En la economía política del sacrificio, a diferencia de aquellos cuerpos jerarquizados que cuentan con una atención mediática constante, subyacen aquellos otros a los que se les niega toda centralidad, como ocurre con esos cuerpos inertes de “personas sin hogar” que, en el mejor de los casos, de forma esporádica, aparecen en las noticias sin contextualización ni seguimiento informativo algunos.
Como si se tratara de un fenómeno natural apenas reseñable, la reciente muerte del ganhés Abraham A. a los 52 años (el 15 de febrero de 2022), hallado en una fábrica abandonada en Valencia, apenas ha suscitado alguna reflexión crítica aislada. Sin embargo, es una nueva ocasión para interrogarnos sobre lo que las autoridades competentes están haciendo para evitar estas muertes por goteo que se producen cada año en las principales ciudades de España.
Aunque la muerte de Abraham se produjo, de forma manifiesta, a causa de un cáncer hepático diagnosticado, cuesta comprender cómo una persona en ese estado crítico de salud no tuvo más alternativa que sobrevivir en condiciones habitacionales completamente insalubres y, por si fuera poco, tener que seguir trabajando como jornalero pese a su grave enfermedad, en vez de disponer de un alojamiento digno y ser beneficiario de alguna ayuda social que le permitiera afrontar su enfermedad en mejores circunstancias.
La muerte de Abraham no es un hecho excepcional. Como una rutina de fondo, la noticia de personas sin hogar encontradas sin vida, a la intemperie, ya no sorprende a nadie. Es difícil no prever muertes similares, cuando parte relevante de la población vive en pésimas condiciones habitacionales (además de tener que afrontar situaciones laborales de sobre-explotación crónica, como ocurre con la mayoría de jornaleros del campo, entre otros sectores laborales). Insalubridad habitacional y trabajos penosos constituyen una mezcla explosiva que a menudo supone un deterioro corporal significativo, incluyendo dolencias crónicas y perjuicios graves para la salud.
La sospecha es que, una vez más, la administración pública no ha estado a la altura de la situación. No es solo ni principalmente que siga habiendo escasez de albergues municipales en la ciudad o plazas insuficientes para atender la demanda creciente de alojamiento por parte de personas en situación de calle. La cuestión de fondo es que la cobertura de las necesidades básicas de estos grupos desfavorecidos (habitualmente migrantes pobres en situación irregular) no es prioritaria políticamente. Aunque estos problemas forman parte de la herencia envenenada que dejan más de dos décadas de gobierno municipal del PP, el «discurso de la herencia» no basta. Próximos a culminar el segundo mandato de la “coalición progresista”, el Ayuntamiento de Valencia no está exento de responsabilidad, comenzando por el incumplimiento de su compromiso de poner en marcha el «Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad 2019-22» (1), respaldado en su momento por el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad de la ciudad de Valencia (en el que participan numerosas entidades sociales del tercer sector).
En dicho Plan, entre otras medidas, se plantean alternativas varias para mejorar de forma sustantiva la capacidad de alojamiento del Ayuntamiento, incluyendo la creación de albergues de titularidad pública y la realización de campañas específicas –conocidas como “Operación Frío”- para evitar las muertes causadas por bajas temperaturas en la ciudad. Si a esos incumplimientos se suman las dificultades estructurales para acceder al empadronamiento, especialmente por parte de estos grupos, la conclusión es clara: además de la exclusión habitacional que las personas más vulnerables padecen, a menudo se suma una forma de exclusión institucional no menos crónica: la imposibilidad de acceder a los servicios públicos y, mediante su apoyo, poder ser beneficiario de las ayudas previstas para estos casos.
