Es una vergüenza ver el desvalimiento que se impone a los ciudadanos obligándoles a recibir servicios por medios informáticos y concertar actuaciones imprescindibles y obligadas en muchas ocasiones. El cinismo de presentar la brecha generacional como algo beneficioso para los mayores, que va en detrimento de las jóvenes generaciones (a las que los mayores, con su productividad han legado no poco), en lugar de resaltar la imposición de modos de operar que benefician a quienes acumulan dineros sin fin, bajo la cobertura de la modernidad juvenil y a mayor abundamiento, con la justificación incluso de los partidos que se autoproclaman de izquierdas u obreros, pero que sirven a los señores que les prestan el dinero para sus campañas y a veces se lo condonan, con cargo a humildes accionistas.
Tienen la culpa los políticos en primer lugar, pues hacen las leyes, las instituciones, dominadas por cuasi políticos con etiqueta de “profesionales”, pero que sirven a los políticos y una justicia que hay que tener posibles para merecerla, pues de otra manera es imposible, todo en una cadena infernal contra los ciudadanos, abrumados ya por la carga, que socialmente se ha invertido: el que paga por un servicio, además debe realizar una parte de las tareas, y al que, además, se le exige que las realice por medios informáticos o telemáticos. Ensalzando una productividad que no se comprueba jamás en los dirigentes políticos e institucionales, por más que usen de la jerga empresarial, avalan los intereses empresariales de la cita previa para cualquier gestión, tras restringir el horario de atención al público a días y horas precisas de su conveniencia.
Si la ciudadanía se ha de someter a este dictado, entonces es exigible que el Banco de España abra cuentas digitales gratuitas a toda la población, que es la que lo mantiene pagando impuestos, aquí y en la Unión europea (digamos de paso que entregada igualmente a los intereses de los mayores bancos). Los que se llenan la boca con la palabra democracia, tienen la obligación de velar por los intereses directos de los ciudadanos y no venir con entelequias de que indirectamente se consigue un bien mayor posterior… sacrificando al ciudadano hoy en favor de intereses de los que acumulan beneficios a través de las empresas y del sacrificio de una parte de sus propios clientes, ¿o deberemos decir que la segmentación de clientes que realizan con criterios de nivel de renta no pertenecen a un sistema democrático, como no lo es por sexo o por raza? Los ciudadanos se hartan del fariseísmo de políticos y de aquello con lo queJohn Kenneth Galbraith dio título a su postrer libro“La economía del fraude inocente. La verdad de nuestro tiempo” (publicadoen España por editorial Crítica, S. L.Barcelona, 2004).
Si acudir a la sanidad pública (o sea, la que es fruto de los impuestos que hemos pagado y pagamos, tanto en el sector educativo formando médicos y enfermeras, cuanto por las inversiones realizadas en centros de atención y hospitales) ha de requerir de una solicitud de cita previa por el enfermo. Si un paciente ha de saber describir telefónicamente sus síntomas a alguien al otro lado de una línea telefónica, sin la seguridad de que sea un médico quien le escucha al solicitar ayuda urgente al encontrarse mal o padecer de una enfermedad repentina, entonces estamos desvirtuando el acto médico, la relación con el paciente y la eficacia del remedio, todo ello en nombre de una productividad que, curiosamente, hasta hace unos años no era necesaria, pues se mantenía el sistema personalizado de atención médica. ¿Qué estamos pagando ahora? ¿Más y más cargos político-burocráticos? ¿la ineficiencia disimulada del sistema al poner a personal menos cualificado al frente de actos que requieren de mayor cualificación? Un ejemplo real: un CAP “X”, que dispone de medios para una prueba, se considera saturado (¿Falto de personal? ¿Falta de maquinaria disponibles? ¿exceso relativo y puntual de solicitudes? No requieren niel mismo análisis ni la misma solución), deriva la prueba a un hospital “Y”, el cual, saturado también (¿mismas razones?), deriva la prueba a otro hospital “Z”, cargado también de trabajo para su máquina, accede a realizar la prueba al paciente, al que se le da hora ¡a la una de la madrugada! Y al que, finalmente, cambiando al día siguiente, se le realiza la prueba a las doce de la noche (piense cada cual lo que quiera de cómo se traslada el paciente y de la seguridad nocturna en una gran ciudad). Uno hace la solicitud, otro la prueba y el informe lo hará el hospital que no ha hecho la prueba. ¿Cómo no van a producirse errores? ¿Es esta la sanidad que pagan los ciudadanos? ¿Es la deseable? ¿Es la que quieren las empresas privadas del sector sanitario para optimizar sus cuentas? ¿Y encima con citas previas y trajines de cambios de centros, días y horas, o demoras durante meses?
Finanzas y sanidad, dos servicios necesarios para la población que antaño se realizaban con trato humano y satisfacción aceptable, hogaño se han convertido en un martirio para los ciudadanos, que pagan, a los que se pretende camelar con la modernidad digital, como si fuera la panacea, cuando a partir de un punto, el uso de la técnica puede devenir engorro e incluso ser perniciosa para los ciudadanos.
Fernando G. Jaén. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.
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