Con ocasión del 30 aniversario del accidente de Seveso (Italia) Ecologistas en Acción denuncia la deficiente aplicación de la Ley sobre Riesgos de Accidentes Mayores en la Industria y lamenta el estado de desinformación de la población acerca de los riesgos a que está expuesta. En España, el número total de instalaciones afectadas por esta […]
Con ocasión del 30 aniversario del accidente de Seveso (Italia) Ecologistas en Acción denuncia la deficiente aplicación de la Ley sobre Riesgos de Accidentes Mayores en la Industria y lamenta el estado de desinformación de la población acerca de los riesgos a que está expuesta. En España, el número total de instalaciones afectadas por esta normativa es de 545.
El accidente de Seveso ocurrió el 10 de julio de 1976 en una fábrica de productos químicos que la multinacional Roche tenía en Seveso, Italia. Aquel día se produjo la fuga de unos 2 kilogramos de 2,3,7,8-tetracloro-p-dibenzodioxina, una sustancia de extremada toxicidad y persistencia en el medio ambiente. Las consecuencias inmediatas fueron daños permanentes a cientos de personas, el sacrificio de más de 75.000 animales afectados, 18 hectáreas de terrenos contaminados. En el área de mayor peligro 700 personas hubieron de ser evacuadas, en el área de riesgo intermedio donde vivían 5.000 personas se hubo de evacuar a los niños y mujeres gestantes.
En la Unión Europea se adoptó, a partir de la alarma social creada por este accidente, la Directiva denominada Seveso, normativa que en España viene determinada, fundamentalmente, por el Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Esta norma ha sido modificada recientemente por el RD 948/2005, de 29 de julio, entre otros motivos para incorporar la última modificación europea (Directiva Seveso III, que tiene en cuenta experiencias de accidentes como los de Doñana u otros como los vertidos de cianuro al Danubio o la explosión que tuvo lugar en una fábrica de fertilizantes de Toulouse) y para trasponer algunas obligaciones contenidas en la Directiva Seveso II que no habían sido recogidas correctamente. Esta deficiente trasposición ocasionó un apercibimiento por escrito por parte de la Comisión Europea a las autoridades españolas. A juicio de la Comisión, la legislación española no ofrecía la protección adecuada al público, ni al medio ambiente.
A pesar de todo, sucesos como fugas y escapes, donde se han producido muertes entre la población, ponen de manifiesto la falta de rigor de la normativa, pues permiten que industrias que demuestran tener riesgos para la población no tenían Plan de Emergencia Exterior, según lo establecido en la Ley Sobre Riesgos de Accidentes Mayores en la Industria. Ecologistas en Acción califica de inadmisible que las industrias eviten costes en la seguridad de sus instalaciones a costa de la vida y la salud de la población y considera responsables a las industrias peligrosas, a los órganos competentes de la Administración y a los órganos legislativos.
Por otro lado, Ecologistas en Acción considera que la obligatoriedad de informar a la población que especifica la normativa vigente es sistemáticamente incumplida. Según la normativa, la población debe ser informada semestralmente sobre los posibles riesgos de las actividades industriales radicadas en su territorio y sobre las instrucciones a seguir en caso de una alarma por accidente en dichas industrias. Sin embargo, dicha información no llega a la población la cual ignora que está expuesta a riesgos de accidentes industriales y cómo reaccionar en caso de un accidente.
Según el informe técnico Seveso de la Dirección General de Protección Civil la mayoría de los accidentes registrados en España en industrias afectadas por la normativa se produce en la industria petroquímica y de refinado, y en la fabricación de productos químicos. De los accidentes analizados en ese informe Andalucía, País Vasco y Cataluña registran el mayor número de casos, con un 12, 16 y 36% de los mismos respectivamente. En España, el número total de instalaciones afectadas por esta normativa es de 545. Por CC AA destaca Cataluña con 143 instalaciones, seguida por Andalucía (55), Madrid (53), Castilla y León (47), País Vasco (44), País Valencià (37) y Aragón (31).
En el 30 aniversario del accidente de Seveso, Ecologistas en Acción exige:
– Que las industrias y los organismos competentes cumplan con las obligaciones que les impone la legislación vigente.
– Que se tomen medidas preventivas en la construcción de nuevas instalaciones y en la implantación de nuevas tecnologías que eviten la posibilidad de accidentes.
– Que se informe adecuadamente a la población de los riesgos a que está sometida por las actividades industriales ejercidas en su entorno.
– Que los Planes de Emergencia Exterior de las industrias con riesgo de accidentes mayores estén suficientemente dotados de medios para actuar y que sean dados a conocer a los ciudadanos.
– Que aplique todo el rigor sancionador contra las industrias que incumplen las obligaciones y plazos que les impone la legislación vigente.
– Que se revise la legislación vigente obligando a la existencia de Planes de Emergencia Exterior con límites más estrictos que el mínimo exigido por la Directiva Europea y que su aplicación suponga además la aplicación de medidas preventivas que eviten accidentes.
– Que se elabore un Plan Nacional de revisión de tecnologías destinado a la sustitución de las tecnologías con riesgos industriales por tecnologías limpias sin riesgos y respetuosas con el medio ambiente.
Más información: Paco Ramos 628 71 01 27
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