En un contexto en el que existen más exigencias ambientales que nunca, el lavado verde cada vez es una práctica más habitual. Ante ello, hay algunos trabajadores que se han atrevido a destapar irregularidades en sus empresas, pero el miedo a las represalias todavía paraliza a muchos que quieren pasar a la acción.
Jóhannes Stefánsson era director de operaciones en Namibia para la empresa pesquera más grande de Islandia, Samherji. Era porque en 2016 dejó su puesto en protesta ante la corrupción de la compañía y de varios políticos y ministros en Namibia y Angola, que habían aceptado sobornos de compañía estimados en 10 millones de dólares a cambio de obtener ilegalmente derechos de pesca de arrastre.
El extrabajador entonces se llevó consigo 30.000 correos electrónicos, documentos, contratos y otras pruebas que publicó la plataforma Wikileaks a finales de 2019. Tras su revelación, el ministro namibio de Pesca, Bernhard Esau, y el ministro de Justicia, Sacky Shanghala, entre otros, tuvieron que dimitir. Las investigaciones y los cargos penales se ampliaron a otros varios países.
El caso se bautizó como Fishrot. Romper el silencio sobre ese escándalo ambiental le otorgó a Stefánsson el Premio a la Sostenibilidad 2021 en Gotemburg, Suecia. Pero su valentía no le eximió de las represalias: Stefánsson arriesgó su vida al exponer lo que ocurría. A raíz de la filtración de los archivos, el exdirector de operaciones ha sido acosado, amenazado e incluso envenenado. El peligro continúa a día de hoy, mientras el caso sigue abierto. El esperado juicio debía haber acontecido este 2 de octubre, pero ahora podría retrasarse hasta principios de 2024.
Es probado que las mayores empresas del mundo engañan sobre el cumplimiento de sus promesas climáticas. Y que el lavado verde es cada vez una práctica más habitual. Pero la ciudadanía no sabe hasta qué punto se extiende. Ni en qué sectores. Es por ello que el papel de los denunciantes climáticos es crucial para saber si lo que las compañías dicen es lo que realmente hacen. Sobre todo en un momento en el que existen más exigencias ambientales y de transparencia que nunca.
Cómo se protege a quienes nos protegen
Antes de Stefánsson hubo más filtradores. No es el primer caso y algunos han tenido un trágico final. Contra ello, encontramos más y más organizaciones dispuestas a brindar protección. Uno de los apoyos de Stefánsson ha sido PPLAAF, la plataforma para proteger a los denunciantes de irregularidades en África. «Desde un banquero que denuncia un proyecto de financiación fósil hasta un científico del gobierno que está siendo silenciado, desde un empleado que denuncia prácticas de lavado verde hasta un ingeniero que revela una deforestación masiva, muchos pueden convertirse en vigilantes del clima», se lee en su página web.
Esta, como muchas otras, forman parte de la Whistleblowing International Network (Red internacional de denuncia de irregularidades), establecida en 2018 para poner en contacto y ayudar a colaborar a «quienes trabajan para proteger a los denunciantes mediante reformas legislativas, periodismo de investigación, derechos humanos y digitales, justicia climática y lucha contra la corrupción en más de 25 países».
Gabriel Bourdon, jurista y activista de derechos humanos, fue gestor de proyectos y director de programas de PPLAAF y ahora es codirector de Climate Whistleblowers, una organización similar establecida este año en Francia, país que a día de hoy tiene una de las leyes más progresistas a nivel mundial para proteger a los denunciantes. ¿Qué la hace especial? Ofrece protección a las ONG que trabajen con denunciantes y actúen en su nombre ante los ataques de empresas y gobiernos.
El proceso suele ser siempre el mismo. «Hablamos con la persona, intentamos advertirle de los peligros y realizamos una evaluación de riesgos para ver si hay algo que pueda empeorar la situación si da el soplo: ¿Puede la persona ser identificada fácilmente? ¿Hay algo que le lleve directamente a ella? ¿Se encuentra en un contexto peligroso en el que algo pueda volverse en su contra? Y luego tenemos que comprobar si la información que nos proporciona es creíble y es suficiente para denunciar. Y también evaluamos si es relevante para el interés público», explica Bourdon.
El defensor es sincero, pues debe serlo en estos casos: «La mayoría de denunciantes sufre algún tipo de represalia, y hay muchos tipos de castigos. Sanciones laborales, despidos, salarios congelados… También puede haber demandas judiciales o por difamación. En casos peores, la gente recibe amenazas y agresiones físicas».
Los denunciantes también pueden recibir ataques a través de los medios de comunicación para desacreditar cualquier información que revelen. En esos casos, los medios también pueden jugar a favor del denunciante: «Denunciar públicamente, revelando la identidad, puede formar parte de la estrategia para proteger a la persona porque la empresa tiene más difícil ir tras él».
A diferencia de Climate Whistleblowers, que se fundó a principios de este año, Protect lleva funcionando tres décadas en Reino Unido. Esta organización cuenta con una línea de asesoramiento jurídico confidencial y gratuito y trabaja con empresas de todos los tamaños para ayudarles a establecer los mecanismos adecuados que les permitan responder eficazmente a las denuncias de irregularidades. También hacen campaña para mejorar la regulación.
