Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Foto: Una anciana navajo en Brigth Sun (Shutterstock)
La Nación Navajo ha permanecido confinada los dos últimos fines de semana mientras los casos de COVID-19 se disparaban a niveles dramáticos en Arizona y Utah, lo que potencialmente echa por tierra semanas de esfuerzos denodados para contener la propagación del virus.
La pandemia ha devastado el territorio Navajo, donde han muerto más personas que en 16 estados y donde la tasa per capita (una dramática cifra de 177 muertes por 100.000 residentes) es mayor que en cualquiera de los estados de Estados Unidos. Mientras los brotes en Florida, Texas y otros lugares aparecen en los titulares nacionales, el virus también hace estragos aquí, lejos de la conciencia nacional.
Por supuesto, no se puede separar esta crisis que estamos viviendo de década tras década de abandono, promesas rotas y, sí, genocidio que Estados Unidos ha infligido al pueblo navajo y a otros pueblos originarios. Estos siglos de abusos también han creado unas desigualdades estructurales generalizadas y unas condiciones de vida cotidiana que hacen aún más difícil contrarrestar el coronavirus en estos momentos. Esto no es historia, somos los causantes de esa vergüenza.
Una tercera parte de la población navajo carece de agua corriente. En 27.000 millas cuadradas hay trece tiendas de comestibles. Las viviendas están superpobladas y muchos navajos viven juntos en casas comunales. El sistema hospitalario y de salud carece de fondos y de personal. El acceso a la electricidad y a internet no es fiable. Los gobiernos estatal y federal acordaron cubrir estos costos por medio de tratados y estatutos, pero no han cumplido su palabra. No se han pagado los miles de millones de dólares que se debían.
Es más, en los estados que tienen una gran población de personas nativas estadounidenses siguen abundando los intentos de suprimir y manipular el derecho de voto, y otros intentos atroces de negar a las personas navajos y a otras una representación justa y un acceso justo a los recursos y a los dólares del gobierno. De nuevo esto no es historia, está ocurriendo ahora mismo y lo ha exacerbado la pandemia de COVID-19 y llevado a tasas de mortalidad innecesariamente altas.
“Nos han mentido y nos han provocado durante años y años”, afirma Leonard Gorman, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación Navajo. “En una parte la historia siempre cambia. Nosotros siempre estamos frustrados”.
Veamos el caso del condado de San Juan en el sur de Utah, un solo condado que tiene casi las dimensiones de Nueva Jersey que se extiende a lo largo de miles de millas cuadradas bordeando Arizona y Colorado. Aunque su población es mayoritariamente navajo (se calcula en solo 15.000 personas), dos ciudades pequeñas de mayoría de población blanca, Blanding y Monticello, han monopolizado sus recursos durante décadas por medio de tácticas turbias y de tratos sucios. Cuando los mormones llegaron a esta región en la década de 1880 eliminaron por la fuerza a los navajos y a otras tribus nativas, y empujaron a quienes no habían muerto al desierto situado en el sur. Se apropiaron de la tierra y después exigieron todo el poder.
Utah no concedió el voto a las personas nativas americanas hasta 1957 y sólo por orden judicial. Se necesitaron otras tres décadas para que una persona navajo fuera elegida para desempeñar un cargo público. Hasta mediados de la década de 1980 los votantes blancos del condado de San Juan mantuvieron el control total al elegir la comisión del condado con distritos extensos. Como los blancos votaban sin problemas siempre fue mayor su cantidad de votantes y mantuvieron todos los escaños. Pusieron las cosas difíciles a las personas navajo: los funcionarios del condado se negaban a registrarlas, eliminaban a las y los candidatos nativos de las papeletas por motivos inventados o nimios, e imprimían las papeletas sólo en inglés.
Finalmente en 1983 el Departamento de Justicia se dio cuenta y obligó al condado a abolir este sistema tan discriminatorio y sustituirlo por tres distritos, con lo que se garantizaba una voz a las personas navajo. Sin embargo, los distritos que diseñaron los funcionarios blancos estaban tan injustamente divididos que se aseguraron tener más peso. Las dos ciudades blancas más grandes se situaron en distritos separados, mientras que se concentró a más del 90 % de la población navajo en el tercer distrito.
De ese modo las poblaciones blancas controlaban la comisión sólo dos a uno, pero se aseguraron de mantener todos los recursos y los dólares públicos. Hasta bien entrada la década de 1990 los funcionarios del condado negaban tener responsabilidad alguna en la educación de las y los niños navajo. En Blanding y Monticello se abrieron escuelas, bibliotecas, centros de salud, campos de golf y centros comunitarios nuevos, a menudo con fondos públicos, mientras que las carreteras a través del territorio navajo son intransitables tras una buena lluvia. Los horrorizados funcionarios del Departamento de Justicia concluyeron que “no habían visto nada tan horrible desde la década de 1960 en el Sur”.
Y, aun así, después de los censos de 1990, 2000 y 2010 los funcionarios no se molestaron en absoluto en volver a distribuir en distritos a los funcionarios del condado. Tras una larga batalla legal un juez federal ordenó que un experto especial rediseñara los distritos antes de las elecciones de 2018 y con un mapa justo los navajos tenían posibilidades de vencer en dos de los tres distritos. Los funcionarios del condado volvieron a sus viejos trucos y conspiraron para impedir que se presentara el principal candidato navajo, Willie Grayeyes. En noviembre de 2018 por primera vez en la historia los candidatos navajo obtuvieron dos de los tres escaños. No fue fácil. En 2018 el condado de San Juan se convirtió en un condado de voto por correo, lo que suponía otra ventaja para Blanding y Monticello sobre el territorio navajo, donde en todos esos cientos de millas hay tres oficinas postales situadas en la parte posterior de las pequeñas tiendas en las que se vende de todo.
Cuando quedé con Grayeyes para tomar café y pasteles de maíz azul en el Café Twin Rocks en Bluff, Utah, días antes de su victoria, me dijo que el condado recibe dólares federales en función de su tamaño y población. Pero después “los dólares para el agua, los recursos naturales y la educación se detienen todos ahí”. Nada fluye hacia el sur más allá de lo que denominó “el muro invisible” de las dos ciudades blancas. “No importa cuántas millas o cuántas personas tengamos”, afirmó. “¿Dónde están las carreteras? ¿Los servicios sanitarios? ¿La seguridad pública?¿La infraestructura de telecomunicaciones? Tenemos que derribar ese muro, piedra a piedra”.
En parte ese muro se construyó y se mantuvo gracias a la supresión de votantes. Las elecciones amañanadas crearon y mantuvieron en parte las profundas desigualdades y las disparidades estructurales entre el condado de San Juan y la Nación Navajo (los problemas de salud exacerbados por años de abandono y ahora exacerbados por una pandemia que afecta a esta población más duramente que cualquier otra en el ámbito nacional), no en 1880 o en 1964, ahora mismo, en nuestra época. Y está llevando a la muerte de la población nativa, no en 1630 o en 1830, sino ahora mismo.
Mientras una pandemia causa estragos en toda la Nación Navajo las reparaciones que desde hace se esperan desde el ámbito nacional también debe lidiar con esto.
David Daley es el autor de Unrigged: How Americans Are Battling Back to Save Democracy y un veterano miembro de FairVote.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.