España es el quinto país del mundo en cuanto a número de plantas desalinizadoras. El 5% del agua potable suministrada procede de estas. Su construcción, sin embargo, ha estado ligada al desarrollismo precrisis y a la corrupción. Hoy en día la capacidad de producción de agua desalinizada, demasiado cara aún para los agricultores, es muy […]
España es el quinto país del mundo en cuanto a número de plantas desalinizadoras. El 5% del agua potable suministrada procede de estas. Su construcción, sin embargo, ha estado ligada al desarrollismo precrisis y a la corrupción. Hoy en día la capacidad de producción de agua desalinizada, demasiado cara aún para los agricultores, es muy superior a las necesidades de abastecimiento.
En noviembre de 2017, en la cabecera del río Segura, entre las provincias de Murcia y Albacete, el embalse del Cenajo contaba con unas reservas de solo el 6%. Unos meses antes, en mayo, la escasez de agua en los embalses de Buendía y Entrepeñas, en la cabecera del río Tajo, llevó a la interrupción del trasvase Tajo-Segura, que aporta un suministro extra de agua artificial a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. 7,5 hectómetros cúbicos fueron la última transferencia del año.
A finales de marzo de 2018, ambos pantanos acumulaban juntos 400,24 hectómetros cúbicos, superando el mínimo de 400 hectómetros cúbicos establecidos por ley para autorizar el trasvase de agua. Finalizaban diez meses de piruetas en la gestión del agua en las cuencas del Mediterráneo.
2017 fue el año más seco en España desde 1965. Como recogía National Geographic, la media de precipitaciones anuales se redujo en algunas cuencas hasta un 65%, con la del Júcar, Segura y Duero llegando a sufrir sequía hidrológica crónica.
Ante la preocupante escasez de recursos hídricos, incluso en zonas no acostumbradas a esta situación -el ayuntamiento de Vigo llegó a suprimir el uso de riegos y baldeos y a cerrar fuentes y bebederos- la desalinización ha sido clave para superar la falta de agua.
«Los agricultores hemos estado empleando alrededor de un 60% de agua desalada y un 40% de agua de pozos», señala Miguel Padilla, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), una de las organizaciones agrarias profesional encargadas de defender los intereses del sector en España. «Alguna comunidad de regantes tenía reservas del trasvase que le han durado uno o dos meses, pero no más».
Quinto país del mundo
La construcción de desalinizadoras en España comenzó en 1964 con la planta de Arrecife, en Lanzarote. Hoy, el país ocupa el quinto lugar del mundo en cuanto a número de plantas, con un total de 900, y el 5% del agua potable suministrada procede de estas infraestructuras.
Fue a partir de 2004, con la puesta en marcha del Programa A.G.U.A., cuando la actividad desalinizadora cobró un mayor impulso. El plan contemplaba la construcción de 15 nuevas desaladoras, todas en la Cuenca Mediterránea y Andalucía.
Las cuencas que iban a ser beneficiadas por el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, concebido por el gobierno popular de José María Aznar, pasaban a ser alimentadas por la desalinización. Se planificaba así la sustitución de 1.050 hectómetros cúbicos de agua del trasvase por agua desalada para garantizar demandas urbanas, turísticas y agrícolas.
El programa supuso un coste de cerca de 1.100 millones de euros, de los cuales 200 fueron aportados por los Fondos FEDER y Fondos de Cohesión europeos, mientras que la inversión restante procedió de fondos propios y préstamos suscritos por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (Acuamed), tutelada hoy por el Ministerio de Transición y creada para la «construcción, explotación y adquisición de toda clase de obras hidráulicas», tal y como recoge su página web.
A día de hoy, Acuamed gestiona 12 plantas, pero según la empresa estatal, solo seiss están en servicio, mientras que el resto se encuentran bien en fase previa de explotación, bien en fase final de pruebas o construcción.
