La Habana acusa a Washington de intensificar su política de máxima presión mediante sanciones contra GAESA, una estrategia que ya afecta inversiones, comercio y transporte marítimo en la isla.
“El GAE nació en pleno Período Especial para enfrentar la guerra económica”, afirmó este martes el gobierno cubano a través de un comunicado, en el que aseguró que no se trata de una estructura ‘paralela’ al Estado cubano”.
Se trata de la primera respuesta oficial de La Habana luego de que
Washington colocara al Grupo de Administración Empresarial (GAE,
conocido en la isla como GAESA) en el centro de sus ataques.
A
principios de mayo, el gobierno de Trump firmó una orden ejecutiva
mediante la cual se anunció la ampliación de las sanciones —medidas
coercitivas unilaterales— ya existentes contra cualquier persona o
empresa de cualquier país, incluso no estadounidense, que mantenga
relaciones con GAESA. Mecanismo que profundiza el carácter
extraterritorial del bloqueo impuesto por Estados Unidos al ampliar
el alcance de las llamadas “sanciones secundarias”.
Mediante esta orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fijó como fecha límite el próximo viernes 5 de junio para que las empresas no estadounidenses abandonen sus operaciones con el Estado cubano y con GAESA, bajo la amenaza de ser sancionadas en caso de no hacerlo.
El gobierno cubano califica la escalada de agresiones de Washington como “la más intensa, desproporcionada y peligrosa en la historia reciente” de las relaciones bilaterales. Asegura, además, que se trata de un mecanismo diseñado por “ideólogos de la ultraderecha cubanoamericana” —en referencia al secretario de Estado Marco Rubio y a sectores de la derecha cubana en Miami— con el objetivo de llevar a un nivel “extremo e inusitado” la política de máxima presión.
Creado entre finales de la década de 1980 y comienzos de los años noventa como una estrategia para intentar sortear el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, GAESA es un holding estatal cubano que integra empresas vinculadas al turismo, las finanzas y la logística, desde la gestión portuaria hasta la distribución en comercios minoristas.
GAESA es administrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y funciona bajo la figura de Sociedades Anónimas con el objetivo de buscar maneras más flexibles para realizar transferencias internacionales, abrir cuentas en el extranjero y efectuar compras que, de otro modo, el Estado no lograría realizar de manera directa.
“Su objetivo siempre ha sido agrupar empresas con capacidad para generar divisas y recursos que el Estado requiere para mantener y desarrollar las conquistas sociales, así como contribuir al fomento de sectores y ramas de la vida nacional”, afirma el gobierno cubano.
Narrativas de Guerra
Desde el incremento de las agresiones de Washington contra Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha referido en varias ocasiones a GAESA, afirmando que se trataría de una “fuente de corrupción” del “régimen cubano”. El pasado 20 de mayo, a través de un mensaje en español dirigido a la comunidad cubanoamericana, Rubio aseguró que la crisis energética que atraviesa Cuba “no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, pese a que Washington ha amenazado explícitamente con sancionar a cualquier país que “venda o suministre petróleo” a la isla.
Asimismo, sostuvo —sin presentar pruebas— que los problemas del país se deben a que “un grupo de militares” vinculados a GAESA se estaría apropiando de los recursos del Estado, y que contarían con “un presupuesto tres veces mayor al del gobierno actual”. Por su parte, el gobierno cubano señala que esta narrativa de Washington tiene por objetivo “construir pretextos para desacreditar a la Revolución cubana, su liderazgo histórico y sus dirigentes”.
“El fin deliberado es aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar. Necesitan construir y consolidar una narrativa de descrédito reputacional contra todas las instituciones que constituyen el sostén de nuestro proyecto social”, afirma La Habana.
Consecuencias económicas
Hasta el momento, la agresión de Washington ha tenido un efecto devastador en la economía cubana. Las amenazas de sanciones ya han provocado la salida de importantes inversiones extranjeras de la isla. Una de las consecuencias más graves fue la retirada de la minera canadiense Sherritt International tras más de tres décadas de operaciones en el país. Según explicó la propia empresa, con sede en Toronto, la decisión se debió a que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra La Habana “alteran sustancialmente la capacidad de la corporación para operar con normalidad”.
La salida de la compañía representa un golpe especialmente sensible para la economía nacional, dado que la exportación de minerales constituye una de las principales fuentes de ingresos de divisas de Cuba. En los últimos años, esta actividad ha representado entre el 25 % y el 35 % del total de divisas que ingresan al país.
Asimismo, importantes navieras internacionales, como la alemana Hapag-Lloyd y la francesa CMA CGM —las más relevantes del mercado cubano—, suspendieron la aceptación de nuevos pedidos con destino a la isla para evitar posibles sanciones de Washington. Según estimaciones, ambas empresas representan hasta el 60 % del tráfico de contenedores que entra y sale de Cuba.
La eventual retirada de estas navieras del mercado cubano podría agravar aún más la crisis económica de la isla, provocando problemas de abastecimiento y una fuerte presión inflacionaria sobre productos básicos. Mientras tanto, notas periodísticas aseguran que empresas hoteleras como la canadiense Blue Diamond Resorts, la tercera mayor de la isla, y las españolas Iberostar y Melia también se retirarían de Cuba, lo que golpearía con dureza a la industria turística del país, una de sus principales fuentes de divisas.
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