No hay negocio más rentable que el de la carne humana desesperada. La policía del Estado de Chiapas, en la frontera sur de México, lo pudo comprobar de nuevo el martes, al darle el alto a dos tráilers que procedían de Guatemala. Mediante un sistema de rayos X, los agentes descubrieron que en el interior […]
No hay negocio más rentable que el de la carne humana desesperada. La policía del Estado de Chiapas, en la frontera sur de México, lo pudo comprobar de nuevo el martes, al darle el alto a dos tráilers que procedían de Guatemala. Mediante un sistema de rayos X, los agentes descubrieron que en el interior de uno de ellos viajaban 273 migrantes indocumentados, todos hombres, y en el otro, 240, entre los que se encontraban 32 mujeres y cuatro niños.
Según declararon los migrantes, en su gran mayoría guatemaltecos, tan inseguro pasaje hacia Estados Unidos -más de 1.700 kilómetros a través de México- les había costado a cada uno 7.000 dólares, alrededor de 5.000 euros, que tuvieron que pagar por adelantado a una organización de polleros.
La radiografía es terrible. Hombres empaquetados, a una media de seis por metro cuadrado, unos de pie, otros sentados, también mujeres y niños, a 40 grados de temperatura, con más de 20 horas de camino por delante -lo que se tarda sin detenerse de Tapachula a Reinosa-, sin más garantías que la improbable buena voluntad de los traficantes. De los 273 migrantes que viajaban en uno de los camiones, 199 son guatemaltecos, 28 salvadoreños, 26 ecuatorianos, 12 indios, seis nepalíes, un hondureño y un dominicano. En el otro tráiler se ocultaban 240 personas: 211 guatemaltecos, 19 salvadoreños, seis ecuatorianos, tres chinos y una japonesa. ¿Estamos hablando de 513 locos, protagonistas sorprendentes de un caso aislado? Nada más lejos de la realidad.
Según datos oficiales, unos 300.000 migrantes intentan cada año la difícil aventura de cruzar desde Guatemala o Belice hacia México (unos mil kilómetros de frontera), atravesar luego el muy peligroso territorio mexicano (más de 11.000 migrantes fueron secuestrados de abril a septiembre de 2010) para, finalmente, tratar de brincar hacia Estados Unidos por alguno de los 3.000 kilómetros de frontera, exponiéndose a la codicia de los coyotes, el sol del desierto, las mordeduras de las serpientes o los agentes de la patrulla fronteriza…
Por si fuera poco, y según lleva denunciando desde hace años el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, responsable de uno de los 54 albergues que tratan de ayudar a los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos, las autoridades de México no hacen sino aumentar su sufrimiento. «Las instituciones migratorias», asegura, «están totalmente infiltradas por el narcotráfico. Hay agentes que trabajan para el Instituto Nacional de Migración (INM) y al mismo tiempo para el cartel de Los Zetas, que se dedica a secuestrar, violar y matar a los migrantes. Yo he dado sus nombres a la actual responsable del INM en Chiapas, Mercedes Gómez Mont, que es hermana del anterior secretario federal de Gobernación, pero aún no ha hecho nada».
El padre Solalinde no está solo en su denuncia. Otras organizaciones como Amnistía Internacional también dibujan al Instituto Nacional de Migración como un departamento «infiltrado por el crimen organizado, opaco y burocrático, que favorece la ilegalidad y la corrupción y tolera los abusos cometidos por servidores públicos y delincuentes». De hecho, más de 200 agentes migratorios han sido despedidos ya por corrupción y otros 350 están siendo investigados.
Hay otro dato que llama mucho la atención del padre Solalinde. En lo que va de mayo, ya han sido detenidos 795 migrantes sin documentación en los estados sureños de México. Esta cifra, el doble o incluso el triple de la habitual, responde, según el luchador por los derechos de los migrantes, «a la presión de los Estados Unidos para que México cree una especie de policía fronteriza en los estados fronterizos con Guatemala».
A este respecto, varios documentos del departamento de Estado filtrados por Wikileaks y publicados por este periódico a finales de 2010 ya reflejaban la preocupación de EEUU por la «porosa» frontera entre México y Guatemala, verdadero paraíso para traficantes de armas, droga y hombres. Los cables, redactados a finales de 2009 y sobre el terreno por diplomáticos estadounidenses, llamaban la atención sobre la poca vigilancia que México dedica a su frontera sur: «Solo 125 oficiales de inmigración mexicanos mexicanos controlan las 577 millas (928 kilómetros) de frontera con Guatemala».
Solo un policía cada ocho kilómetros de frontera. Solo 125 agentes para evitar que los traficantes de carne humana sigan fletando ataúdes rodantes hacia Estados Unidos.