Problemas de rendimiento
A pesar de lo ambicioso del plan, o quizá por esto mismo, en la actualidad la capacidad de producción de agua desalinizada es muy superior a las necesidades de abastecimiento. En 2012, según datos del Ministerio, solo se empleaba el 16% de la capacidad total de las plantas españolas.
Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), y director técnico de Valoriza-Agua, la filial de Sacyr dedicada a la gestión y construcción de desaladoras, afirma que esto puede deberse a que «los usuarios que tienen otras fuentes de agua (trasvases, aguas subterráneas, etcétera) intentan utilizar estas antes que la desalación, poniendo solo en marcha las desaladoras cuando hay escasez». Asimismo, indica que «algunas plantas tienen garantizados contratos de suministro a poblaciones o a la agricultura y otras no».
Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) apunta a tres causas: el elevado coste de producción en relación con otras fuentes de suministro, la tendencia de reducción del consumo de agua potable de la última década y la paralización de los planes urbanísticos provocada por la crisis financiera de 2007.
No en vano, el boom de la construcción fue uno de los pilares en los que se fundamentó el impulso de la desalinización. El crecimiento de viviendas que se experimentó en los años previos a la crisis de 2007 supuso un aumento de la demanda de agua y generó previsiones que no se cumplieron.
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) -la red de distribución pública que proporciona agua potable municipios de Murcia, Alicante y Albacete- firmó en 2012 un acuerdo con Acuamed para adquirir 40 millones de metros cúbicos al año de la planta de Torrevieja, 20 millones de la Valdelentisco y 10 millones de la de Águilas. No obstante, la MCT solo usó 44 millones de metros cúbicos de agua desalada en 2012, principalmente de las plantas Alicante I y San Pedro del Pinatar I, mientras que no se empleó prácticamente agua de las desaladoras Acuamed.
Esto ha llevado a situaciones como la de la desalinizadora de Torrevieja -la mayor de Europa-, que costó casi 300 millones de euros y tiene una capacidad de producción de hasta 80 hectómetros cúbicos al año pero solo produce 40 por falta de potencia eléctrica. También a otros como el de la planta de Mutxamel, paralizada porque las poblaciones de Benidorm y Campello, a las que podría abastecer, emplean recursos del embalse de Amadorio y de los pozos del Algar; o la de Sagunto, que costó 38 millones de euros y está también cerrada por el fallo en las previsiones de crecimiento industrial y de población.
Ligadas a la corrupción
La desalinización tampoco ha sido ajena a escándalos de corrupción política y empresarial vinculada con la actividad constructora. La desalinizadora de Escombreras, en Murcia, es el mejor ejemplo del vínculo entre construcción y desalación en España. De acuerdo a un reciente informe de la Policía Nacional, recogido por El Confidencial, ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura hacia la disponibilidad de agua para construir más viviendas, el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel empleó la planta para impulsar 26 convenios urbanísticos de hasta 250.000 viviendas y recalificar más de 180 millones de m2 de suelo.
La planta, propiedad de Hidromanagement, una empresa del grupo constructor ACS, fue alquilada por la comunidad autónoma con derecho a compra. El Gobierno de la Región de Murcia comprometió el pago de 600 millones de euros por el aprovechamiento de la planta durante 25 años, independientemente de que se produjera agua o no.
El llamado ‘caso La Sal’, investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia con la jueza María del Mar Azuar a la cabeza, ya ha apuntado al amaño de la adjudicación de la planta por parte de altos cargos del Gobierno murciano, directivos de ACS, empresarios y bufetes de abogados. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, todo se diseñó desde el principio para que la Administración regional entrara en el proyecto y, a través de contratos, facturas, informes jurídicos falsos e irregularidades contables, las deudas de ACS se cargaran a los presupuestos regionales de Murcia.
