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España

Ecologistas en Acción denuncia los mayores desmontes ilegales de la Unión Europea

Fuentes: Ecologistas en Acción

El 19 de septiembre de 2001, la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, declaró en el Parlamento Andaluz que existían 30 expedientes sancionadores contra miembros de la COAG de Almería, con orden de paralizar las obras, por haber destruido 442 hectáreas de suelo forestal y Lugares de Interés Comunitario, al Norte del Aeropuerto. Tres años […]

El 19 de septiembre de 2001, la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, declaró en el Parlamento Andaluz que existían 30 expedientes sancionadores contra miembros de la COAG de Almería, con orden de paralizar las obras, por haber destruido 442 hectáreas de suelo forestal y Lugares de Interés Comunitario, al Norte del Aeropuerto.

Tres años después, las obras no se han paralizado, se ha continuado el desmonte de suelos forestales y LIC y prosigue la instalación de nuevos invernaderos. Ecologistas en Acción se pregunta ¿Quién o que impide que las decisiones de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se ejecuten?.

Aun más, hace dos años en la Consejería de Medio Ambiente, el Secretario General de Medio Ambiente, Antonio LLaguno, así como el actual Director General de Conservación de la Naturaleza, Hermelindo Castro, y el Delegado de Medio Ambiente en Almería, Juan José Luque, se comprometieron solemnemente delante de la representación de Ecologistas en Acción de Andalucía a la inmediata paralización de las obras así como a la completa restauración del daño causado. Dos años después la organización ecologista constata que no se han cumplido ninguna de las promesas recibidas.

Entre los 40 infractores que han destruido ilegalmente los montes de Juan Ubeda y las Ramblas de Ignacio, Los Arenales, el Alquián, Menaje y Balsa de los Mayorales, está el actual Senador, Juan Miguel Peña Linares, propietario de una finca de 4,6 hectáreas que ha destruido las lomillas de Juan Ubeda y ha invadido las ramblas de Menaje e Ignacio que ya no existen.

Al Sur de la finca del Senador, su mujer, Encarnación Vargas Romero, ha destruido también 4,6 hectáreas de LIC, invadiendo ramblas y barrancos, creando taludes de 15 metros, y haciendo desaparecer los montes donde había 6 especies vulnerables y algunas en peligro de extinción, según informe de la Universidad de Almería. En la finca destruida por la esposa del Senador se han instalado invernaderos durante el año 2004.

Igualmente es destacable que otros dos propietarios-infractores, D. Eduardo López Vargas y D. José Martín Escudero Navarro, fueron condenados por coacciones, junto al ahora Senador, D. Juan Miguel Peña Linares, por haber ocupado violentamente la sede social de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, el 15 de diciembre de 1998, siendo detenidos por la Guardia Civil. La sentencia número 439 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería, se publicó el 6 de octubre de 2.003.

Durante el año 2.004 se han destruido unas 50 hectáreas más del LIC, se han seguido instalando nuevos invernaderos y se ha construido un gran edificio propiedad de la empresa Vega Cañada S.A.

Este imponente edificio de Vega Cañada S.A. linda al Norte con el invernadero ilegal del ex secretario provincial de la COAG, Eduardo López Vargas, y está ubicado en zona forestal, en terrenos públicos pertenecientes a la ahora desaparecida Rambla de la Balsa de los Mayorales. Los cimientos del edificio han sido construidos a unos 5 metros de altura sobre el lecho de la extinta rambla.

Uno de los miembros del Consejo de Administración de Vega Cañada S.A. es Eduardo Vargas Martín, Presidente de la Comunidad de Regantes formada por los 40 infractores que han destruido los montes y la ramblas públicas generando unas plusvalías, aproximadas, del 1000 por 100.

El jefe de marketing de Vega Cañada. S.A. es el Sr. Soler Márquez, que al parecer es hermano del Secretario Provincial del PSOE de Almería.

Ecologistas en Acción exige que la Junta de Andalucía paralice las obras y restaure el daño causado como anunció la Consejera de Medio Ambiente hace tres años, y solicita a la dirección nacional del PSOE que investigue la trama y pida a Juan Miguel Peña Linares la devolución de su acta de Senador.