Es una de las confrontaciones más cruciales en una sociedad democrática. Teóricamente, la policía – la llamada «fuerza del orden» – existe para preservar la paz pública, proteger a la ciudadanía de criminales y prestar ayuda a los residentes. En la práctica, a menudo se erigen en monopolio legal de la fuerza y la violencia. […]
Es una de las confrontaciones más cruciales en una sociedad democrática. Teóricamente, la policía – la llamada «fuerza del orden» – existe para preservar la paz pública, proteger a la ciudadanía de criminales y prestar ayuda a los residentes.
En la práctica, a menudo se erigen en monopolio legal de la fuerza y la violencia. En algunos países, de manera impune y con corrupción absoluta.
En Estados Unidos, la existencia de instituciones democráticas y la prensa libre han logrado mantener esa impunidad dentro de ciertos límites. Pero demasiadas veces, los grupos civiles encargados de las policías no cumplen a su vez con su deber y quienes sienten que personifican la ley a su vez la violan.
A su vez, el ejercicio impune de la violencia por parte de un policía puede expandirse como pólvora, si cuando se trata de hacer justicia la institución que lo emplea a su vez lo defiende, haciéndose de hecho cómplice de sus actos. En el camino se mina la confianza que se podía tener en la fuerza policial como aliada de la gente y se genera un círculo vicioso en donde quien pierde es la sociedad en sí y claro, la población.
Generalmente, cuando se menciona violencia policial, se habla de gente en las márgenes de la sociedad, o de reacciones exageradas a expresiones de opinión política. Pero a veces se trata de personas que viajan en sus autos, son detenidos y sometidos a violencia por quienes debieran precisamente evitarlo.
Como reporta Liz Goodwin, Timothy Young «entró a una estación de gasolina en Lordsburg, Nuevo México a las 10 de la noche cuando varios patrulleros se detuvieron alrededor de él. Los agentes del departamento del Sheriff del condado Hidalgo le acusaron de virar sin señalamiento y le preguntaron si usaba o llevaba drogas». Eso fue en octubre de 2012, hace más de un año.
Lo siguiente duró seis horas. Un perro husmeó drogas. «Young fue obligado a desnudarse de la cintura para abajo en un parque de estacionamiento y luego a someter su cuerpo a rayos X y a penetración anal, bajo la supervisión» de los policías, quienes «cruzaron las líneas (de lo legal) en un intento de descubrir drogas y dinero a toda costa».
La búsqueda en el hospital se hizo, sí, con mantado policial («warrant»), para lo cual Young tuvo que esperar cuatro horas. Le dejaron ir a las 4:30 de la mañana, luego de no poder hallar drogas ni en su carro ni en su cuerpo. No fue arrestado ni acusado. Lo peor de la humillación llegó cuando el Centro Médico Gila le envió una factura por 600 dólares.
Pocos meses después, los mismos agentes – junto con otros – detuvieron a David Eckert en un parque de estacionamiento de Walmart por no obedecer una señal de pare. Otra vez, el perro lanzó la alarma. Como no se encontró nada en el auto, se buscó en el cuerpo del joven. Esta vez el martirio duró 12 horas. «Rayos X, CT scan, examen rectal digital, tres enemas, una colonoscopía bajo anestesia». En el mismo hospital. Los agentes, dice Eckert en su demanda en corte federal presentada esta semana, reían.
Él no pudo reír: el hospital le mandó una factura de 6,000 dólares.
La Cuarta Enmienda de la Constitución contiene la libertad de una búsqueda no razonable y confiscación. Eckert y Young en diferentes demandas dicen que esa libertad fue violada. Young acusa de haber sido abusado sexualmente. La oficina del Sheriff de Hidalgo se negó a comentar los casos.
También en la ciudad de Nueva York crecen las protestas contra la práctica policial del «stop and frisk», parar y registrar físicamente a cualquiera de quien sospechen que viola una ley.
Los abogados de Eckert y Young afirman también que el permiso judicial, aunque no lo detalla, de buscar en el cuerpo, se refiere a métodos como «squat and cough» – poner en cuclillas y hacer toser a un sospechoso de albergar drogas en su cuerpo, pero no a los procedimientos médicos.
En Texas, Angel y Ashley Dobbs – tía y sobrina – fueron detenidas por la policía estatal – los state troopers – camino a vacaciones en Oklahoma por haber arrojado basura. Los agentes dijeron que olían marijuana en al auto y obligaron a las mujeres a una revisación genital allí mismo, a la vera del camino. La mujer policía – que desde entonces fue despedida – «ni siquiera se cambió de guantes para revisar los genitales de las mujeres». Los Dobbs demandaron y recibieron una indemnización de 185,000 dólares.
Según el Departamento de Salud Pública de Texas los agentes no tienen derecho a ese tipo de búsqueda.
Hay más.
La ciudad de Milwaukee, Wisconsin, está defendiendose desde 2009 de demandas contra ocho agentes de policía acusados civilmente de haber abusado sexualmente de ciudadanos buscando ilegalmente drogas en sus genitales y recto. Cuatro de ellos perdieron su empleo. «Una de las víctimas tenía solo 15 años cuando fue requisado analmente de manera ilegal», dice Goodwin.
Fuente: http://voces.huffingtonpost.com/2013/11/09/violencia-policial_n_4242707.html?utm_hp_ref=voces