Un antiguo empleado de la planta, que prefiere mantener el anonimato, señala a El Salto que «la desaladora se inauguró en 2007 porque llegaban las elecciones municipales y autonómicas y había que hacerse la foto, pero en realidad no empezó a funcionar hasta 2009». Según indica, para la inauguración «se hizo una especie de maqueta a tamaño real, las naves estaban terminadas pero las tuberías no iban a ningún sitio». Además, «se ‘plantaron’ en el suelo para que pareciera que funcionaban, pero no existían conductos. Algunas bombas todavía no las habían traído, y el fabricante nos prestó unas más viejas para que se viera que estaban puestas. Incluso se publicaron los precios del agua desalada de Escombreras en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a pesar de que no se estaba vendiendo agua».
La misma fuente expone que «se oían comentarios de que la desaladora era para las urbanizaciones y campos de golf que estaban previstos» y recuerda que «se firmaron convenios con ayuntamientos que iban a comprar agua de la desaladora». Uno de ellos era Torre Pacheco, según señala el extrabajador, «y de hecho hay un ramal de tubería que va directamente a Polaris La Torre -urbanización de Torre Pacheco-; y también hasta Fuente Álamo, donde había prevista una urbanización con campo de golf».
La situación de Escombreras no es ni mucho menos única. El conocido como ‘caso Acuamed’, investigado por la UCO en el marco de la ‘Operación Frontino’, es otro de los escándalos de corrupción ligados a la desalinización que ya se ha cobrado varias detenciones. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco está al cargo del caso, que investiga el pago de sobrecostes a contratistas como FCC y Acciona para la construcción de obras hidráulicas, entre ellas la desalinizadora de Torrevieja, finalizada en 2014, de la que se investiga un sobrecoste de 19 millones de euros.
Poca rentabilidad para la agricultura
Uno de los escollos a superar en el empleo de agua desalada es la poca rentabilidad para el agricultor, que tiene que enfrentarse a un precio por m3 demasiado alto.
El estudio La producción de agua desalinizada en las regiones de Murcia y Valencia: balance de un recurso alternativo con luces y sombras, firmado por investigadores de la Universidad de Alicante, señala que , a pesar de que los costes económicos se han reducido de los 2 euros por m 3 en 1970 a valores entre 0,90 y 1,1 euros/m3 del agua generada por las desalinizadoras del programa A.G.U.A., «el agua desalinizada arroja costes de operación y de amortización sumamente elevados que solo pueden asumir los abastecimientos urbanos». El mismo texto expone que el precio máximo que los regantes de Murcia y Valencia podrían pagar no supera los 0,30 euros/m3.
«Es un coste importante, sobre los 0,60 euros/m3. Si el Ministerio subvenciona parte de esa agua -Miguel Padilla hace referencia a la ley aprobada en el Congreso en febrero de 2018, que acordaba la subvención del agua desalada en situaciones de sequía-, se queda en 0,30 euros/m3 en planta, entonces son unos 0,43 o 0,44 euros/m3 para el agricultor. Si no es con subvención, el agua desalada es cara. Por eso pedimos que se generen nuevas tecnologías que la abaraten; por ejemplo, el uso de energías renovables», dice el presidente de COAG Murcia.
Visión distinta tiene Domingo Zarzo, que sostiene que «no hay agua más cara que la que no se tiene». El presidente de AEDyR sostiene que «el problema en España es que el agua ha sido y sigue siendo muy barata. Muchos agricultores están acostumbrados a precios de agua como los de los trasvases que son muy bajos y donde además las infraestructuras ya están amortizadas. En el caso de la desalación, además del precio de producción más elevado, hay que amortizar las instalaciones, lo que sube más el precio».
Zarzo remarca además que, «la realidad es que los agricultores, al menos en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, hace años que han construido sus propias desalinizadoras para poder seguir trabajando en épocas de sequía o complementar sus aportes. La medida más inteligente es usar una mezcla de aguas de diferentes aportes y calidades para conseguir un agua con un precio asequible».