«Lo bueno de la legislación británica y de la mayoría de las legislaciones europeas es que animan a los denunciantes a plantear sus preocupaciones a su empresa en primera instancia. Ese es el lugar con más probabilidades de que se atienda el asunto. Pero, si el empleador no les escucha, nosotros les ayudamos a conseguir la vía adecuada», explica Elizabeth Gardiner, directora ejecutiva de Protect.
«La nuestra es una de las primeras leyes que se promulgaron en todo el mundo sobre la denuncia de irregularidades, y en ella se establecía que se podía denunciar todo aquello que perjudicara al medio ambiente», continúa. «En aquel momento, en los años 90, no se pensaba en el cambio climático, pero ahora es una legislación realmente útil, aunque no nos hemos puesto al día».
Desde su experiencia, Gardiner sabe que, «aunque intente lo contario, la gran mayoría de los que llaman dicen haber sufrido represalias por dar el paso. Hay riesgos. Por eso trabajamos también con las empresas, intentando cambiar la cultura para que no se vea la denuncia de irregularidades como algo conflictivo«. La defensora también aprovecha para romper una lanza a favor de muchas compañías: «En todo el país y en todo el mundo los empresarios escuchan y toman medidas, y nunca oímos hablar de ello. Lo que acaba cubriendo la prensa son las denuncias que han salido mal».
La realidad a pesar de las promesas climáticas
Cada vez más empresas aseguran ser respetuosas con el clima o estar modificando sus maneras de producción para adaptarlas a la emergencia climática. Pero la realidad suele ser otra. Según el informe Exponiendo una bomba de relojería (Exposing a Ticking Time Bomb) de 2020 de National Whistleblower Center (NWC), «las empresas de combustibles fósiles probablemente están engañando a los accionistas y al público sobre los impactos de la política de energía limpia y los cambios tecnológicos en la rentabilidad de las empresas, y los impactos del clima en los activos físicos de las empresas». También «hay pruebas de una alta incidencia de actividades ilegales en la industria maderera, que a menudo supera las cuotas de tala y extrae madera de zonas protegidas y especies protegidas».
«Las empresas de combustibles fósiles mienten regularmente, corrompen para seguir actuando de la misma manera porque cambiar les sale demasiado caro«, critica Bourdon. «Pero vemos mentiras masivas en todas partes, no solo en ese sector. Hay tantos objetivos climáticos y tan poca regulación legal que todo el mundo promete al respecto y solo pocos lo cumplen«.
Gardener lo secunda: «Hay sectores de alto riesgo, como el del petróleo y el gas, pero también puedes trabajar en el servicio de salud y ver a alguien deshaciéndose de medicamentos que van a contaminar el río, o trabajar para una empresa de distribución y que se esté dañando el medio ambiente con el transporte aéreo… Se puede ser denunciante en cualquier ámbito».
Lo que dice la legislación
Hasta hace cuatro años, cualquier empleado que decidiera revelar información sobre las irregularidades de su empresa se exponía a ser humillado, despedido o demandado. Entonces, el Parlamento Europeo aprobó –el 16 de abril de 2019– la Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades, que establece las normas mínimas de protección que los países de la UE deben proporcionar legalmente a los denunciantes, también en el ámbito de protección del medioambiente.
Según esta normativa, las organizaciones con 50 o más trabajadores están obligadas a establecer canales internos para que los trabajadores planteen sus preocupaciones y estas sean investigadas. La Directiva de la UE también puede imponer estos requisitos a las compañías con menos empleados según factores como la naturaleza de las actividades y el nivel de riesgo para el medio ambiente y la salud pública.
A partir de la aprobación, todo dependió de cada país. A España le costó diseñar una norma para ello. La Comisión Europea la denunció en febrero ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), junto a siete naciones más, por no haberla implementado a tiempo, ya que, como el resto de países miembros, tenía dos años para hacerlo, hasta diciembre de 2021. Pero ahora existe. Es la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Entró en vigor en febrero de este año.
Dar el paso sigue siendo un reto
Aprobar una directiva para proteger a estas personas fue el primer paso para darles seguridad y reconocer su importancia en la lucha contra la injusticia, también climática. Pero su protección todavía es una tarea pendiente, por ahora en manos de unas cuantas ONG que ven que el miedo a las represalias todavía paraliza a muchos testigos de corrupción empresarial.
Según una encuesta de Protect, el temor a ser despedido o discriminado en el trabajo impide a la gente denunciar a sus empleadores por ilegalidades relacionadas con el medioambiente y el clima. La organización empezó a investigar las causas después de recibir un bajo número de llamadas sobre irregularidades ambientales. «Nos han sorprendido bastante las cifras. En 2022, tuvimos unos 2.500 casos en nuestra línea de asesoramiento, y solo seis de ellos se referían a daños ambientales«, lamenta Gardener.
Pero tanto ella como Bourdon se muestran optimistas. El codirector de Climate Whistleblowers sostiene que «cada vez más gente denunciará los delitos climáticos porque hay más preocupación por este tipo corrupción. Y la cantidad de fraudes que vemos en relación con el clima, la cantidad de mentiras y la cantidad de engaños por parte de las empresas y de los propios gobiernos va en aumento. La ciudadanía quiere hacer algo contra ello y denunciar es muy efectivo».
Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/denunciantes-climaticos/