Miami.- En buena hora el gobierno federal presentó un requerimiento ante el Tribunal de Distrito federal en la ciudad de Phoenix, capital del estado de Arizona, en la que pide a ese tribunal que emita una orden judicial que deje sin efecto, temporalmente, la nueva ley sobre cuestiones de inmigración del estado de Arizona, SB […]
Miami.- En buena hora el gobierno federal presentó un requerimiento ante el Tribunal de Distrito federal en la ciudad de Phoenix, capital del estado de Arizona, en la que pide a ese tribunal que emita una orden judicial que deje sin efecto, temporalmente, la nueva ley sobre cuestiones de inmigración del estado de Arizona, SB 1070, marcada a entrar en vigor en ese estado el próximo 29 de julio.
Esta demanda presentada en nombre del Departamento de Justicia, conjuntamente con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna federales, se fundamenta en la inconstitucionalidad de esta ley estatal basado en la supremacía de la constitución federal sobre cualquier ley de cualquiera de los estados de la Unión, y al otorgarle la constitución federal el derecho único al gobierno federal de establecer y hacer cumplir las leyes de inmigración en el país.
En el documento en cuestión, el cual contiene 25 páginas, el gobierno federal mantiene que «(…) Aunque los estados pueden ejercer su poder de una manera que tenga un efecto incidental o indirecto en inmigrantes, un estado no puede establecer su propia política migratoria o aplicar leyes estatales de una manera que interfiera con las leyes migratorias federales». En éste se argumenta además que la ley del estado de Arizona interferiría en asuntos de política exterior y cuestiones de vital importancia para los intereses de la seguridad nacional también responsabilidades exclusivas del gobierno federal.
Este requerimiento del gobierno federal servirá de advertencia a otros estados y a gobiernos locales que tienen bajo consideración aprobar leyes de similar carácter. Éste mantiene entre otros argumentos que «(…) La Constitución y las leyes federales de inmigración no permiten el establecimiento y desarrollo de diferentes leyes de inmigración por los estados de la Unión o por gobiernos locales».
La demanda federal se suma al menos a otras cinco demandas presentadas ante tribunales federales en contra de la entrada en vigor de la Ley SB1070 del estado de Arizona. La más importante de éstas fue presentada por las organizaciones American Civil Liberties Union (ACLU) y Mexican American Defense and Educational Fund (Fondo de Defensa y Educacional Mexicano Americano).
La ley sobre inmigración, SB1070, que fue aprobada por la legislatura de Arizona, que cuenta con mayoría de legisladores republicanos, y fue firmada como ley el pasado 23 de abril por la gobernadora, Jan Brewer, quien también es republicana, convierte en delito en ese estado ser un inmigrante indocumentado, y requiere a agentes de la policía a detener y arrestar a cualquier individuo que no pueda probar, a través de la presentación de documentos pertinentes, su condición de ciudadano o residente legal estadounidense.
Ese arresto podría ocurrir al cualquier persona ser requerida por la policía -por «sospecha bien fundada» de poder ser un inmigrante indocumentado- a presentar dichos documentos, al cometer cualquier otra violación, por ejemplo, haber violado un reglamento del tráfico.
En o tras palabras, cualquier individuo, aun siendo ciudadano estadounidense, que no pueda probar su ciudadanía, a través de la presentación de un documento correspondiente -recuérdese que en Estados Unidos no existe un carné de identidad nacional- podría ser detenido y permanecer arrestado hasta que pueda presentar a las autoridades el documento correspondiente.
Claro, que esto no le sucederá a ninguna persona blan ca, especialmente si fuera rubia y tuviera los ojos azules. Es evidente que esta ley y los prejuicios que la motivan nada tienen que ver con el racismo…
Toda esta terrible situación en relación a la cuestión migratoria que esta nación confronta se ha convertido en una penosa crisis dada la inhabilidad del gobierno federal, el Congreso y los dos grandes partidos políticos, de aprobar una ley de inmigración justa e integral, que es en los órdenes humano, jurídico y político una necesidad imprescindible.//
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