No obstante, El presidente de AEDyR y director técnico de Valoriza-Agua señala al precio de la energía como determinante. «El consumo de energía de la desalación se ha reducido en más de 20 veces desde que se construyeron las primeras desalinizadoras en España en los años 60, pero estamos en unos límites de los que es difícil bajar. El precio de la energía supone entre 50 y 60% de los costes de producción de agua y, por ello, pensamos que la energía para la producción de agua y alimentos debería ser considerada un bien estratégico y adaptarse al uso de nuevas fuentes de energía».
Más desalinizadoras
Ante el alto coste del agua desalada, las confederaciones de agricultores piden la construcción de nuevas desalinizadoras públicas, manteniendo que la explotación total de las existentes no sería suficiente para paliar el déficit hídrico.
Una de las propuestas de COAG es «la construcción de dos o tres plantas públicas, que produzcan una cantidad de agua que nos permitan ser autónomos y por la que los agricultores paguen un precio razonable». Sin embargo, desde la Coordinadora recuerdan que «no significa renunciar al Trasvase del Tajo ni a la interconexión entre las cuencas».
«No son obras faraónicas que requieran de una inversión importantísima. En algunas desalinizadoras existentes solo habría que añadir potencia eléctrica, infraestructuras anexas…», destaca Miguel Padilla. «Pero no es un problema económico, además la comunidad de regantes está dispuesta a poner dinero, pero lo que falta es voluntad política».
Domingo Zarzo apoya esta propuesta. «Hay zonas donde el déficit hídrico solo puede ser solucionado de forma definitiva con nuevas desalinizadoras, si nos planteamos un futuro en el que los trasvases se reduzcan más o desaparezcan», apunta. «En mi opinión, las desalinizadoras actuales deberían estar trabajando al 100% dejando de consumir otras aguas superficiales y subterráneas. Y, aun así, en algunas zonas no sería suficiente».
Demasiado regadío
La agricultura es una de las piedras angulares del desarrollo de la desalinización en España. Un 22% del agua consumida en la industria agrícola procede de la desalación. Además, según el Observatorio de la Sostenibilidad, la agricultura consume el 80% del agua en España, su peso en el PIB es cercano al 4%, y se ha producido «un incremento en más de dos millones de hectáreas de regadíos durante los últimos cincuenta años», con un aumento del 8,6% entre 2011 y 2016. El regadío supone cerca del 15% del área total cultivada pero casi un 60% de la producción agrícola.
¿Cómo es posible que, en un país castigado por la escasez hídrica, los cultivos de regadío crezcan a este ritmo? «Las obras previstas para paliarlo [el déficit hídrico] servirían para redotar a más de 60.000 hectáreas de nuevos regadíos ilegales, que en su gran mayoría pertenecen a grandes empresas agroexportadoras, a las que se les consintió apropiarse del agua sin concesión durante treinta años». Así lo afirma Greenpeace, que apunta a la existencia de regadíos ilegales como uno de los mayores problemas en la gestión hídrica en España.
Según el estudio de Greenpeace La trama del agua, liderado por el hidrogeólogo y funcionario de la Confederación Hidrográfica del Segura Luis Francisco Turrión Peláez -que le valió un expediente disciplinario por parte del Ministerio de Medio Ambiente- las aguas subterráneas disponibles en las cuencas del Segura y del Júcar habrían sido pasadas por alto por los sucesivos planes hidrológicos para dar lugar a un déficit de agua que en realidad no sería tal.
El fin sería justificar la construcción de trasvases y desalinizadoras y dar respuesta a los intereses de las grandes empresas constructoras. El estudio sostiene que, si se emplearan las aguas subterráneas, la Cuenca del Segura podría ser autosuficiente. Según esta línea de pensamiento, el acueducto Tajo-Segura tampoco tendría sentido, ya que el agua subterránea «en el Mediterráneo occidental puede ser hasta 15 veces superior al caudal de los ríos».
Domingo Zarzo muestra su total desacuerdo con esta postura. «Si hay algo que todo el mundo tiene claro es que en España se ha abusado de las aguas subterráneas y propiciado la sobreexplotación de los acuíferos por el bajo coste de obtención de agua. Precisamente la tendencia es la contraria, intentar conservar estos valiosos recursos tanto en calidad como en cantidad, y conservando el medio ambiente».
