmente como consumidora de movilidad y los desaprensivos controladores aéreos.
Además de llevar a cabo una capciosa recuperación de los resentimientos entre asalariados que se adivinan en la imagen de los mercenarios del ejército regular español, bastante peor pagados que los controladores, pero por encima de la media -más del 50% de la población asalariada gana menos de 1.000 euros-, empujando a punta de pistola a los saboteadores de los derechos democráticos de los consumidores. Ahora con el desenlace del conflicto de los controladores aéreos y el amplio consenso obtenido en la militarización de sus funciones, queda libre la vía para dar satisfacción a una reiterada reivindicación del empresariado: la regulación del derecho de huelga. Es decir, el recorte del derecho de huelga en los sectores «estratégicos» o «de interés público».
La última huelga del metro en Madrid volvió a actualizar el tema que ahora parece entrar en su fase resolutiva. La abolición del derecho de huelga y la militarización de los servicios como práctica habitual muestra el grado de descomposición de las formas democráticas tanto como la creciente fragilidad del sistema de reproducción del capital, al exigir medidas propias de las dictaduras en nombre de la democracia. Pero lo más patético es el papel de los consumidores que aplauden, legitimando la intervención militar en conflictos laborales tales como sanidad, servicio de limpieza, enseñanza, transporte, etc., servicios de indudable interés general y que incorporan una buena proporción de esos mismos consumidores del ocio movilizado.
Corsino Vela. Activista y analista de la movilidad y el transporte
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Criminalizacion-y-conflicto.html