Foto: sercano.com Un grupo de niños y niñas demandó al gobierno de Estados Unidos porque los daños ambientales que hoy tolera afectarán su calidad de vida en el futuro, y la de sus hijos, nietos y bisnietos. Es un caso de equidad de derechos con las generaciones futuras ante el cambio climático. En una conmovedora […]
Un grupo de niños y niñas demandó al gobierno de Estados Unidos porque los daños ambientales que hoy tolera afectarán su calidad de vida en el futuro, y la de sus hijos, nietos y bisnietos. Es un caso de equidad de derechos con las generaciones futuras ante el cambio climático.
En una conmovedora iniciativa que abre nuevos escenarios frente al cambio climático, un grupo de 21 niños inició una acción judicial contra Washington (1). El razonamiento es claro: estos niños se presentaron como representantes de las generaciones futuras, sosteniendo que en tanto el gobierno permite el avance del cambio climático violó sus derechos constitucionales a un ambiente sostenible en el futuro. Esos niños una vez adultos, sus hijos, nietos y bisnietos, no contarán con un ambiente de adecuada calidad, e incluso sus vidas podrán estar comprometidas.
La demanda apunta a que el Estado falló en controlar las emisiones de gases invernadero, y éstas desencadenan el cambio climático, lo que afectará su porvenir. Los niños exigen que Washington inicie medidas concretas y efectivas para detener la emisión de gases y no siga deteriorando el futuro. Lo que está en juego es la equidad en los derechos a un ambiente sano entre las distintas generaciones.
La demanda, conocida como «Juliana vs EE UU» (por el nombre de una de las jóvenes), está en marcha desde 2015, y tuvo un avance sustancial en 2016 cuando un juez reconoció la validez del reclamo (2). Esto hace que ahora sea el gobierno de Donald Trump el que deberá responder, justamente un presidente anti-ambiente, conocido por sostener que el cambio climático es un invento y que busca reducir las regulaciones ambientales en su país.
El principio en juego es el derecho de equidad intergeneracional, o sea que nuestros nietos y bisnietos también puedan contar con un ambiente adecuado para su calidad de vida. Esto impone que el uso que se le da a los recursos naturales en la actualidad no implique efectos negativos tan severos que afecte negativamente a nuestros descendientes, o que el deterioro ambiental que ahora ocasionemos finalmente no estalle de forma irreversible en el futuro.
Los compromisos con el futuro
Más de un lector podrá pensar que esta es otra bizarra práctica que puede ocurrir en una corte estadounidense, tal como se ve en algunas series de televisión. Ante eso sugiero precaución. Por un lado, todos los países de América Latina han adherido a acuerdos y tratados internacionales que incluyen compromisos con las generaciones futuras. Eso se inició con la firma de la Agenda 21 y la Declaración de la Eco 1992 de Rio de Janeiro. Por otro lado, más allá de esas negociaciones internacionales, sea el sentido común como los mandatos morales, nos obligan a asegurar una adecuada calidad de vida para nuestros descendientes.
Sin embargo, los deteriores ambientales siguen su marcha en todos los países y a nivel global. Hoy contamos con una mejor base científica que confirma el cambio climático, los negacionistas de esos problemas están cada vez más desacreditados o se demuestra que trabajan para corporaciones. Sabemos además que la pérdida de áreas naturales y su biodiversidad prosigue en todo el continente, y que la calidad de las aguas y los suelos se deteriora por una contaminación que no se detiene.
También podemos decir a aquellos que nos les interesan los temas ambientales pero atienden el bolsillo, que los costos futuros del deterioro ecológico serán astronómicos. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la adaptación al cambio climático puede requerir 300 mil millones de dólares por año en la década de 2030 y superar los US$ 500 mil millones al 2050 (3).
En Estados Unidos, el gobierno planteó que la demanda era improcedente, e incluso las empresas petroleras quisieron sumarse en contra de los niños y niñas. Sin embargo, sucesivamente dos jueces han rechazado esa postura. Una de las juezas en el proceso le respondió al gobierno Trump: «No tengo dudas que el derecho a un sistema climático que sea capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada». Así se confirmó que el juicio se iniciará posiblemente en febrero de 2018.
Disputas sobre el futuro
Se podrá pensar que ese tipo de acciones es propio del sistema judicial de Estados Unidos, pero hay que reconocer que es una problemática que no se puede esquivar también en América Latina. Tenemos responsabilidades con las generaciones futuras, y nuestras acciones o inacciones presentes repercutirán en la vida de nuestros descendientes.
Me pregunto si no es urgente pensar cuáles serían los reclamos de nuestros niños y niñas en América Latina, para que ellos, y sus hijos y nietos, puedan tener una buena calidad de vida.
¿Habría que demandar a nuestros propios gobiernos por haber permitido y tolerado la pérdida de enormes áreas naturales con toda su biodiversidad? En algunos sitios, nuestros nietos y bisnietos ya no conocerán a la selva amazónica o los bosques chaqueños; en otros ya no tendrán a la vista glaciares andinos.
¿Deberían demandar al Estado por su ineficacia en frenar el mal manejo de los recursos hídricos? Todo indica que en el futuro cercano distintas zonas de Brasil, Chile o Bolivia, estarán jaqueadas por la escasez de agua. En otras regiones la amenaza es por la contaminación, afectando la salud de las futuras generaciones e imponiéndoles enormes costos económicos para acceder a aguas que sean potables.
¿Habría que demandar a los políticos y funcionarios estatales que por su ceguera al aprobar todo tipo de explotaciones mineras o petroleras en sitios de fragilidad ecológica? Lo que hoy se busca aprobar en sitios como el Yasuní en Ecuador, el sur de Bolivia o los páramos de Colombia, tendrá consecuencias negativas que se extenderán por décadas.
¿Piensan en el futuro los que alientan o protegen el uso de agroquímicos hasta en el último rincón de las praderas de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil? La obsesión con monocultivos como la soja impone deterioros sobre suelos y aguas que serán difíciles de revertir.
En fin, hay tantos problemas ambientales actualmente en gestación o madurando en cada país, que requerirían medidas enérgicas inmediatas, pero que por nuestras incapacidades en lidiar con el futuro no son atacados adecuadamente. Pero sepan que las inacciones de hoy en día la pagarán nuestros hijos, nietos y bisnietos en un futuro que está más cercano de lo que suponemos.
Notas:
1. La demanda original es la de Rose Juliana Kelsey Cascadia, por medio de su tutor, y otros, en un caso de derechos constitucionales, presentado inicialmente en el distrito de Oregón; la demanda completa en inglés en: https://static1.squarespace.com/static/571d109b04426270152febe0/t/57a35ac5ebbd1ac03847eece/1470323398409/YouthAmendedComplaintAgainstUS.pdf
2. Más información sobre el caso en: Juliana vs US climate lawsit, Children’s Trust, https://www.ourchildrenstrust.org/us/federal-lawsuit/
3. The adaptation finance gap report, UNEP, 2016; http://www.unep.org/adaptationgapreport/sites/unep.org.adaptationgapreport/files/documents/agr2016.pdf
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES); twitter @EGudynas
Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/188735