Si bien en la actualidad se están evaluando cambios para mejorar la accesibilidad al padrón municipal, estamos lejos todavía de la posibilidad de que toda la ciudadanía valenciana, cualquier fuera su estatus administrativo y con independencia a su origen, pueda acreditar su domicilio o, en su defecto, disponer de una “tarjeta de vecindad” –tal como se proponía en el plan mencionado- que permita acceder a los servicios públicos locales. De hecho, en las «I Jornadas de Inmigración y Empleo», organizadas desde el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad de Valencia en 2018 y protagonizadas por personas trabajadoras migrantes, ya se advertía de este serio problema habitacional, proponiendo como medida prioritaria la mejora de la coordinación entre distintos organismos públicos para facilitar y agilizar el empadronamiento de las personas con independencia a su situación administrativa o situación habitacional. Cuatro años después, aunque el número de plazas de acogida del Ayuntamiento se incrementó de manera significativa, la situación de vivienda destinada a personas sin hogar sigue siendo claramente deficitaria.
En términos más generales, cabe preguntarse si la paralización del Plan de Inmigración e Interculturalidad de Valencia no pone en evidencia la baja prioridad gubernamental para gestionar las migraciones desde un enfoque normativo que defienda en la práctica la igualdad de derechos de las personas migrantes. Si no fuera ese el caso, ¿cómo se explica la desactivación de propuestas irrenunciables –contenidas en dicho plan- como por ejemplo la creación de un Observatorio Local de Empleo (orientado a la documentación de las condiciones laborales en diferentes sectores económicos que emplean de forma intensiva mano de obra migrante, incluyendo sus consecuencias negativas en materia de salud) o el aumento de los recursos residenciales de urgencia destinados a la población más vulnerable?
La propia desaparición del Plan Municipal, todavía en vigor, del Portal del Ayuntamiento de Valencia, ¿no indica ya esta falta de prioridad institucional? A nivel autonómico, ¿qué significa la “Estrategia Valenciana de Migraciones 2021-2026” de la Generalitat Valenciana sino una nueva declaración de principios que reconoce la flagrante desigualdad que afecta a personas migrantes en la comunidad, en particular mujeres racializadas (2)? De hecho, dentro de la Línea Estratégica 3 de dicho documento, se propone como uno de sus objetivos “Establecer las condiciones adecuadas para que la población migrante pueda acceder a una vivienda digna” (op.cit., p. 20).
Aunque esas declaraciones son de indudable valor, en tanto señalan una dirección deseable, hay que seguir insistiendo en el carácter urgente de estas acciones propuestas; una urgencia que se viene recordando desde hace años por parte de diversas entidades sociales sin respuestas institucionales satisfactorias. Sin esas respuestas que cambien de forma drástica las condiciones de vida de estos grupos especialmente vulnerables, morir a la intemperie se convierte en un hecho tan predecible como evitable, propio de una política local que va muy por detrás de necesidades colectivamente (re)conocidas.
En este contexto, la evidencia de cuerpos que no importan se manifiesta bajo la forma de diferentes formas de exclusión estructural que afectan especialmente a personas racializadas y empobrecidas, comenzando por el deterioro crónico de su estado de salud: aquellas que forman parte de la masa laboral empleada en condiciones de manifiesta precariedad para sostener una economía del bienestar de la que no son beneficiarios en absoluto. Desnaturalizar estas desigualdades sociales implica poner en cuestión ciertas jerarquías de clase, raza/etnia y género normalizadas en nuestras sociedades e incrustadas en los cuerpos. Sin ese cuestionamiento, con lo que nos topamos es con un relato ignominioso que inculpa a la víctima de su propia desgracia, perdiendo de vista las condiciones histórico-sociales que producen estas jerarquías entrelazadas que no hacen más que provocar sufrimiento anónimo y exclusión social.
(1) El Plan puede descargarse en formato digital en: https://www.researchgate.net/publication/336746824_Plan_Municipal_de_Inmigracion_e_interculturalidad_2019-2022_Ayuntamiento_de_Valencia
(2) Dicha estrategia puede consultarse en versión electrónica: https://inclusio.gva.es/documents/162705074/172746725/GVA-EstrategiaMigraciones21-26+corregidodef.pdf/c8027b27-2699-4c9c-a358-46e7770fcf2b
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