El Tribunal Penal Internacional, fiel servidor de EE.UU., de las potencias europeas y de la OTAN a la hora de perseguir a quien molestó sus intereses, padece de ceguera crónica cuando Washington, mientras denuncia al terrorismo, hospeda en su territorio connotados autores de crímenes contra la humanidad. Hace unos días, el Gobierno de Estados Unidos […]
El Tribunal Penal Internacional, fiel servidor de EE.UU., de las potencias europeas y de la OTAN a la hora de perseguir a quien molestó sus intereses, padece de ceguera crónica cuando Washington, mientras denuncia al terrorismo, hospeda en su territorio connotados autores de crímenes contra la humanidad.
Hace unos días, el Gobierno de Estados Unidos expresó que se comprometía a descongelar el trámite de extradición del ex presidente boliviano Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada, solicitado hace más de tres años por el Gobierno boliviano para ser sometido a proceso judicial por actos de genocidio.
Bolivia reclama a «Goni» desde que huyó en octubre de 2003 a Estados Unidos, donde recibió de inmediato la protección del Departamento de Estado, tras la muerte en la ciudad de El Alto de 67 campesinos en una verdadera masacre que también dejó centenares de heridos.
Hasta ahora, Washington ni contestaba a las solicitudes de extradición. Con las conversaciones sobre el «acuerdo marco» que normaliza las relaciones con Bolivia, la potencia imperial consintió a renunciar a su mutismo criminal y eventualmente a «estudiar el caso». Sin más.
El caso de Sánchez de Lozada es sólo uno de los numerosos casos de protección otorgada por Washington a autores de actos de terrorismo de Estado mientras publica una llamada «lista de patrocinadores del terrorismo» que utiliza para difamar a quien se niega a arrodillarse ante su poder hegemónico.
Un caso saturado de pruebas
En Caracas, cajas y cajas de documentos conservados en los archivos de la Fiscalía nacional demuestran la absoluta culpabilidad de Luis Posada Carriles, como autor intelectual, con el fallecido Orlando Bosch, de la destrucción en pleno vuelo de un avion cubano, en 1973, que provocó la muerte de 76 personas.
Un crimen ocurrido mientras George Bush padre se encontraba de jefe de la CIA, comparable al atentado aéreo de Lockerbie, ocurrido mientras el mismo Bush era vicepresidente de Estados Unidos encargado de seguridad nacional, y del cual se acusará a Libia…y a la CIA.
EE.UU. no sólo sigue negándose a enjuiciar por terrorismo o a extraditar a Posada, a pesar de las repetidas solicitudes presentadas por José Pertierra, el abogado que representa a Venezuela en el caso, sino que sus funcionarios, encabezados por el activista de extrema derecha Roger Noriega, le fabricó un caso judicial que llevó a su virtual absolución de sus crímenes por un jurado tejano.
«Ex» agente de la CIA, Posada fue formado en la School of the Americas (SOA), institución militar del Gobierno norteamericano dedicada a enseñar técnicas que hicieron de este psicópata caracterizado un terrorista en serie y un represor, torturador y asesino de élite. Sus crímenes están ahora documentados no sólo en Venezuela, sino también en El Salvador, en Guatemala, en Honduras y en Panamá.
El vertedero de Miami
En toda América, la responsabilidad de Estados Unidos en actos terroristas es proporcional a la actividad de sus servicios de inteligencia.
La CIA mantiene desde décadas en Miami una verdadera base de operación, un auténtico vertedero de sicarios desde que se gastó, en los años 60, cientos de millones en operaciones de inteligencia y terrorismo destinadas a provocar la destrucción de la Revolución cubana.
En esta ciudad enfermiza donde un enorme clan de matones, ex mercenarios formados para matar, sueña de una hecatombe que reduciría en polvo la isla de Cuba, ni se denuncia a los crímenes de estos herederos de la dictadura cubana de Fulgencio Batista, sino que se rinde homenaje. .
A esta tropa innumerable de veteranos cubanoamericanos, se ha aglomerado en el curso de los años, un número indeterminado de «refugiados políticos» procedentes de regímenes dictatoriales latinoamericanos cuya paternidad, aunque patente, Washington se niega a reconocer.
Las décadas no borran los crímenes. Son innumerables los casos de asesinos de Estado que viven en territorio norteamericano, incluso con la protección de la ley. A título de ejemplo, sigue radicado Michael Townley, ex-agente de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, y asesino confeso del ex canciller chileno Orlando Letellier, quién dirigió la operación criminal ejecutada por cubanoamericanos luego indultados por George Bush hijo.
Vive en Miami, Roberto Guillermo Bravo, militar argentino, quién se encargó de rematar a 16 jovenes revolucionarios en lo que después se llamó la Masacre de Trelew. Los tribunales de la ciudad mafiosa siempre encontraron la vuelta para proteger a este asesino de una eventual extradición al país donde sus cómplices tuvieron que responder de sus crímenes.
Miami santuario de conspiradores
Fue en Miami que se conformó el intento de golpe de Estado contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa, al margen de un foro donde se exhibió en septiembre de 2010 el ex presidente golpista al lado del prófugo cubano Carlos Alberto Montaner, con documentado pasado terrorista, y del torturador Gustavo Lemus.
Siguen protegidos en Miami los conspiradores del asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson, ejecutado con una bomba bajo su vehículo según la técnica CIA privilegiada por el terrorismo norteamericano. Ahí están no sólo los conspiradores golpistas Patricia Poleo y Nelson Mezerhane que encabezaron la conspiración sino los ex poli. Mientras viola con frecuencia la soberanía de otros países bajo el pretexto de «los derechos humanos» y se niega a someter a sus ciudadanos a procesamiento ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, Estados Unidos encubre a criminales – que buscaron refugio o que invitó a radicarse en su territorio.cias que confeccionaron el artefacto destructor.
En Miami están hospedados y protegidos por el Departamento de Estado, golpistas tales como Joaquim Chaffardet -el ex represor de la DISIP asesina- y el golpista Salvador Romani, que mantienen al lado de Posada Carriles su disponibilidad para «operaciones» magnicidas contra líderes progresistas.
El 11 de julio pasado, cuatro senadores demócratas estadounidenses enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la que solicitan al gobierno de Barack Obama, que ubique a uno de los asesinos que buscaron refugio en EE.UU., en el caso de los seis jesuitas ejecutados en El Salvador.
¿Cuántos ex represores salvadoreños o guatemaltecos, responsables de las masacres genocidas que marcaron la historia de Centroamérica, reciben protección en territorio estadounidense? ¿Cuando se interesará el TPI en los «derechos humanos» violados por Estados Unidos en el continente que considera su patio y que pretende dominar? ¿Cuando se interesará el TPI en los asesinos en América Latina que Estados Unidos preparó, orientó, financio, y encubrió?
¿Hará falta que América Latina, con su soberanía nuevamente expresada, tenga sus propios medios para juzgar a aquellos delincuentes que, orientados por poderes ajenos, la desprecian y la ofenden?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.