El trabajo se le acumula a don César Alierta. No precisamente el trabajo de la Compañía Telefónica que preside sino el judicial. Había respirado tranquilo hace unos meses cuando prescribió el delito por uso de información privilegiada cuando dirigía Tabacalera, pero ahora dos mazazos en forma de citación judicial le devuelven a la actualidad informativa. […]
El trabajo se le acumula a don César Alierta. No precisamente el trabajo de la Compañía Telefónica que preside sino el judicial. Había respirado tranquilo hace unos meses cuando prescribió el delito por uso de información privilegiada cuando dirigía Tabacalera, pero ahora dos mazazos en forma de citación judicial le devuelven a la actualidad informativa. Malas noticias en vísperas de la Junta de Accionistas.
Y es que el Tribunal Supremo ha permitido recurrir el archivo de la causa sobre su persona. Es decir, que este tribunal ha abierto la puerta para que se vuelva a iniciar la causa por supuesto uso de información privilegiada en una operación de compra-venta de acciones de Tabacalera. La Sala de la Audiencia provincial de Madrid argumentó que el delito, de haberse cometido, estaba prescrito por haber transcurrido mas de cinco años entre su presunta comisión y la presentación de la querella. Y eso que el fiscal solicitaba para el imputado una pena de 4 años y 6 meses de prisión y una multa de 216.364,357 euros así como el comiso de la ganancia que presuntamente se obtuvo de forma ilícita y que asciende a 1.862.726 euros.
No han tenido tanta presunción de inocencia los diez trabajadores que la empresa que preside César Alierta ha despedido por participar en una huelga y que llevan siete meses de agonía como rehenes en la mesa de negociación. Ni presunción de inocencia ni presunción de culpabilidad. Simplemente, la empresa les ha acusado y está ejecutando la sentencia lentamente, a garrote vil.
El continuo deterioro de las condiciones laborales en materia de seguridad y salud llevó en el mes de junio a convocar una huelga indefinida en dos colectivos de trabajadores. Telefónica declaró ilegal la movilización y procedió al despido de diez miembros de los Comités de Huelga y que sería efectivo tras la sentencia de un juez, fuese cual fuese el fallo. Telefónica fue denunciada por vulneración de derechos sindicales.
Pero el sistema judicial tampoco se quiere pronunciar sobre un derecho constitucional como es el derecho de huelga. Y en las tres vistas que han tenido lugar ha instado a las partes a llegar a un acuerdo. Como los representantes de la empresa han declarado repetidamente no tener poder decisorio para anular los expedientes de despido, el presidente del tribunal, a petición de los abogados de los trabajadores, ha citado a declarar a César Alierta, máximo responsable de la empresa.
Pero este presunto inocente (o culpable, según se mire) también se debe creer por encima del bien y del mal y que puede esquivar la acción de la justicia porque, a pesar de la citación, no se presentó a declarar. Y una segunda citación debe tener ya sobre su mesa para el 25 de abril.
Enfrentarse a una posible condena de mas de cuatro años de cárcel, a una citación para dar cuentas de su gestión frente a los trabajadores y a una Junta de Accionistas para darlas sobre su gestión financiera en los próximos dos meses no debe ser fácil para nadie. A no ser que te creas que eres como un César.