La Secretaría de Igualdad de CTA exige al Gobierno andaluz que garantice unas políticas de prevención y atención a las víctimas basadas en la especialización, la perspectiva de género y el compromiso inequívoco contra la violencia machista
La Secretaría de Igualdad de CTA denuncia con absoluta contundencia el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Andalucía y, especialmente, el reparto de competencias que coloca en manos de Vox responsabilidades vinculadas a la Justicia y a servicios esenciales relacionados con la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Para CTA, estamos ante una decisión política de enorme gravedad: el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla entrega responsabilidades en una materia tan sensible como la violencia de género a una formación que niega precisamente el carácter específico de esta violencia y que ha defendido públicamente sustituir la actual legislación de violencia de género por una legislación de violencia doméstica.
No se trata de una cuestión semántica ni de una diferencia menor entre partidos. Hay que reconocer que la violencia de género existe y comprender sus causas estructurales es imprescindible para prevenirla, combatirla y proteger adecuadamente a sus víctimas. La propia legislación andaluza establece la necesidad de detectar, atender y prevenir esta violencia, así como de garantizar la formación y especialización de los profesionales que intervienen con las víctimas.
Desde CTA consideramos inaceptable que los derechos, la seguridad y la vida de las mujeres puedan utilizarse como moneda de cambio para alcanzar acuerdos de gobierno. La protección frente a la violencia machista no puede depender de pactos partidistas ni quedar subordinada a las exigencias de una formación política que pretende diluir esta violencia específica dentro del concepto genérico de violencia doméstica.
Y mucho menos puede hacerse en un momento como el actual.
Andalucía atraviesa una situación especialmente preocupante en materia de violencia machista. En 2026 se ha producido un incremento alarmante de los asesinatos de mujeres y la comunidad andaluza se encuentra en el centro de la preocupación institucional y social. El Ministerio de Igualdad ha trasladado incluso a Andalucía su comité de crisis ante la gravedad de la situación.
Mientras las mujeres siguen siendo asesinadas, el Gobierno andaluz decide experimentar con el reparto de competencias y entregar áreas sensibles a quienes niegan el marco específico de la violencia de género. Para CTA, esto es una absoluta irresponsabilidad política.
La organización sindical recuerda que la lucha contra la violencia machista requiere recursos públicos suficientes, profesionales especializados, formación permanente, coordinación entre administraciones, prevención, atención psicológica y social y garantías para que ninguna mujer quede desprotegida.
No queremos una política de igualdad de escaparate. Queremos políticas públicas que funcionen y que pongan en el centro a las mujeres víctimas y supervivientes.
Desde CTA exigimos al Gobierno de Andalucía:
- Que garantice que todas las competencias relacionadas con la violencia de género se desarrollen desde el reconocimiento inequívoco de su carácter específico y
- Que asegure la especialización y formación de todos los profesionales que intervienen con mujeres víctimas de violencia
- Que garantice los recursos económicos y humanos necesarios para la prevención, detección, protección y recuperación de las víctimas.
- Que mantenga y refuerce las políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género, sin subordinarlas a acuerdos
- Que explique públicamente qué competencias concretas asumirá Vox y qué garantías existen para evitar cualquier retroceso en la atención y protección de las víctimas.
- Que escuche al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres, a las personas expertas y a las organizaciones sindicales antes de adoptar decisiones que puedan afectar a la protección de las víctimas.
Desde la Secretaría de Igualdad de CTA queremos dejar claro que no vamos a permanecer calladas, ante ningún retroceso en los derechos de las mujeres. La violencia machista no es una cuestión ideológica. Es una realidad que mata.
Las mujeres asesinadas no son una estadística. Son vidas arrebatadas. Son familias destrozadas. Son hijas, madres, hermanas, compañeras y trabajadoras.
Por eso, CTA considera que la lucha contra la violencia de género no puede ser una competencia que se entregue como parte de un pacto político. Es una obligación de las instituciones y una responsabilidad democrática.
NI UN PASO ATRÁS. NI UNA MUJER MENOS.
FRENTE AL NEGACIONISMO Y LOS RETROCESOS, MÁS IGUALDAD, MÁS RECURSOS Y MÁS PROTECCIÓN PARA LAS MUJERES.