No es la única voz en este sentido. La plataforma Acuíferos Vivos, en Almería, lleva años señalanado la sobreexplotación de los acuíferos. En su manifiesto fundacional, el colectivo señala: «En los últimos años se han desarrollado actividades que suponen una demanda de agua muy superior a la existente, lo que ha dado lugar a una sobreexplotación de los recursos, sobre todo subterráneos, y a lo que se denomina déficit hídrico. Este déficit, por tanto, no es algo natural, sino que ha sido causado por la actividad humana».
«El vertido de rechazo de salmuera», explica a El Salto Juan Manuel Ruiz, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), «tiene una salinidad significativamente superior a la salinidad media a la que se encuentran estos organismos, que es del 37 al 38%, frente a valores entre el 68 y el 90% de la salmuera de agua desalada». Las investigaciones realizadas conjuntamente por el IEO y otros organismos públicos como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Alicante y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) confirmó la sensibilidad de las praderas a los vertidos. Esto obligaba a la construcción de emisarios -conductos suberráneos- que expulsaran el rechazo lejos de la posidonia.
«Tenían que atravesar unos 4 km de praderas, y aumentar la distancia de seguridad, por lo que la longitud debía ser de unos 6 o 7 kilómetros», señala. Un ejemplo es la planta de San Pedro del Pinatar (Murcia), una localidad con una de las más extensas praderas del sureste Peninsular, lo que obligó a la construcción de un emisario de más de cinco kilómetros de longitud.
«Es la peor de las alternativas posibles, ya que produce un nuevo impacto sobre el fondo y la rotura accidental del emisario puede causar un impacto difícil de controlar», denuncia Ruiz. Aun así, el investigador destaca la minuciosidad del control ambiental que se ejerce sobre los vertidos. «Ninguna otra actividad que se desarrolle en el mar ha pasado por unas etapas parecidas. El proceso ha sido muy conservador; se ha estudiado previamente el impacto y se ha actuado en consecuencia».
Según señala, no solo ha existido un estudio previo, sino que los emisarios están sujetos a un control continuo y sin precedentes en el sector. «Es muy estricto, tanto a lo largo del emisario como en el punto de vertido. Se controla con muestreos repetidos, con sensores de salinidad y temperatura que envían información en tiempo real a las plantas desalinizadoras. Si se sobrepasan los niveles, se toman las medidas necesarias para parar el vertido o aumentar el factor de dilución».
¿Alternativa para el futuro?
Con sus ventajas e inconvenientes, ¿es la desalación una alternativa viable para el futuro? El estudio de la Universidad de Alicante concluye que «se puede convertir en un recurso que no dependa de los condicionantes climáticos ni de las variaciones de disponibilidad de los recursos de agua continentales», y que «podría acabar con los conflictos políticos, sociales e interterritoriales que generan las transferencias hídricas entre regiones».
Valora también la importancia que el agua desalada ha tenido en Murcia y el País Valencià, donde ha garantizado el suministro principalmente en áreas cercanas a la costa. No obstante, el estudio destaca la existencia de «otras alternativas, como la recolección de aguas pluviales o la utilización de aguas regeneradas depuradas, que pueden constituir recursos más atractivos debido a la flexibilidad, un menor coste y un bajo consumo de energía».
Miguel Padilla advierte de que ninguna fuente es suficiente por sí sola. «En el caso de la cuenca del Segura, sufrimos un déficit estructural de 400 hectómetros cúbicos. Incluso si las desalinizadoras funcionaran al 100%, no habría suficiente agua para paliarlo». Más aun, según la Confederación Hidrográfica del Segura, esta cifra ha aumentado en 100 hectómetros cúbicos por la sequía de 2017. «La desalación es un complemento más», continúa Padilla. «Desalación, trasvase, pozos… todo suma y todo es necesario».